Atentados sin respuestas en la Justicia

DyN

El alerta sobre un nuevo atentado que podría cometerse en la Argentina hizo replantear la estrategia ante la impunidad que han dejado las investigaciones por los ataques terroristas cometidos en la Argentina contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.

El atentado a la AMIA, que el 18 de julio de 1994 provocó 85 muertos, tuvo una profusa investigación por la cual hoy el juez que encabezó la causa durante diez años, Juan José Galeano, enfrenta la posibilidad de ser condenado a la cárcel.

Junto a Galeano, acusado de graves delitos, también deberán estar en el banquillo de los acusados los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el entonces jefe de la SIDE Hugo Anzorreguy y el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, entre otros, sospechados de haber participado en el pago ilegal a un detenido para que acusara a policías bonaerenses de haber llevado la camioneta bomba.

Los acusados

Precisamente, la investigación tuvo un primer detenido, Carlos Telleldín, supuesto reducidor de autos y hoy abogado, defensor por ejemplo del padre de Candela Rodríguez, la nena secuestrada y asesinada el mes pasado por una presunta venganza.

Al apodado “Enano” lo acusaron de haber manipulado la camioneta Renault Trafic cambiándole el motor. Estuvo preso y diciendo que un tal “Ramón Martínez” le había comprado la camioneta, pero a punto de cumplirse el segundo aniversario de la tragedia declaró ante el juez que un grupo de policías bonaerenses, encabezados por el entonces comisario Juan José Ribelli, lo habían “apretado” y se habían llevado el vehículo.

Ribelli y otros cuatro policías fueron procesados como partícipes necesarios de la masacre y llegaron a un juicio oral junto a Telleldín, donde se terminó dictando la absolución de todos. El Tribunal Oral Federal 3 determinó que había existido un pago ilegal de 400 mil dólares, salidos de la SIDE, para prestar esa declaración intencionada, y por lo tanto se anuló todo lo que había en la causa a partir de ese momento.

A Telleldín también lo absolvieron por falta de pruebas, pero los querellantes de la AMIA y la DAIA apelaron hasta que el caso llegó a la Corte Suprema y los jueces más importantes del país decidieron reabrir la investigación contra el reducidor de autos.

En ese marco, desde hace varios meses, el fiscal Alberto Nisman ha pedido llevar a juicio nuevamente a Telleldín, mientras intenta avanzar con la detención de un grupo de iraníes que están sospechados de haber organizado la masacre.

Los que sí enfrentan un juicio seguro -ya están avanzados los pasos en ese sentido- son los sospechosos de haber perjudicado la investigación; en esa lista también figura el ex presidente Carlos Menem, sospechado de frenar un operativo que conducía a la llamada “pista Siria” en los días posteriores al ataque.

Embajada

En tanto, la causa de la Embajada de Israel tiene todavía menos respuestas judiciales: una bomba explotó en la sede de Arroyo y Suipacha el 17 de marzo de 1992 y murieron por lo menos 22 personas.

Fue la Corte Suprema de Justicia la que llevó adelante la investigación, en donde hasta uno de los jueces intervinientes llegó a postular la idea de una implosión. Por este caso, el principal buscado era Imad Fayez Moughnieh, el líder del aparato de seguridad exterior del grupo terrorista libanés Hezbollah, que murió misteriosamente al estallar su auto en Damasco, Siria, el 12 de febrero de 2008. Los investigadores también imputaron a Samuel Salman El Reda, un colombiano de origen libanés sospechado de ser el coordinador local del ataque.