Denuncian penalmente a Zaffaroni
Prostíbulos en cinco departamentos
de un ministro de la Corte Suprema
El juez es propietario de una serie de inmuebles alquilados -a través de una inmobiliaria- por una red de prostitución, que utiliza jóvenes inmigrantes. El magistrado deslindó responsabilidades y habló de “una campaña de hostigamiento”.
De la redacción de El Litoral
DyN
El titular de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, denunció ayer penalmente al juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, y aseguró que serían cinco los departamentos que pertenecen al magistrado y que funcionan como “prostíbulos por cuenta ajena”.
“En todos ellos (los inmuebles del juez) trabajan inmigrantes muy jóvenes, paraguayas y dominicanas en la mayoría de los casos”, afirmó Vera por radio. La denuncia de La Alameda es una ampliación de una causa promovida en diciembre de 2009 sobre “una extensa nómina de locales” que formarían parte de una “red de prostitución que allí se describía y sus eventuales cómplices y encubridores”.
Como medidas de prueba, la Justicia pidió la comprobación de la titularidad de Zaffaroni sobre los departamentos y el “allanamiento y registro de los referidos inmuebles”.
La Alameda, con las firmas de su presidente y de sus referentes y abogados Mario Ganora y Juan Grabois, advirtió que “esta cuestión, que se está ventilando en los medios de comunicación masivos y en las redes sociales y ante la opinión pública mas no en el ámbito que corresponde que es el de la Justicia, genera un clima de escándalo y de alarma social que le otorga gravedad institucional al asunto en razón de las personas aludidas”.
La denuncia menciona como departamentos de propiedad del juez de la Corte que funcionarían como “privados” a los ubicados en Vicente López 2217, Marcelo T. de Alvear 1906, y un tercero denunciado periodísticamente -aunque habría dos más- en el que “trabajan, por turnos, dos o tres chicas que cobran 120 pesos la hora por sus servicios”.
“Yo no firmo”
“Yo no firmo los contratos ni conozco a mis inquilinos; no puedo ocuparme de la administración de esto, de modo que, puede ser, aunque a mí no me consta, puede suceder. Si está sucediendo, agradezco el escándalo porque de esa manera me ahorrará un desalojo”, dijo Zaffaroni en un reciente reportaje radial, consultado acerca de la cuestión.
“Las publicaciones periodísticas mencionadas le están atribuyendo al señor Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la autoría o la participación en el delito previsto y reprimido en el artículo 17 de la ley 12.331”, también conocida como “Ley de Profilaxis”, añade el texto. Ese artículo se refiere a las “casas de tolerancia” y establece que “serán castigados con una multa de 12.500 a 25.000 pesos” quienes las exploten, y añade que “en caso de reincidencia sufrirán prisión de uno a tres años, la que no podrá aplicarse en calidad de condicional”.
En el caso de Zaffaroni, la imputación apunta a la supuesta “provisión” del lugar donde funcionarían las “casas de tolerancia”.