Cambio de paradigma

Diputados trataría hoy el proyecto que crea un nuevo sistema de salud

Propone la conformación de una red pública provincial. Disuelve los consejos de administración de los hospitales e incorpora la figura del Defensor de la Salud del Ciudadano. La oposición advierte que el proyecto implica un retroceso, y que pretende concentrar en el Ejecutivo poder político y recursos económicos.

De la redacción de El Litoral

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Después de varios meses de espera y de una ardua discusión interna, la Cámara de Diputados tenía previsto tratar en su sesión de hoy el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que propone modificar sustancialmente el sistema sanitario de la provincia. “Se trata de un cambio de paradigma; de priorizar la transparencia y democratización, y de establecer claramente la identidad sanitaria que no existía en Santa Fe por la superposición de lógicas”, resumió la diputada del Frente Progresista, Alicia Gutiérrez, integrante de la comisión de Salud.

El proyecto propone un régimen uniforme para la organización y financiamiento de la atención integral e integrada en el territorio, a través de la creación de la Red Pública Provincial de Servicios de Salud. Establece una nueva organización sanitaria a través de “Regiones de Salud”, que tendrán “límites flexibles en función del reconocimiento de la realidad específica de cada una”, y articulando “criterios epidemiológicos, sociales y culturales, que permitan un abordaje integral de la diversidad de problemáticas a atender”.

Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es el que plantea la disolución de los consejos de administración y consejos asesores de los hospitales públicos. A partir de la sanción de la norma, las compras y contrataciones de personal, por ejemplo, serán una potestad exclusiva del Ministerio de Salud. Para compensar la desaparición de esos ámbitos, el proyecto propone la creación de los Consejos de Salud, que deberán “garantizar el debate de las políticas de salud con la ciudadanía, la interacción de los subsectores que integran el sistema de salud y la articulación con otros sectores del Estado”.

Además, a instancias de los integrantes (oficialistas) de la Comisión de Salud, se incorporó al proyecto la figura del “defensor de la Salud del ciudadano” para los hospitales de alta complejidad, que será promovido por entidades de la sociedad civil, y cuya misión será la de “velar por el reconocimiento y el cumplimiento de los derechos de la ciudadanía”..

En minoría

Disconformes con la propuesta del Ejecutivo, legisladores del PJ firmaron un dictamen de minoría que hoy será defendido en el recinto por la diputada Silvina Frana. En diálogo con El Litoral, la legisladora interpretó que el proyecto del oficialismo no representa un avance para la provincia en materia de salud pública.

“Es un retroceso -advirtió-. Se centralizan decisiones políticas y recursos; es un esquema de centralización tanto de normativa como de decisión, que había sido superado ampliamente en nuestra provincia por un sistema de participación ciudadana absolutamente perfectible, cuyas deficiencias de ninguna manera deben ser el argumento que provoque un retroceso en las políticas públicas”, argumentó.

A su criterio, el proyecto “no ofrece garantías adicionales para la protección de la salud de los ciudadanos en su sentido más amplio”, por lo que lo definió como “un proyecto reduccionista”.

Para fundamentar su denuncia sobre la centralización hacia la que se encaminaría el sistema, apuntó que “se pretende crear un mecanismo único de facturación, argumentando que eso es más eficiente que los administrados por los mismos consejos. Pero en realidad, se pierde la posibilidad de un mejor control que se genera al involucrar a varios sectores interesados como son los Consejos de Administración”.

Acotó que también se evidencia “una voluntad de centralizar el manejo de la totalidad de los recursos, tanto al centralizar la facturación como al centralizar las compras, lo que implica un manejo financiero a alta escala, que no necesariamente asegura un mayor control y más transparencia”.

A su criterio, “se desdibuja el sistema de participación comunitaria ya que los Consejos de salud que se crean carecen de función ejecutiva. Por eso relativizó su incidencia, dado que “en ningún caso” estos organismos son vinculantes. “Todas las decisiones quedan en manos del ejecutivo”, mencionó. “Tampoco está claro -dijo- cómo se van a financiar los Samcos, que hasta ahora se solventan con el aporte de municipios y comunas, y de la toda la comunidad”.

Cogestión

El dictamen de mayoría elaborado sobre la base del proyecto del Ejecutivo establece que la autoridad se aplicación de la ley podrá “acordar con los municipios y comunas la cogestión de los servicios existentes en su jurisdicción. Cada convenio de cogestión debe establecer la conformación de un equipo de gestión local, y podrá contemplar su financiamiento con recursos provenientes del Estado provincial o de los municipios o comunas. El respectivo organismo municipal o comunal deberá tener como mínimo una jerarquía de Subsecretaría o Dirección de salud, y estar dotado de personal suficiente para el cumplimiento de las tareas a su cargo”.

Protesta

Trabajadores del Hospital José María Cullen salieron este mediodía a la calle cuando se retiraban del nosocomio, para protestar contra la posible aprobación de la nueva ley de Salud, cuyo tratamiento se esperaba esta tarde en la Cámara de Diputados. En tanto, el gremio UPCN manifestó también públicamente su rechazo a la iniciativa.

Privados

El proyecto prevé un apartado especialmente dedicado al “subsector privado”. Allí se dispone que “los entes privados de financiación de salud, ya sean empresas de medicina prepaga, de seguros, aseguradoras de riesgos de trabajo, de medicina laboral, mutuales y/o entidades análogas, deben abonar las prestaciones brindadas a sus adherentes por el subsector estatal de salud; por los mecanismos y en plazos que establezca la reglamentación. Dicha obligación se extiende a las prestaciones de urgencia”.