Doble homicidio de barrio El Pozo

Reclamaron absolución por la falta de pruebas

Los abogados defensores sostuvieron la inocencia de sus pupilos y reclamaron la libertad para López y Fioretti. González Osuna seguirá preso porque estaba prófugo cuando se cometió el hecho.

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Ignacio Ferreyra y Héctor Tallarico, defensores de González Osuna y Fioretti, sostienen que “no hay pruebas directas”. Foto: Amancio Alem

De la Redacción de El Litoral

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Mañana al mediodía se conocerá la sentencia por el doble homicidio de barrio El Pozo, del cual resultaron víctimas Patricia Gracia y Claudio Cardona, el 27 de septiembre de 2009. El tribunal oral integrado por los jueces María Amalia Mascheroni, Dardo Rosciani -presidente- y Gustavo Urdiales, leerá la parte resolutiva del fallo, cuyos argumentos estarán disponibles para las partes los días subsiguientes en el Juzgado de Sentencia Nº 6.

Este lunes, cada uno de los actores habilitados realizó su alegato, tras lo cual se sucedieron las réplicas y contrarréplicas.

El primero en alegar fue el fiscal Gerardo Alesso, que pidió reclusión perpetua para Alejandro González Osuna, Alicia Fioretti y Gabriel Emir López. La querella, representada por los abogados Eduardo Jauchen en el caso del padre de Patricia Gracia y Leandro Aguilar por la mamá, desistieron de la acusación para López, ex pareja de “Pato”, y sostuvieron el pedido de perpetua para los dos restantes.

Cuestión de motivos

Por contrapartida, los abogados Ignacio Ferreyra y Héctor Tallarico, a cargo de la defensa de González Osuna y Fioretti, la pareja que la noche del crimen estuvo en la casa de las víctimas, ratificaron su pretensión de “demostrar que a pesar de que estuvieron en el lugar del hecho, de ahí a confirmar la autoría hay mucha distancia”.

“Pruebas directas no hay y las indirectas sólo dicen que estuvieron ahí”, en la vivienda de barrio El Pozo, dijo Tallarico al salir de la sala. Por lo tanto, “afirmar con certeza que son autores de un hecho semejante es imposible”, cerró.

Además, apuntaron que “los que menos motivos tenían para matar a estas personas eran González y Fioretti”; y lo contrastaron con las constantes “amenazas” que sufría Patricia Gracia de parte de López, con el cual tienen una hija en común.

“Está faltando algo que justifique la acción y tampoco la fiscalía ni la querella probó que hayan matado a las víctimas”, dijeron los abogados que reclamaron la “absolución por la falta de delito y por la duda razonable”.

Pidió la libertad

La defensa de López, integrada por Horacio Juan Ramón y Fabio Mancini, se aprovechó del desistimiento de la querella.

Fue el Dr. Ramón quien manifestó que no estaba probado que su defendido hubiera estado en el lugar del hecho, que ni siquiera había estado ese día en el barrio El Pozo.

En conclusión, al considerar la defensa que “no hay elementos de certeza para condenarlos” solicitó la “absolución de culpa y cargo y la inmediata libertad” de su pupilo.

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El tribunal oral, integrado por los jueces María Amalia Mascheroni, Dardo Rosciani -presidente- y Gustavo Urdiales, dará a conocer la sentencia mañana a las 12. Foto: Amancio Alem

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Horacio Juan Ramón y Julio Alfonso (ayudante), abonaron la idea de que López no estuvo en El Pozo la noche del crimen. Foto: Amancio Alem


Siguen las amenazas

Desde el miércoles pasado, cuando comenzó el juicio oral por el crimen de la pareja de barrio El Pozo, familiares de las víctimas y los imputados, algunos testigos y allegados al caso sufrieron distintas amenazas.

La última conocida fue denunciada ayer en la Comisaría 25º de El Pozo, en la que una de las amigas de Patricia, testigo en el caso, acusó a la hija de Fioretti de haber apuntado con un arma a su hijo de 11 años en horas de la siesta.

El vehículo en el que se conducía la mujer denunciada sería el mismo VW Gol rojo que pasó el miércoles pasado frente a tribunales, con uno de sus ocupantes exhibiendo un arma a las testigos, bajo la consigna “despeguen a mi vieja”.

A su vez, la hija de Fioretti acusó a un hermano del imputado López, de haberla golpeado el viernes en inmediaciones de Catamarca y San Martín.

A raíz de las denuncias cruzadas, el tribunal dispuso custodia policial para los testigos y familiares que así lo requieran, para garantizar que no haya presiones durante el juicio.