EDITORIAL

Un avance trabajoso

La implementación definitiva del nuevo sistema procesal penal en la provincia dio en el curso de la semana dos pasos decisivos, aunque en ambos casos más demorados de lo conveniente, y con trascendencia supeditada a los que vengan a continuación.

Los respectivos enunciados les otorgan una ampulosidad que se corresponde plenamente con su importancia simbólica, aunque resultan relativizados en lo que hace a su impacto concreto: la licitación de la construcción del Centro de Justicia Penal en la ciudad de Santa Fe y la constitución de la Mesa del Diálogo para analizar los avances de la reforma.

En cuanto al Centro de Justicia, una obra imponente y de avanzada que albergará al Ministerio de la Acusación, al de la Defensa y los nuevos tribunales penales. Indudablemente, la apertura de los sobres de las ofertas -como paso previo a la adjudicación y construcción- implica llevar al plano de los hechos la decisión de impulsar el funcionamiento efectivo del sistema acusatorio con juicio oral, tanto como lo fue la constitución de los nuevos órganos que lo protagonizan. Sin embargo, no se pueden ignorar los meses de retraso que ésto sufrió como consecuencia del tironeo con la Corte sobre cuál debía ser el emplazamiento definitivo, y el consiguiente vapuleo del proyecto hasta llegar a su conformación definitiva.

Por otra parte, lo que se está licitando es la estructura de hormigón -nada menos, pero tampoco más-, con lo cual la terminación del edificio y su habilitación definitiva demandará nuevas licitaciones, inversiones y plazos.

La constitución de la Mesa del Diálogo, por otra parte, significa un hito que sería necio considerar meramente protocolar. Por el contrario, ya en su primera reunión cumplió el cometido de que los diversos actores -fundamentalmente, de los tres poderes del Estado y los nuevos órganos penales- hicieran un punteo de todo lo que está pendiente, sin evitar expresos reproches y exigencias a quien tuviera responsabilidades al respecto. Precisamente, este intercambio de imputaciones se desarrolló de manera sostenida durante los últimos años, sin eludir acusaciones al Poder Judicial de intentar trabar el proceso o imponer condiciones para preservar privilegios, ni quejas contra el Poder Ejecutivo por demoras burocráticas o imprevisión de recursos. Los cuestionamientos también apuntan a la extrema lentitud parlamentaria -todavía no se aprobó la ley que permite crear los cargos que requiere el nuevo sistema- y a las exasperadas discusiones sobre la procedencia o constitucionalidad de normas y disposiciones.

Sería ocioso en este punto reiterar la magnitud e ineludibilidad del cambio, como así también agotar el análisis en la adjudicación de culpas. Corresponde, una vez más, instar a que todos los actores comprometidos con la reforma releguen otras consideraciones y cifren todos sus esfuerzos en llevarla al mejor término, evitando dilaciones inconducentes y nocivas.