Gendarmería peritará las armas
policiales y de los manifestantes
El juez que ordenó el desalojo entró en licencia. El gobierno nacional dijo que “desde mayo de 2003 ha desterrado el uso de la fuerza y la violencia para resolver conflictos de este tipo”. El ministro del Interior habló con el gobernador sobre los hechos.
De la redacción de El Litoral
DyN
La jueza Carolina Pérez Rojas, quien investiga los disturbios en Jujuy donde murieron cuatro personas, afirmó hoy que “la Gendarmería Nacional va a peritar las armas” secuestradas porque en el caso “está involucrado personal policial” de la provincia.
Pérez Rojas, subrogante del juez Jorge Samman, quien dio la orden de desalojo en el predio que la empresa Ledesma posee en la localidad Libertador General San Martín, confirmó que los incidentes de ayer dejaron un saldo de cuatro personas sin vida, un policía y tres civiles, otro policía herido de gravedad y cinco civiles y 18 policías con consecuencias leves.
“Se secuestraron las armas y se van a hacer peritar por una fuerza independiente, por Gendarmería Nacional, para que haya transparencia en todo el procedimiento, dado que está involucrado el personal policial. Se secuestraron armas y tumberas entre los ocupantes”, contó la magistrada a radio Mitre. La jueza justificó que el magistrado que emitió la orden de desalojo, Jorge Samman, saliera de vacaciones, al señalar que así lo dispone “la Ley Orgánica del Poder Judicial”, que indica que el magistrado que trabajó durante la feria judicial “debe tomar la compensatoria en el primer día hábil de finalizado” ese receso.
Diálogo, no represión
El gobierno nacional expresó “honda preocupación” por los acontecimientos en Jujuy y advirtió que “las únicas herramientas útiles para la solución de la problemática social parten del diálogo y no de la represión”.
Así se expresó en un comunicado la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en el que recordó que el gobierno nacional “desde mayo de 2003 ha desterrado el uso de la fuerza y la violencia para resolver conflictos de este tipo”.
El organismo a cargo de Eduardo Luis Duhalde hizo “un llamamiento para que se privilegie la búsqueda de soluciones pacíficas, tanto por quienes reclaman por sus derechos como por quienes tienen la tarea de mantener el orden”.
La secretaría hizo llegar sus “condolencias a las familias de los muertos en el enfrentamiento” e hizo “votos para que el conflicto llegue a su fin sin que se produzcan nuevos episodios de violencia”.
Mientras la presidenta Cristina Kirchner está de viaje en Brasil tras su paso por Perú, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, fue el cargado de contactarse con el gobernador justicialista jujeño, Walter Barrionuevo, que pocas horas antes de los incidentes había compartido un acto en Salta junto a la jefa de Estado.
Las miradas del ministro del Interior y los opositores
Florencio Randazzo buscó tomar distancia de la represión policial en un distrito gobernado por el oficialismo. A pesar de las órdenes específicas de Cristina respecto de no reprimir manifestaciones sociales, el 23 de noviembre pasado ocurrió algo similar en Formosa -otra provincia oficialista- que también terminó con un policía y un manifestante muertos.
Apuntándole al juez que ordenó el desalojo, la Casa Rosada pidió “que se determine si hubo responsabilidad en la actuación del juez”, en alusión a Jorge Samman. Randazzo no hizo referencia a la responsabilidad del gobierno provincial, que terminó con un ministro renunciado.
“Solicitamos a la Justicia que, de forma inmediata, se investigue y se esclarezcan los hechos”, apuntó Randazzo, que no hizo referencia a la causa de la ocupación: el reclamo por viviendas.
Lo sucedido se leyó muy diferente desde la oposición. “En una demostración más de lo que representan los derechos humanos para este gobierno”, indicó Eduardo Duhalde.
Por su parte, Elisa Carrió advirtió que “una vez más son los más pobres los que caen heridos o muertos víctimas de la violencia institucional”. Y Alcira Argumedo apuntó que “en las provincias gobernadas por el oficialismo, desde que volvió la democracia se está manifestando cada más fuerte la desigualdad social”.
Desde el radicalismo, Ernesto Sanz aseguró que durante el gobierno kirchnerista “conviven”el “crecimiento con la represión” mientras “se repiten en las provincias gobernadas desde el 83 por el Partido Justicialista”. El senador contrastó con la prudencia del candidato; Raúl Alfonsín indicó que “con tantos muertos y heridos, no me parece prudente hacer declaraciones sin información”.
Ocupantes
La jueza Pérez Rojas contó que al momento del desalojo “había 800, 900 personas, pero no eran sólo los ocupantes del predio. Originariamente, eran unas 300”. Relató que el expediente en el que se estableció el desalojo surge por la “denuncia de la empresa Ledesma sobre la ocupación de tierras. Constatado esto por la policía y hechas las notificaciones pertinentes para que procedan al desalojo pacífico, vencido el plazo y no habiéndose retirado del predio, la policía tuvo que dar cumplimiento a la orden firmada por el doctor Samán”.
/// EL DATO
En Plaza de Mayo
Piqueteros -en particular de la CCC- partidos de izquierda y un sector de CTA se concentraron este mediodía en la Plaza de Mayo, para repudiar las represión en Jujuy. Ayer, los manifestantes atacaron el frente de la Casa de esa provincia en Capital Federal; hoy bloquearon uno de los accesos a la autopista Buenos Aires-La Plata, aunque los automovilistas podían acceder por vías alternativas.
/// la clave
Casas a unos, palos a otros
El líder del movimiento Tupac Katari, Carlos “Perro” Santillán, sostuvo que la responsabilidad de lo que sucedió ayer en Jujuy es “del gobierno de la provincia y del gobierno nacional”.
Al recordársele que en Jujuy la Nación ha asignado planes de vivienda al movimiento que lidera Milagros Sala, Santillán dijo que la asignación de planes es “a varias organizaciones que responden directamente al gobierno nacional”
“Tienen prioridad de dar viviendas a los que le juntan votos y no hacen política universal a las necesidades del pueblo”, dijo el dirigente social durante una entrevista concedida a Radio Mitre.
Santillán explicó que el problema de viviendas en Jujuy “no es nuevo” y que “se producen asentamientos para los que lamentablemente el gobierno no tiene respuesta si no es con la policía. En San Pedro, sufrieron la represión en predios del ingenio La Esperanza, y también pasó en Islas Malvinas”, en la capital jujeña.
“Nosotros estamos con mucha bronca hoy. Esto nos trae recuerdos de represiones en el ingenio Ledesma del año ‘97; la empresa no es una entelequia; el ingenio es de un empresario que aparece seguido al lado de la presidenta de la Nación”. Recordó así, Santillán la “noche del apagón” en el ‘76, en la que las fuerzas militares secuestraron gente usando “camionetas de la empresa”, en un episodio que dejó el saldo de 30 desaparecidos.
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