Después de la votación dividida en Diputados
La reforma de Salud en manos del Senado
En la Cámara Alta, el justicialismo tiene los dos tercios de los votos y diferencias con el texto votado por el oficialismo en la Cámara Baja. La única coincidencia fue la política de producción de medicamentos por parte del propio Estado.
Mario Cáffaro
Habrá que remitirse al intento de “reforma tributaria” del primer año de gestión de Hermes Binner para repetir la votación de un tema importante en Diputados con una clara división entre oficialismo y oposición como lo ocurrido el último miércoles con la llamada “ley provincial de salud”. En aquel entonces, con reformas al mensaje del Poder Ejecutivo sugeridas por aliados al socialismo, el dictamen de Diputados aprobado terminó en vía muerta en el Senado. La historia parece repetirse con este tema, donde los dos grandes bloques políticos no han podido, no han querido o no han sabido lograr un acuerdo político como lo han hecho en tantos otros temas, después de aquel fallido cambio en el sistema impositivo.
A cuarenta días de terminar el último período y a pocas horas de las elecciones nacionales, el socialismo decidió llevar adelante el proyecto al que definió como política de Estado en materia de salud, habló de cambio de paradigma e igualdad de oportunidades y no logró torcer la voluntad del justicialismo, quien consideró un grave error dar marcha atrás con la participación vecinal, gremial y profesional en los consejos de administración de hospitales y Samco. Lo único que los unió fue la defensa de la política de producción de medicamentos por parte del propio Estado, la cual fue valorizada por la justicialista Silvina Frana, la única voz que utilizó el PJ en el recinto. En cambio, el socialismo expuso su postura a través del presidente de la Comisión de Salud, Raúl Antille; el jefe de bloque, Raúl Lamberto y la aliada Alicia Gutiérrez (SI). Los radicales y los demócrata progresistas avalaron en silencio y algunos de ellos estuvo a punto de pedir autorización para abstenerse en la votación. Sí se abstuvo José María Tessa, quien llegó en la boleta del Frente Progresista pero hoy está más cerca del kirchnerismo.
No faltó algún experimentado diputado radical que advirtiera el riesgo de desafiar al Senado con mayoría justicialista sobre el tema donde podría imponer “su” reforma con los dos tercios finales de los votos. Para advertir la maniobra, le recordó lo ocurrido con el sistema de boleta única, donde Diputados avanzó con el convencimiento de que iba a vía muerta en el Senado, cámara que terminó convalidando un sistema que apoyó la ciudadanía santafesina.
Lo que se dijo en el recinto
Antille dijo que la futura ley “reivindica el derecho a la salud de todos los ciudadanos de la provincia, y está dirigida a la implementación de un sistema único de salud, reemplazando una ley de un gobierno militar (ley Samco 6.312) que lleva ya 40 años de desarrollo. Es una norma superadora porque establece especial énfasis en la participación de los ciudadanos en la elaboración de las políticas a través de los Consejos de Salud en los distintos niveles de atención y la implementación de un congreso provincial donde estarían representadas todas las entidades. Pretendemos una participación en términos de políticas de salud, y pretendemos que quienes integren los consejos de Salud sean quienes usan el servicio, es decir, los pacientes, que no es lo que ocurre en la actualidad. Y también que los integre el personal que detecta los problemas en el día a día y los funcionarios que deben dar respuesta. Se establece un trabajo en red para que cada persona que presenta una patología pueda ser atendida en el lugar adecuado y con los elementos adecuados”.
Resaltó “el funcionamiento de los centros médicos de atención ambulatoria como el CEMAR en Rosario y el CEMAFE, que se construye en Santa Fe para atender la mayoría de las especialidades y descongestionar los hospitales, dejándolos únicamente para aquellos pacientes que requieran internación”.
Antille explicó que “la red ya se está implementando desde hace cuatro años y está diseñada para ir resolviendo los problemas de salud de cada uno de los nodos donde tenemos los equipos básicos de atención primaria hasta los grandes hospitales de alta complejidad, de manera tal que los habitantes puedan solucionar los problemas dentro de cada nodo”.
En cambio, para Frana, lo central de la ley es la derogación de dos leyes donde está representada la ciudadanía. “Hablar de salud es mucho más que hablar de la organización del sistema sanitario. La salud es un bien social. Compartimos muchos aspectos de la ley, discrepamos con la derogación de la ley que creó los Samco y descentralizó los hospitales, porque no son incompatibles con los objetivos de establecer un trabajo en red. Lo central que se discute hoy es que es la derogación de estas dos leyes no es una ventaja adicional para la salud de la provincia. Esta ley no es superadora, al contrario, es reduccionista porque centraliza las decisiones en el ministro de Salud, que nunca perdió la potestad de las políticas y el control sobre los Samcos y los hospitales descentralizados. Eso hay que aclararlo muy bien. Este esquema contradice la doctrina sanitaria del ex ministro Ramón Carrillo hasta la fecha. Carrillo proponía centralización normativa y descentralización ejecutiva. Hoy en Santa Fe se propone una centralización de recursos que no asegura transparencia”.
Gutiérrez, a su turno afirmó que “la aprobación es un paso fundamental en el camino de garantizar la salud pública como un derecho y una obligación del Estado de financiarla. Hay un cambio de paradigma para un sistema en el cual se superpusieron muchos durante los últimos años”. Según la legisladora “en la ley tiene un lugar significativo la disposición a fortalecer los vínculos entre hospitales de diferente nivel y servicios de atención primaria con el objeto de establecer vínculos que faciliten el flujo de pacientes e información respecto a necesidades y atención brindada en los distintos niveles”.
Sobre el final, Lamberto aclaró que su sector no quiere “discutir un sistema con otro, sino hacia dónde debe ir. Entendemos que el Estado debe ser clave y debe ser responsable si queremos defender derechos como el derecho a la salud”.
