INSTANCIA EXIGIDA POR UNA LEY NACIONAL 26.331

Aprueban el mapa de ordenamiento

de los bosques nativos de Santa Fe

Es un paso necesario para acceder a los fondos nacionales para preservar el recurso. Disponen que haya partidas en el presupuesto provincial para apoyar a los productores.

El bosque nativo en jurisdicción de Santa Rosa de Calchines. En la costa y algunas zonas del norte, todavía se lo encuentra.

Foto: Juan Manuel Fernández

Mario Cáffaro

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La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el llamado “mapa de ordenamiento de los bosques nativos” de la provincia exigido por la ley nacional 26.331, norma que establece los presupuestos mínimos de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de dichas formaciones forestales.

El tema se originó en un mensaje del Poder Ejecutivo que la Cámara discutió en la comisión de Medio Ambiente que preside el radical Santiago Mascheroni y donde no sólo estuvieron funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente sino también de organizaciones no gubernamentales, especialmente del norte y la costa santafesina.

Precisamente, fue Mascheroni quien explicó en el recinto lo actuado por la comisión y los cambios introducidos al mensaje tras escuchar las sugerencias de entidades. “De sancionarse la iniciativa, la provincia quedará inscripta definitivamente en los términos de la ley nacional e integrará las ventajas que origina y que implicaría la asistencia económica mayor a los 6 millones de pesos anuales destinados a planes de manejo y protección del bosque nativo”.

Recordó que el primer mensaje contenía un mapa que no permitía un conocimiento exacto a nivel de cada uno de los departamentos de las zonas a proteger. El nuevo mapa -que como anexo integra el proyecto votado- contiene sí la cartografía por departamento y con indicación de partidas

parcelarias.

“En los mapas, se observa el terreno perdido durante décadas por el bosque nativo originario. Departamentos como 9 de Julio, otrora con mayor cantidad de hectáreas de esa formación, pasó a tener áreas minúsculas. Hoy, la costa es la mayor zona a preservar o a restringir como actividades de desmonte”, explicó el radical. Admitió que existe polémica sobre esto e informó de conversaciones mantenidas con los senadores justicialistas Ricardo Terré (9 de Julio) y José Baucero (San Javier) para buscar puntos de coincidencias que permitan la sanción de la norma.

Autoridades y organizaciones de San Javier advirtieron en la comisión de Medio Ambiente que de no preverse alternativas, se condena a la zona a carecer de desarrollo productivo. “Por eso, habilitamos a los departamentos donde la superficie de bosques de los sectores rojo o amarillo igualen o superen el 15 % de la superficie a que la autoridad de aplicación autorice planes de emprendimientos productivos sustentables, previo estudio de impacto ambiental. También pedimos la incorporación en el presupuesto anual de un recurso económico para reforzar la asistencia que llega de la Nación”, explicó.

La Cámara resolvió incluir en el texto votado que al momento de la distribución y asignación de áreas, participen en la etapa de reglamentación de la ley las entidades locales vinculadas con la actividad productiva para evitar -a decir de Mascheroni- que las destinatarias de los recursos estatales sean las grandes empresas forestales.

Rojo, amarillo y verde

En el 2009, mediante el decreto 042, la provincia formalizó la primera etapa del ordenamiento a los efectos de la aplicación gradual y progresiva de los criterios de la norma nacional en materia de protección de los bosques nativos.

El avance del ordenamiento adoptó los siguientes criterios de zonificación por categorías de conservación siguiendo la ley nacional:

* Los sectores de muy alto valor de conservación (identificados con el color rojo) no deben transformarse. Incluye áreas que por sus ubicaciones relativas a reservas, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos

Desmonte

La ley nacional fue sancionada en noviembre de 2007 y fijó como plazo un año para que cada provincia realice el ordenamiento de bosques nativos de su territorio “de acuerdo con los criterios de sustentabilidad establecidos” en la norma y fijando las diferentes categorías de conservación en función del valor ambiental de las distintas unidades de bosque nativo y de los servicios ambientales que éstos presten.

También determina que cumplido el año, las provincias que no hayan realizado el ordenamiento no podrán autorizar desmontes ni ningún otro tipo de utilización y aprovechamiento de los bosques nativos.

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sobresalientes y/o la protección de cuencas que ejercen, ameritan su persistencia como bosque a perpetuidad, aunque estos sectores puedan ser hábitats de comunidades indígenas y ser objeto de investigación científica.

El decreto reglamentario de la ley nacional describe las actividades permitidas en estos sectores. “Sólo podrán realizarse actividades de protección y mantenimiento que no modifiquen las características naturales ni la superficie del bosque nativo, no amenacen con disminuir su diversidad biológica, ni afecten a sus elementos de flora o gea, con excepción de aquellas que sean necesarias a los fines del manejo para su apreciación turística respetuosa o para su control o vigilancia”. También podrán “ser objeto de programas de restauración ecológica ante disturbios antrópicos o naturales”.

* Los sectores de mediano valor de conservación (color amarillo), que pueden estar degradados pero a juicio de la autoridad de aplicación, con la implementación de actividades de restauración pueden tener un valor alto de conservación, podrán ser sometidos a los siguientes usos: aprovechamiento sostenible, turismo, recolección e investigación científica.

El decreto reglamentario estipula que “las actividades a desarrollarse en áreas correspondientes a esta categoría, deberán efectuarse a través de planes de conservación o manejo sostenible, según corresponda, y estarán orientadas a la promoción y el uso sostenible de los bosques nativos, pudiendo incluir el aprovechamiento de sus recursos maderables y no maderables”.

* Los sectores de bajo valor de conservación (color verde) “pueden transformarse parcialmente o en su totalidad aunque dentro de los criterios de la presente ley”. En esta categoría, de escaso o nulo nivel de conservación, se incluyen los ecosistemas no forestales y aquellos forestales que ya han perdido sus características originales y no serán objeto de procesos de restauración.

La Cámara de Diputados aprobó -sobre tablas- un pedido de informes sobre extracción, cupos y exportaciones habilitadas de sábalo, boga, tararira, patí y surubí y además exigió al Poder Ejecutivo que reglamente la ley que dispuso conformar el Registro de Operaciones Pesqueras.

Ambas iniciativas fueron presentadas por el justicialista Mario Lacava quien al momento de fundamentar el rápido tratamiento advirtió que “el Consejo Provincial Pesquero ya no funciona en la provincia, ha sido disuelto de hecho por una cláusula reglamentaria” a la que calificó de “absurda”. Recordó la importancia de ese organismo en la gestión anterior -la de Jorge Obeid- como cuestionador de políticas que aplicaba el Poder Ejecutivo y que permitieron cambiar algunas disposiciones adoptadas por el gobierno.

El Registro de Operaciones Pesqueras fue creado por una ley sancionada en agosto del año pasado y no fue puesto en práctica por su falta de reglamentación. Según Lacava, esto está impidiendo obtener el procesamiento, la comunicación y la publicación de todas las operaciones comerciales de pesca. También determina la fijación de precios de referencia que no han sido difundidos.

“Hoy, al pescador le pagan 1,50 ó 1,80 pesos por cada sábalo cuando lo venden a 4 dólares en el mercado externo. Como siempre, el pescador es el eslabón más débil de la cadena”, acotó.

Pero además, el justicialista advirtió que al no haber sido reglamentada la ley “resulta necesario conocer por alguna vía oficial el volumen extraído y exportado (de pescado) por parte de los acopiadores habilitados por la provincia, pudiendo obtener de esta forma, información fidedigna sobre la sustentabilidad de nuestro recurso ictícola”.

Santiago Mascheroni preside Medio Ambiente.

Foto: Luis Cetraro

Denuncian la disolución del Consejo Pesquero