Se reunió con los diputados provinciales
Superti fundamentó la creación de cargos para el Poder Judicial
El ministro Héctor Superti en la presidencia de la Cámara de Diputados en el intercambio con los legisladores. Foto: Mauricio Garín.
El ministro aclaró que los 820 empleados no dependerán de su cartera y que son necesarios para la reforma penal. La oposición sorprendió con el dato de más de 500 vacantes en Tribunales. Sugirieron estudiarlas y adaptarlas a las necesidades actuales.
Ivana Fux
Durante dos horas, el ministro de Justicia, Héctor Superti, explicó ante diputados provinciales de todas las bancadas las implicancias de la nueva reforma judicial y el destino de los 820 cargos que se prevén crear por ley, y que han trabado la actividad legislativa en ese cuerpo durante las últimas dos semanas.
El encuentro cerró con dos conclusiones: para el PJ, la aclaración de que en realidad no son cargos para el Ministerio de Justicia, como todos habían interpretado, sino para el Poder Judicial; y para los funcionarios del Poder Ejecutivo con la “novedad” de que en el propio Poder Judicial existen más de 500 vacantes con presupuesto asignado que podrían ser reutilizadas antes de crear cargos nuevos.
Superti arrancó su exposición aclarando lo que después generaría la primera duda de la oposición: de quién dependerán los cargos. “La creación de los diferentes cargos se encapsuló toda en el Ministerio de Justicia”, planteó. Así, recordó que ya se crearon los cinco correspondientes a directores de oficinas de Gestión Judicial, 30 cargos para nuevos jueces, y 220 para fiscales y defensores titulares y adjuntos. Y acotó que a partir de ello, era necesario crear los cargos para el personal de apoyo de las Unidades de Defensa, de Fiscales y de los nuevos tribunales. Es allí donde surgen los 820, entre los que se cuentan personal administrativo, de maestranza, de servicio, profesionales y choferes.
“Ésa es la estructura madre con la que contará el nuevo sistema; luego se crecerá en fiscales y defensores, no en empleados, porque además, esta base se irá abasteciendo con empleados del viejo sistema”, explicó Superti. “No hay cargos para el Ministerio de Justicia -insistió-. Nosotros proponemos su creación pero se transfieren después al Poder Judicial y se cubren con los mecanismos propios de ese poder”. Como el aspecto seguía generando dudas en la oposición, se convino que se lo hiciera constar explícitamente en el proyecto de ley.
La discusión
Parte de la reunión transcurrió entre chicanas. El PJ le reprochó a Superti que desde el Ejecutivo se le había atribuido a la oposición la imposibilidad de sesionar las dos últimas semanas porque no ingresaron al recinto. “Es el oficialismo el que tiene quórum propio, entonces no se le puede echar la culpa al PJ de eso”, dijo Alberto Monti, aludiendo a las diferencias internas en el Frente Progresista.
Cuando se discutieron los plazos para aplicar la reforma -la última prórroga establece octubre-, también hubo réplicas. Superti describía la infraestructura que se necesita y que en su mayoría está en la instancia de proyectos o licitación, y ello dio pie al PJ para advertir que si la reforma no se llega a instrumentar en tiempo y forma, no es porque no se votan los polémicos cargos, sino porque aún están pendientes múltiples aspectos, como el edilicio.
Después vino la desagregación de los 820 cargos: power point mediante se explicó que 383 son para el Ministerio de la Acusación, 197 para el Ministerio de la Defensa y 240 para los nuevos tribunales. Una intervención del justicialista Mario Lacava sorprendió a propios y ajenos. El legislador reveló que en el propio Poder Judicial existen 514 vacantes con partidas presupuestarias asignadas y 1.600 en la Policía.
“¿No se pensó en cubrir esas vacantes? ¿Por qué crear tantos cargos nuevos si hay bolsones disponibles que se pueden adecuar?”, sugirió. Pero el ministro y sus funcionarios desconocían el dato y admitieron que el tema debía ser discutido con la Corte.
La diputada Silvia De Césaris (PJ) planteó incluso una reunión de la Corte Suprema con los legisladores. “No es nada caprichoso lo que estamos planteando”, advirtió.
Vacantes
A la “novedad” de las vacantes, Superti respondió con sorpresa pero cierto escepticismo. “Si hay cargos que se pueden usar, vamos juntos a buscarlos. Pero las campanas suenan distinto”, advirtió. Es que según contó, en la misma reunión que ayer mantuvo con los integrantes del máximo tribunal (ver aparte), los ministros reiteraron la necesidad “imperiosa” de crear más cargos además de los 820 que están en discusión.
Lacava pareció responder con la experiencia de haber vivido esa misma escena. “Toda la vida fue así; el Poder Judicial dice que necesita más cargos para tener un mejor servicio de justicia...”. Su expresión se fusionó con la voz de Darío Scataglini que cuando Lacava estaba diciendo “el Poder Judicial necesita los cargos”, en voz baja acotó “y nosotros también”. La intervención, aunque mínima, generó algunas risas -también por lo bajo- de quienes entendieron que allí emergía otro aspecto que por momentos atraviesa la discusión, como la creación de cargos para el propio Poder Legislativo.
Con la Corte
Superti se reunió ayer con la Corte Suprema de la provincia en pleno para tratar diversos temas, entre los cuales se hallaba la creación de cargos, que el Tribunal considera “imprescindibles” para llevar adelante la reforma penal.
También se habló sobre la informatización del Poder Judicial, el estado de los edificios que albergarán los centros de justicia penal de Santa Fe -es inminente el llamado a licitación, aunque sólo para la estructura de hormigón- y Rosario, así como los avances en la mediación prejudicial en lo civil y comercial y en la justicia comunitaria.
En cuanto a la mediación, Superti dijo que “está al salir el decreto reglamentario de la ley pertinente y casi lista la agencia que administrará el sistema. En breve se abrirá el registro de mediadores porque queremos empezar a ponerlo en marcha progresivamente”.
Sobre la justicia comunitaria, el ministro hizo entrega a los jueces de la Corte de un decreto firmado por el gobernador que activa el llamado a concurso de 20 jueces comunitarios antes comunales o de paz y reglamenta los concursos para el resto de las vacantes.
La reunión se llevó a cabo en el Palacio de Tribunales en la ciudad de Santa Fe, y de ella participaron los jueces Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Daniel Erbetta, María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuler, así como el secretario de Gobierno del máximo tribunal, Eduardo Bordas.
Lacava: “se puede arreglar rápido”
El diputado provincial Mario Lacava (PJ) habló con los periodistas tras reunirse -junto a otros legisladores- con el ministro de Justicia, Héctor Superti. Confió en que habrá consenso con el oficialismo para que sea tratado el proyecto de ley del gobernador Hermes Binner para la creación de 820 cargos en el Poder Judicial. Adelantó que el criterio del PJ es que esa cifra debe ser menor y -como antes con el funcionario- explicó por qué. Abundó en consideraciones sobre los cargos a crear que pide el Ejecutivo y las vacantes que van a producirse en dicho Poder.
También recordó que la aplicación del nuevo Código Procesal Penal significará para los juzgados de Instrucción Penal y de Correccional Penal “no tener más trabajo”, excepto por la tramitación de las causas ya iniciadas. Estimó que “un 30% será necesario” para esas tareas. Y consideró que el 70% “pasará al nuevo sistema”.
Cuando un periodista le preguntó si la evaluación de las vacantes disponibles permite suponer que el tema será nuevamente pospuesto y que no se tratará en la sesión de mañana, Lacava fue muy directo: “todo se puede arreglar rápido, absolutamente rápido, si es que hay decisión política de hacerlo”.
Y agregó: “si el ministro reconoce, como lo ha hecho recién, que nosotros le hemos dado cuestiones novedosas que quizá no las había tenido en cuenta, que son muchas y fundadas, y que nuestra intención no es trabar sino ayudar, ellos mismos dirán.... no sé, en vez de 800 que sean 300 ó 400”.
“Nosotros estamos dispuestos a colaborar y hemos colaborado para que el nuevo Código Procesal Penal se aplique cuanto antes, pero bien, porque si llegara a fracasar no será un problema para la política, sino para la ciudadanía. No nos interesa que el gobierno del Frente Progresista pague un costo político con esto. Actuamos responsablemente y por eso hablamos con el ministro y le tiramos nuestras ideas: ojalá esto se arregle rápido”, expresó.
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