Acuerdo entre el oficialismo y la oposición

Primer paso para sumar agentes a la Legislatura

 

Unánime media sanción en el Senado para descongelar la planta de personal. Sólo resta Diputados para hacer caer los efectos de una ley producto del “Que se vayan todos”.

Luis Rodrigo

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Sin debate, sobre tablas -y en medio de otros proyectos que se aprobaron cuando terminaba la sesión- el Senado otorgó media sanción a una norma que descongela, por un año, la planta de personal de la Legislatura.

El texto busca modificar la ley Nº 11.887 nacida en mayo y junio de 2001, al calor de la crisis y del “Que se vayan todos” por entonces en ciernes. Lleva más de una década su vigencia, que impide nombrar personal en el Legislativo.

El acuerdo entre el oficialismo y la oposición, expresado ayer en la Cámara alta, permite suponer que la iniciativa no tendrá demasiadas dificultades en la Cámara baja.

De abrir la planta a nuevos ingresos y cubrir viejas vacantes -en definitiva sumar personal permanente a ese Poder- se habla desde hace años en el Palacio Legislativo.

Rumores

El tema ha rodado por los pasillos, se ha archivado y desempolvado -según las circunstancias políticas y partidarias- en todos los bloques, y sobre todo ha sido parte de una agenda no oficial (léase no tan expuesta a los votantes) de las reuniones de la Comisión de Labor Parlamentaria, es decir, cuando los jefes de las bancadas preparan la sesión.

En esos ámbitos las versiones son muchas y existe sólo eso, verdades a medias, cifras sin otro fundamento que la credibilidad de quien las menciona. Todo se reduce a rumores impublicables: que fulano quiere hacer ingresar a tantos empleados, que en tal Cámara hay tantos y tantos en lista de espera.

En cualquier caso las designaciones eventuales que se produzcan o los ingresos que se confirmen -si la media sanción se convierte en ley en Diputados- serán actos públicos y por lo tanto conocidos para la prensa y la sociedad, más allá de que la decisión unánime haya esperado la conclusión del proceso electoral provincial para dar el primer paso.

Comisión de control

Debe advertirse que también en las bancas del recinto de Senadores se han criticado los límites impuestos por el congelamiento de la planta de personal, desde junio de 2001.

Más allá de versiones y rumores que el tiempo desmentirá o confirmará, públicamente siempre se ha advertido que necesita personal muy especializado, la Comisión de Control del Tribunal de Cuentas, que la oposición reclama.

Esa instancia formada por miembros de ambas Cámaras fue creada por la Ley de Gestión, Administración y Control que reemplazó a la vieja ley de Contabilidad interna en el Estado provincial.

Esa comisión no ha podido funcionar. Debió comenzar su labor durante los dos últimos años de la gestión justicialista anterior pero tanto aquel oficialismo como el actual se ocuparon de impedirlo.

Tanto los senadores como los diputados admiten que revisar las observaciones legales, dictámenes y actuaciones varias del Tribunal de Cuentas implica -como mínimo- contar con una planta de profesionales que sea capaz de dar una opinión técnica fundada.

Cada vez que los senadores hablaron públicamente de abrir la planta de personal lo hicieron en ese sentido.

Dos opciones

Cada vez que algo relevante ha sido tratado por la Legislatura, en todas las oportunidades en las que se presentaron condiciones para una negociación política entre bloques de distintos partidos, la idea de descongelar la planta y hacer entrar “gente nuestra” ha sido moneda corriente.

Hoy el Frente Progresista tiene una de las dos Cámaras. Su próximo gobierno, encabezado por el gobernador electo Antonio Bonfatti, ninguna.

Está claro que el oficialismo y la oposición necesitan compartir el costo político de abrir la Legislatura a un mayor número de empleados (en una cifra impresentable) o de repartirse los elogios por permitir sólo los ingresos necesarios.

La norma con media sanción habla de suspender por 12 meses el descongelamiento de la planta de personal, y de regularizar “la situación de revista” de sus agentes, “de manera progresiva, hasta el límite de sus vacantes”.

Hasta aquí las decisiones han sido el producto de la negociación política. Pero todos saben que el actual equilibrio de fuerzas entre el peronismo y el Frente Progresista en la Legislatura terminará pronto.

Hasta el 10 de diciembre hay tiempo para una negociación que abre sólo dos opciones: una es permitir el ingreso de todos o una parte de los que quieren entrar (o quedarse), algo difícil de digerir para la sociedad; o por el contrario, hacerlo sólo con quienes son necesarios (y pueden no estar hoy en el Legislativo) para dotar de mejores recursos a ese Poder.

Sólo un vocal para el Tribunal de Cuentas

De los dos pliegos que envió el gobernador Hermes Binner para cubrir vacantes de vocales en el Tribunal de Cuentas sólo uno pasó la prueba de la Asamblea Legislativa. El restante fue expresamente rechazado (no se lo retiró desde el Ejecutivo).

Por la forma como votaron oficialismo y oposición, puede inferirse que la negociación política entre los bloques determinó tanto el resultado como la ausencia de argumentos públicos para entender lo ocurrido.

La visita de ayer al mediodía a la Legislatura del ex presidente y ex vocal del Tribunal de Cuentas, Horacio Alesandria, quien impugnó ante la Comisión de Acuerdos de la Legislatura esos pliegos, y las reuniones posteriores dentro de la oposición (y luego entre el PJ y el oficialismo) explican la votación.

Alesandria se retiró sonriente tras hablar con legisladores del oficialismo y sobre todo de la oposición. Ayer -por primera vez en la historia reciente del Legislativo local-, la Comisión Bicameral de Acuerdos dedicó una sesión especial a oír las explicaciones de quien había impugnado pliegos: el ex concejal justicialista Alesandria.

Finalmente, se aprobó la postulación del contador Germán Huber, pero se rechazó la de Silvia Sahd, ambos ganadores del concurso al que se autolimitó el gobernador Hermes Binner para seleccionar postulantes al órgano de control.

La Constitución le permite al titular del Ejecutivo proponer a quien desee a los legisladores. Pero se celebró un concurso cuya transparencia critica Alesandría, quien resultó tercero.

La contadora Sahd obtuvo el primer lugar pero no logró pasar el filtro del Legislativo. Los diputados y senadores peronistas (que tienen la mayoría de la Asamblea Legislativa) rechazaron su pliego, mientras que los radicales, socialistas, aristas y demoprogresistas -esto es lo curioso- se abstuvieron.

Juan Carlos Zabalza (FPCyS-Rosario) subrayó que defiende la metodología de los concursos. Elogió su transparencia y el avance institucional que representan. Dijo que “no hubo acuerdo político” y anunció la abstención. (Nada le impedía al oficialismo votar a favor y perder la votación). Ningún legislador del peronismo dijo por qué rechazaba el pliego de Sahd.

En cambio, el pliego del contador Huber fue aprobado sólo por el Frente Progresista, pero con la abstención del PJ y del diputado José Tessa.

En relación con los cargos del Poder Judicial, se designó a la Dra. María Andrea Mondelli, al Dr. Néstor Osvaldo García y al Dr. Fabián Eduardo Daniel Bellizia como jueces de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial -1º, 6º y 12 º nominación, respectivamente- de los tribunales de Rosario; y al Dr. Santiago Andrés Dalla Fontana como magistrado del Tribunal de Reconquista.