Entre avances y postergaciones
El gobierno prorrogó la reforma penal y pidió una mesa de diálogo
La plena vigencia del nuevo Código debía arrancar el lunes, pero se pospuso por 120 días. En un extenso decreto, el Ejecutivo repasa los avances realizados. La Corte volvió a rechazar ayer el planteo de inconstitucionalidad de Bassó.
Gutiérrez y Spuler ayer, al ingresar a la Legislatura. Un rato después, le dieron la razón al procurador sobre la inconstitucionalidad de algunas normas de la reforma, pero en la Corte se impuso el rechazo. Foto: Mauricio Garín
Emerio Agretti
El gobierno provincial dispuso una prórroga de 120 días para la entrada en plena vigencia del Nuevo Código Procesal Penal e invitó a la conformación de una mesa de diálogo con todos los sectores involucrados, en el afán de conseguir ese objetivo.
En una extensa fundamentación de once carillas, el decreto 1950 del Poder Ejecutivo coincidió en el tiempo con intervenciones de los otros dos poderes del Estado en orden a la puesta en marcha del nuevo sistema procesal: en la misma jornada, la Cámara de Diputados aprobó la creación de cargos para los órganos de Acusación y Defensa, y la Corte Suprema de Justicia volvió a rechazar el planteo de inconstitucionalidad formulado por el procurador general Agustín Bassó.
En diálogo con El Litoral, el ministro de Justicia, Héctor Superti, se negó a ver la nueva y ya esperada postergación, y consignó tanto los múltiples avances producidos en orden a la instauración definitiva e integral del procedimiento oral y acusatorio, como la diversidad de tareas e incumbencias que se verifican en esta etapa, y que alcanzan a distintos estamentos.
A tal respecto abunda el decreto, que funciona como una verdadera hoja de ruta de la reforma, al consignar -siempre desde el punto de vista del Poder Ejecutivo- todo lo que se ha hecho, y a quién le cabe la responsabilidad por cada una de las cosas que faltan.
El debe y el haber
En tal sentido, menciona que el Ministerio de Justicia otorgó apoyo logístico y administrativo a los nuevos órganos, se impulsaron las modificaciones legislativas necesarias, se promovieron acuerdos institucionales y obras de infraestructura, se puso en marcha el Comité de Gestión de Conclusión de Causas y la Comisión de Capacitación, se promovió la creación de cargos de personal de soporte -lo que aprobó ayer Diputados- y se dio apoyo a través de los Centros de Asistencia Judicial, el programa de protección de testigos y la adecuación del Consejo de la Magistratura.
El Ministerio de la Acusación y el Servicio de Defensa lograron posicionamiento institucional, avanzaron con las reglamentaciones y organigramas, definieron líneas de acción, participaron en la normativa de concursos y gestionaron los recursos provistos.
La Corte “se encuentra avocada” a la adecuación de espacios y construcción de salas, concursos de directores de oficinas de gestión judicial, participar en los órganos de conclusión de causas y capacitación, y debe definir el cronograma de pase de jueces del sistema viejo al nuevo.
El diálogo esquivo
Superti hizo notar que esta multiplicidad de incumbencias obliga a articular acciones, a través de una mesa de diálogo que hasta el momento nunca logró oficializarse, y que ahora es formalmente convocada a través del artículo 2 del decreto, abarcando a los órganos de Acusación y Defensa, la Corte y el fuero penal, el gremio de judiciales, la comisión bicameral de seguimiento, el procurador general y toda otra entidad que pueda tener ingerencia en el proceso.
Para Superti, el reclamo de diálogo estuvo presente de manera permanente en los discursos, “pero hasta ahora no hemos podido lograr ese propósito”. Y añadió que esta nueva prórroga, fundada en conseguir “que estén dadas todas las condiciones para que orgánica y procedimentalmente” pueda funcionar el nuevo sistema, “surge en una semana muy importante”, con la creación legislativa de cargos y el pronunciamiento de la Corte. “Con estos cargos tenemos la base de la pirámide donde están los cargos de fiscales y defensores que estamos concursando, y si la Corte define quiénes pasan y quienes quedan, tenemos 30 cargos de jueces creados para armar los colegios”.
Sobre el atraso en materia de infraestructura denunciado desde el propio Poder Judicial, Superti consignó que se está avanzando en la materia y apuntó su extrañeza de que “siempre hay voceros para lo que falta, y cada vez que eso se cubre, plantean otra cosa”.
Ganón en la mira
La humorada del presidente de la Corte Suprema, Rafael Gutiérrez, al responder irónicamente: “¿Quién es Ganón?” cuando ayer en la Legislatura le preguntaron sobre la controversia desatada con el defensor Provincial, quedó desmentida un rato después, cuando en la reunión de Acuerdo del tribunal -y por si hiciera falta- quedó en claro que sabía perfectamente de quién se trataba. Hasta tal punto que las recientes y sonadas intervenciones del funcionario fueron consideradas una por una por la Corte, y pasaron a engrosar un expediente, que ayer el organismo resolvió remitir a la Legislatura, por si acaso -aunque sin decirlo- a algún legislador le parezca pertinente una intervención.
Los ítems incluidos son los siguientes:
* El artículo periodístico en el que Ganón habló de una “trampa” de magistrados y funcionarios judiciales contra un menor de 15 años acusado de asesinato. Se le había pedido al defensor que precise las irregularidades mencionadas e identifique a los supuestos responsables de ellas.
* La nota remitida a la Corte por una jueza de menores rosarina, Gabriela Sansó, en la que consigna intervenciones “ligeras, inexactas y desacertadas” de Ganón en sumarios penales tramitados en su juzgado, cuando interpuso una acción de Hábeas Corpus en representación de dos menores detenidos. El defensor había dicho que fueron detenidos sin orden de allanamiento, que no fueron notificados de sus derechos, que fueron sometidos a interrogatorio sumario en contraposición a las normas imperantes, y que no tuvieron acceso a un abogado en tiempo y forma. Según la jueza, el análisis del caso permitió determinar que nada de eso había sucedido, y que el defensor actuó con notorio desconocimiento de la causa, movido por versiones incorrectas y en perjuicio de la administración de justicia, todo lo cual lo haría pasible de estar incurso en mal desempeño de su función.
* Sucesivas publicaciones periodísticas en las que Ganón cuestionó a “un sector” de la Corte y del Poder Legislativo, hablando de “trabas”, “maniobras” y “acuerdos políticos”, sin precisar irregularidades ni sus presuntos autores. Al respecto, la Corte lo había citado, pero el defensor anticipó que no acudiría.
* La propia citación de la Corte mereció nuevos comentarios periodísticos de Ganón, en los que atribuyó al titular del organismo “un manejo autocrático” del Poder Judicial.
En función de todo ello, y del cumplimiento del plazo de 10 días que se había estipulado para escuchar al defensor, la Corte lamentó que éste haya “desechado los canales institucionales” previstos para estos casos, y remitió fotocopias del expediente a la Legislatura “a los fines que pudieren corresponder”.
Otro fallo dividido
La Corte Suprema de Justicia de la Provincia volvió a rechazar el planteo de inconstitucionalidad presentado por el procurador general Agustín Bassó contra las leyes del nuevo sistema procesal penal, en lo referido a las facultades del Ministerio Público Fiscal y el Servicio General de Defensa para la designación y atribuciones sobre el personal.
Una vez más, el rechazo fue por cuatro votos contra dos, aunque con distintas fundamentaciones e implicancias. Rafael Gutiérrez y Eduardo Spuler volvieron a darle la razón a Bassó, Daniel Erbetta y María Angélica Gastaldi sostuvieron que el marco constitucional general sustenta la autarquía de los nuevos institutos como requisito del sistema acusatorio -aunque esta última reclama reformas legislativas para evitar contradicciones-, y Roberto Falistocco y Mario Netri definieron por el rechazo basados en argumentos formales, con algunos matices en la cuestión de fondo: aseguran que se debe garantizar la autarquía de los nuevos organismos, sin resignar las potestades de la Corte en última instancia.
La Corte ya se había expedido en similares términos el año pasado, pero el planteo fue reiterado a partir de la convocatoria a concursos para administrador general, secretario general y director de la escuela de Capacitación, tanto de la Acusación como la Defensa.
Bassó pidió que se disponga la suspensión provisoria de los procesos de selección dispuestos, “a fin de evitar el perjuicio que ocasionaría la continuidad de dicho proceso de selección, si con posterioridad se declarara la nulidad de los actos y/o la inconstitucionalidad de la normativa en función de la que los mismos se realizan”. Esto por entender que los actos mencionados no resultan compatibles con las potestades constitucionalmente atribuidas a la Corte.
El Litoral es miembro de:
En Asociación con:
