Por el hurto de expedientes

Descartan responsabilidad del personal de Vivienda

Dos escribanas acusadas de la desaparición de documentación de la Dirección Provincial de Vivienda recibieron “falta de mérito”.

Juliano Salierno

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La Justicia dictó “falta de mérito” para dos escribanas que se desempeñan en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y que en febrero último fueron denunciadas por la desaparición de dos cajas con expedientes de las oficinas de calle San Martín 1373.

La resolución judicial del 24 de agosto lleva la firma del juez de Instrucción Segunda, Nicolás Falkenberg, quien consideró que no existe mérito para procesar ni sobreseer a las imputadas. Tras cinco meses de investigación la acusación sólo se sostuvo por el testimonio de la denunciante, ya que no se encontraron pruebas y las testigos aseguraron desconocer el hecho.

El 23 de febrero, el coordinador de Asuntos Notariales de la Dirección de Vivienda, Javier Omar Robaina, recibió un mensaje de texto a su celular, en el que le avisaban que “se llevaron como 30 expedientes”.

El funcionario, que se encontraba de viaje en Rosario, emprendió el regreso y una vez en el lugar constató la desaparición de las dos cajas mencionadas. Entonces, a partir del relato de una de sus subordinadas, se resolvió radicar la denuncia policial en la Seccional 1ra.

“Los iban a romper”

Según la principal testigo, ese día había cuatro empleadas, dos de las cuales no habrían tomado intervención. Sin embargo, otras dos se habrían llevado las cajas en sus autos particulares.

Desde la Dirección indicaron que existe una prohibición de sacar documental “sin autorización o pase”; y aunque no se sabía para qué luego se dijo que se los llevaron porque “los iban a romper”.

Las imputadas, que debieron prestar declaración indagatoria ante el juez Falkenberg, son dos escribanas de 43 y 36 años, cuyos domicilios fueron allanados en busca de los expedientes, que no fueron hallados.

También le tomaron declaración testimonial al coordinador de la oficina, quien dio cuenta del funcionamiento del espacio laboral, la cantidad de personas que trabajan allí -6 en total- , los horarios y quienes cuentan con llaves para el ingreso.

Para la administración, se trataba de expedientes sin movimiento, de donaciones que hacen las comunas a la provincia para construir planes de vivienda. Y creen que la única finalidad fue “perjudicarlo” a Robaina, ya que está a cargo de la oficina desde el 7 de enero pasado.

“Tensión y malestar”

Fueron citadas otras dos empleadas que trabajan en esa dependencia pública, las cuales dijeron: “No vi nada raro” y “fue un día totalmente normal”, según cada caso. Ante la contradicción existente, el juez ordenó careos entre las empleadas y la denunciante, pero cada una se mantuvo en sus dichos.

Llegado el momento, se tomaron las indagatorias y entonces la mayor de las dos escribanas negó los hechos atribuidos y se refirió al clima de malestar que se vivía en esa dependencia, desde el ingreso del coordinador, que por decreto se lo designó para ocupar el cargo que ella venía cumpliendo desde hacía 7 años.

También sostuvo que a partir de ese momento “se fueron suscitando diversas situaciones de malestar que comenzaron con el cambio de cerradura de los armarios y de las puertas de ingreso”. Y consideró que existe “persecución laboral” y que la oficina de calle Illia fue “totalmente desmantelada”.

La otra imputada coincide con su compañera en que “todo comienza con la designación del escribano Robaina, a partir de ese momento, en la oficina empezó un clima de tensión”, dejó constancia.