Por iniciativa del gobierno

Uruguay recobró la capacidad de juzgar crímenes de la dictadura

La Cámara de Diputados del vecino país aprobó una iniciativa del Frente Amplio que devuelve al Estado la capacidad punitiva sobre los delitos de lesa humanidad, y por lo tanto imprescriptibles, cometidos en el período 1973-1985. La decisión deja sin efecto el resultado de dos plebiscitos contrarios a la revisión. La tensión y las acusaciones cruzadas dominaron la sesión parlamentaria.

Álvaro Mellizo

Agencia EFE

El Parlamento uruguayo aprobó esta madrugada la iniciativa del oficialista Frente Amplio (FA) para restablecer la capacidad punitiva del Estado sobre los crímenes de la dictadura, con 50 votos sobre 90, tras un debate que duró mas de 12 horas, en un ambiente de tensión pocas veces visto en la Cámara.

Los parlamentarios uruguayos dejaron patente, durante un extenso debate sobre un proyecto de ley, para evitar la prescripción de los delitos de la dictadura (1973-1985), las irreconciliables posturas existentes sobre la interpretación de ese período histórico y cómo cicatrizar las heridas del pasado.

La sesión se fue cargando de gestos y acusaciones de uno a otro bando según pasaban las horas, y culminó con los gritos y aplausos de los legisladores oficialistas y del numeroso grupo de jóvenes que esperó en las gradas del congreso durante toda la sesión para dar su apoyo a la medida.

El debate y votación de esta ley es el último paso legislativo necesario para ratificar una norma aprobada el martes por el Senado, y que apunta a restablecer la capacidad punitiva del Estado sobre los crímenes de la dictadura y declararlos como delitos de lesa humanidad para hacerlos imprescriptibles.

Ahora para que la ley entre en vigor basta con su promulgación por el presidente, José Mujica, que ya anunció que lo hará este viernes.

La idea es que la norma se pueda aplicar antes del 1 de noviembre, día se cumple el plazo decretado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para la prescripción de los crímenes como violaciones, secuestros, asesinatos y desapariciones forzadas cometidos por representantes del Estado entre 1973 y 1985.

El debate se centró en dos aspectos claves: la necesidad de luchar contra la impunidad, defendida por el Frente Amplia (FA), y la vulneración que esta propuesta supone para la decisión de los ciudadanos en dos referendos en los que votaron por mantener la ley tal y como está, opción asumida en bloque por los opositores Partido Nacional, Colorado e Independiente.

La discusión alcanzó tanta intensidad que el presidente de la Cámara, Luis Lacalle Pou, se vio obligado a parar la sesión en un par de ocasiones para serenar los ánimos.

Según explicó a EFE el diputado del FA Julio Bango, la intención de su partido es “terminar definitivamente con la impunidad” al recuperar la “pretensión punitiva del Estado”, es decir, que la Justicia pueda actuar libremente en los casos de violaciones a los derechos humanos, algo que se había perdido con la Ley de Caducidad.

La Ley de Caducidad, aprobada en 1986 y refrendada por la ciudadanía en 1989 y 2009, impidió durante años el inicio de juicios contra militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura y sometía a la decisión del gobierno qué casos podía ser juzgados y cuáles no.

La norma no fue óbice para que los dos últimos presidentes del país, del FA, procesaran a varios militares y políticos que recibieron condenas de hasta treinta años, como el ex dictador Juan María Bordaberry, recientemente fallecido.

Para la oposición, el proyecto de ley pasa por encima de esta decisión del pueblo, algo que el oficialismo rechaza.

“Hubo un referéndum, que respetamos. Un 48 por ciento votó anular (la Ley de Caducidad), pero el 52 por ciento restante (que no votó) no votó mantenerla, ya que no había otra papeleta, así que no se sabe. Se hace una interpretación de eso y dicen que faltamos al mandato popular”, argumentó Bango.

Por su parte, diversos diputados opositores que tomaron la palabra insistieron en considerar esta votación como un atentado contra la Constitución de la República y calificaron el día como un momento “triste” para la democracia uruguaya.

Además, acusaron al FA de incitar el “odio” por agitar el pasado y no recordar que durante aquel período hubo víctimas también a manos de grupos terroristas de izquierda que luego recibieron un perdón cuando llegó la democracia, muchos de ellos después de cumplir duras condenas en la cárcel.

En ese sentido, el diputado nacionalista Javier García indicó que “hace falta mucho arrepentimiento por parte de grupos de izquierda para poder entrar en caminos que nos reconcilien”.

“El Frente Amplio está decidido a llevarse por delante la voluntad popular y pisotear la decisión de la gente. Hoy no está en juego los derechos humanos ni la Caducidad, sino el respeto a la decisión de la sociedad y la democracia”, añadió el diputado.

Es la segunda vez este año que el FA lleva al Parlamento un proyecto para terminar con la impunidad de la dictadura, después de que en mayo pasado fracasara en el último momento una propuesta para anular la Ley de Caducidad.

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