La Cámara volvió a sesionar después de 21 días
Por unanimidad, Diputados votó los cargos para la nueva justicia penal
El número es de 610 con destino al Ministerio Público de la Acusación, al Servicio de Defensa y a los tribunales penales. También votaron 125 cargos para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Lamberto, socialista, la voz del oficialismo en el recinto. Foto: Luis Cetraro
Mario Cáffaro
Pasaron varios meses; hubo fuertes choques verbales; la presencia del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, en la Presidencia de la Cámara; sesiones frustradas durante dos semanas y, finalmente, la Cámara de Diputados dio media sanción a la creación de cargos que se afectarán al funcionamiento del nuevo sistema penal de la provincia. Fue por unanimidad, ayer, en la reanudación de la actividad legislativa de la Cámara Joven y tal cual se habían comprometido siete días antes los jefes de bloques.
No son los 820 cargos que pidió inicialmente el Poder Ejecutivo, sino 610 los habilitados ayer. También fue votado otro mensaje habilitando 125 cargos destinados al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos especialmente para el funcionamiento de los registros.
Durante las dos horas de sesión, Diputados votó 16 proyectos de ley aunque haciendo ley uno solo y es la que condona la deuda con la EPE de los productores tamberos de los departamentos declarados en emergencia y/o desastre entre mayo y junio de 2007. Además votó una docena de proyectos de comunicación, entre ellos el pedido de documentación oficial al Ministerio de Economía ante el inminente ingreso del proyecto de presupuesto 2012. En ámbitos parlamentarios se daba por descontado que el ingreso se producirá el próximo lunes en virtud de la jornada no laborable de este viernes en la ciudad capital.
Dimes y diretes
Más allá de la fuerte discusión instalada sobre el número y la afectación de los cargos para el sistema penal, el paso del tiempo permitió acercar posiciones y ayer al momento de votarse el mensaje del Poder Ejecutivo el tablero electrónico no marcó votos negativos de los 43 diputados que en ese momento se encontraban sentados en sus bancas.
El socialista Raúl Lamberto y el justicialista Mario Lacava fueron los encargados de fundamentar el voto de las dos coaliciones que integran la Cámara Baja de la provincia. El jefe de la bancada oficialista explicó que el mensaje “viene a dotar de personal administrativo, de mantenimiento y producción y servicios generales indispensable para poner en funcionamiento el Ministerio Público de la Acusación, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal y los tribunales del Fuero Penal, una vez llevados a cabo los concursos respectivos por sus autoridades”.
Acotó que para “el Ministerio Público de la Acusación estos empleados implicarán el armado de la estructura mínima indispensable que permita a los fiscales y fiscales adjuntos acometer la tarea de investigación de los delitos y la litigación de audiencias, así como atender a las víctimas y la información de su labor a la comunidad. Para el Servicio Público de Defensa implica dotarlo de la fortaleza necesaria para garantizar un adecuado ejercicio del derecho de defensa para todos los ciudadanos, específicamente aquéllos que no tienen capacidad de afrontar la contratación de un profesional particular. Para la organización de los Tribunales Penales implica el diseño de las estructuras de gestión de los colegios de jueces y colegios de cámara que tendrán una tarea fundamental para la coordinación entre los actores del sistema, para hacer eficiente y eficaz el modelo de audiencias orales”.
Lamberto no dejó de calificar de “importante” el consenso alcanzado y destacó que los cargos serán transferidos al Poder Judicial y que los empleados pertenecerán a la planta del Poder Judicial.
A su turno, Lacava empezó por aclarar que la segura postergación de la aplicación plena del nuevo Código Procesal Penal prevista para octubre no es responsabilidad de la oposición ni por la demora en aprobar los cargos. “Es injusto y de mala fe decir que el justicialismo puso palos en la rueda para no aplicar el Código cuando la ley se dictó bajo un gobierno justicialista. No levanten fantasmas sobre resistencias al cambio cuando propiciamos el cambio”, les remarcó.
En cuanto al proyecto afirmó que “no hay ganadores ni perdedores. Hubo control de los actos por parte del Poder Legislativo” y recordó que a la oposición le parecieron excesivos los 820 cargos solicitados por el Poder Ejecutivo y debía aclararse el destino de ellos. “Fue una tarea leal, hemos contribuido a adecuar los cargos a las necesidades reales y con una redacción clara para que sean destinados al Poder Judicial”, concluyó.
Lacava, justicialista, revalidó la tarea de control que tiene la oposición en el Poder Legislativo. Foto: Luis Cetraro
Registro Civil
El diputado justicialista Alberto Monti utilizó el momento de la sesión destinado a las manifestaciones para plantear en el recinto una serie de dudas y sospechas sobre los concursos para cargos de fiscales y defensores en el nuevo sistema penal haciendo hincapié en la participación de actuales funcionarios y asesores del gobierno en ellos así como de funcionarios que participan en los jurados ya sea por las universidades o por los colegios profesionales.
Pero además, el legislador se detuvo en cuestionar nombramientos o ascensos dispuestos en el Registro Civil de personas allegadas a funcionarios de alto nivel del actual Poder Ejecutivo solicitando incorporar el tema a un proyecto que presentara oportunamente Luis Rubeo. En dicho pedido, Rubeo apuntó al concurso de directora general del Registro que fue ganado por Adriana Arias y que no habría contado con la difusión necesaria a decir del legislador.
Monti sumó al caso de Arias los de Luisina Paulucci Tinnirello, Trilce García Castañón y María Clara Sabetta, en los tres casos exigiendo conocer la ficha de ingreso y las razones de los ascensos conseguidos.
610
son los cargos habilitados para el sistema penal.
348
de esos cargos son para el Ministerio Público de la Acusación.
182
en tanto irán al Servicio Público de Defensa Penal.
80
restantes son para los tribunales colegiados de jueces penales.
125
nuevos cargos fueron habilitados para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Condonación
Diputados sancionó la ley que condona la deuda que con la EPE mantienen los productores tamberos cuyas explotaciones se encuentran ubicadas en los departamentos declarados en emergencia y/o desastre por ley 12.709, originada en la energía consumida en dichos establecimientos en el período mayo-junio del 2007. Se trata de productos de Las Colonias afectados por inundaciones pluviales.
El tema venía con media sanción del Senado y fue votado por unanimidad en la Cámara Baja. Se dispone que aquellos productores que hayan abonado ese período gozarán de un crédito fiscal y por último se autorizó a la EPE a efectuar las regularizaciones contables y financieras procedentes.
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