Apuntes de política provincial
Cuando la política frena los cambios
Rafael Gutiérrez, presidente de la Corte Suprema de Justicia.
El imaginario colectivo tiene asumido que la política es la disciplina a la que las sociedades apelan para encontrar soluciones de carácter colectivo. O dicho de otra manera, es la política la que entiende de los procesos que llevan a esas soluciones colectivas.
Sin embargo, con demasiada frecuencia observa que es por la política menuda que esas soluciones o procesos de cambio se demoran o no llegan a buen puerto.
El caso
Desde hace unos meses, en la provincia se está dando un esgrima entre actores de los tres poderes del Estado respecto de dos puntos dentro de la reforma procesal penal: cuántos cargos se necesitan para integrar el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio General de la Defensa y quién debe llevar adelante los concursos para que esos cargos una vez creados por la Legislatura sean cubiertos.
La reforma procesal penal es uno de los procesos de cambio más importante que se está dando dentro de la justicia santafesina. Nacido del encuadre general del plan estratégico de actualización Judicial que comenzó en el mandato del ex gobernador Jorge Obeid, cobró impulso como política emblemática en la gestión de Hermes Binner.
Requirió un entramado de negociaciones y acuerdos en la Legislatura para la sanción de las leyes que implicaba la reforma, que además de la sanción de un nuevo Código Procesal Penal, creó dos órganos con independencia de los tres poderes del Estado: el Ministerio Público de la Acusación, del cual dependerán los fiscales, y el Servicio General de la Defensa en lo atinente a los defensores.
Esa posibilidad de autarquía en el manejo del presupuesto y de autonomía respecto de los otros poderes del Estado, les dará a quienes integren los cargos de planta, la independencia necesaria para investigar fuera y dentro del Estado y brindar las mayores seguridades respecto de la defensa.
Esta transformación -que en los hecho significa sacar jurisdicción al Poder Judicial sobre el Ministerio Público y la Defensa-, está frenada en estos dos puntos a los que se hizo referencia y que pegan en el fondo del asunto: ¿a quién le corresponde manejar los cargos?
Además, ha dado origen a una inadecuada utilización de los medios de comunicación para la resolución de la controversia planteada, resolución que deberá ser la resultante de un debate a darse sólo en el plano institucional-académico, pero no más abajo.
El camino de la presión por la prensa a legisladores, al gobierno o a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia -incluyendo juicios descalificadores y sobreactuaciones como queriendo marcar quiénes son los buenos y a dónde los malos de la película- lo único que ha logrado es generar más roces entre oficialismo y oposición (relación que atraviesa un momento delicado); la demora en la creación de los cargos sin los cuales los órganos no pueden funcionar y la puesta en evidencia de que a funciones netamente técnicas (Ministerio Público y Defensa) se las quiere hacer jugar también en el plano político.
Los cargos por crearse no pertenecen al Ministerio de Justicia donde se encuentran presupuestados y esto ha sido un error; tampoco son del Poder Judicial sino que pertenecen al Ministerio Público de la Acusación y al Servicio General de la Defensa. Esta periodista tampoco comprende por qué los doctores Julio de Olazábal y Gabriel Ganón juraron ante la Corte.
La materia que está en el centro de debate - la independencia para investigar y defender en un juicio penal-, es sustancialmente un tema de organización y funcionamiento del Estado, que no puede tener como partícipes necesarios para su concreción a los periodistas y como escenario a la prensa.
Son cuestiones a dirimir mediante el diálogo entre los poderes del Estado encargados de fijar el rumbo institucional de la provincia. En un plano menor no pueden resolverse como tampoco dilatar más tiempo, la adopción de los criterios y las medidas que todavía hacen falta.
Demorar la instrumentación de la reforma penal por una cuestión de aguja e hilo de la política cotidiana es no haber dimensionado o entendido lo que ella significa institucionalmente para la provincia de Santa Fe.
Rechazo docente
El magisterio oficial rechazó la propuesta del Poder Ejecutivo alternativa a la de bajar la edad jubilatoria. Inmediatamente de conocida la decisión de Amsafe, el gobierno retiró su propuesta.
En fuentes del Poder Ejecutivo se informó que, ahora, en las reuniones paritarias se esperará que el gremio haga una oferta que no signifique ir al quiebre de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia.
El doctor Antonio Bonfatti fue claro al señalar en declaraciones a “Apuntes..” que “en un marco de solidaridad y racionalidad se encontrará una salida a la petición del magisterio pero no será por la vía de bajar la edad de retiro”, aclaró.
El gobernador electo no pondrá en riesgo el futuro de la Caja ni de sus niveles prestacionales.
El magisterio se debe a sí mismo una reflexión: hasta dónde posiciones ideológicas, que están presentes en su gremio, pueden hacerle perder uno de los activos más importantes que cuentan como agentes públicos y este activo es la Caja de Jubilaciones.
La solidaridad en la que está basado el sistema previsional exige una visión de conjunto: toda erogación que eventualmente lleve a solventar un mayor déficit del organismo previsional, son recursos que se extraen de otro propósito que se iba a financiar, y estas decisiones también tienen sus límites.
Teresa Pandolfo
Julio de Olazábal, titular del Ministerio de la Acusación.
Gabriel Ganón, titular del Servicio de la Defensa.
Héctor Superti, ministro de Justicia. Fotos: Archivo El Litoral
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