El nuevo sistema penal en la provincia

Estiman que la aplicación plena del Código demandaría todo 2012

Así lo estipula como alternativa el borrador de un proyecto de ley que plantea los próximos pasos del proceso. Según ese esquema tentativo, antes del 30 de abril, la Corte deberá realizar los concursos para titularizar los cargos en la Fiscalía y la Defensa.

De la redacción de El Litoral [email protected]

La aplicación del nuevo Código Procesal Penal que ha consumido la actual gestión del gobernador Hermes Binner se encuentra en su etapa final, pero aún demandará varios meses de trabajo. Consultado por El Litoral, el ministro de Justicia, Héctor Superti, consideró que se necesitará “por lo menos, la primera parte del año que viene”. Sin embargo, el borrador con el esquema de los próximos pasos que será luego transformado en proyecto de ley, plantea la posibilidad de prorrogar el plazo hasta por un año, a partir del 30 de enero próximo.

En su última reunión, la Mesa del Diálogo de la reforma penal, integrada por todos los actores que intervienen en el proceso, debatió los términos de ese paper que llegará luego a la Legislatura, y donde se plantean de manera más pormenorizada que en prórrogas anteriores, los objetivos y tareas que cada sector deberá cumplir para poder avanzar en la instrumentación del nuevo sistema. Es en ese marco donde se proponen dos alternativas a definir para incluir luego en el proyecto de ley: que el nuevo Código entre a regir totalmente “cuando el Poder Ejecutivo entienda que están dadas las condiciones”, o bien, “que el Poder Ejecutivo pueda prorrogar por decreto por hasta un año, a partir del 30 de enero de 2012”.

Superti aclaró que esa sugerencia quedará supeditada a la evaluación de todos los actores que a partir de ahora estudiarán el borrador, y concluirán en si son ésos los plazos pertinentes.

Cronograma

Según el cronograma estipulado en el texto analizado por la Mesa, los miembros del Colegio de Jueces de Cámara deberán cumplir con todas las exigencias organizativas antes del 30 de abril próximo, y organizar las Oficinas de Gestión Judicial dentro de los sesenta días a partir de que se designe a los respectivos directores.

Los jueces penales involucrados, por su parte, deberán cumplir con las tareas organizativas del Colegio de Jueces de Primera Instancia dentro de los sesenta días a partir de que la Corte presente su cronograma de actividades, según lo establecido por ley. Hasta tanto estén funcionando todos los Colegios de Jueces, la Corte podrá realizar tareas y funciones administrativas y de gobierno adjudicadas a ellos.

Antes del 30 de abril de 2012, según el borrador del proyecto, la Corte deberá efectuar los concursos necesarios para titularizar a quienes ocupen cargos subrogantes como Secretarios Fiscales o Defensores y Defensores de Cámara. También antes del 30 de abril, la Corte deberá presentar ante el Comité de Gestión de Conclusión de Causas, un cronograma sobre los tribunales que permanecerán a los fines de la transición, y aquellos que serán transferidos al nuevo sistema.

Más tareas

En cuanto a las Fiscalías y Defensas, antes del 28 de febrero de 2012 -siempre de acuerdo con el texto del borrador-, el procurador General de la Corte deberá solicitar a fiscales y defensores que manifiesten su decisión de ser transferidos al nuevo Ministerio Público de la Acusación y Servicio de la Defensa, o bien continuar desempeñando funciones en el sistema de Conclusión de Causas.

Antes del 30 de abril, la Corte deberá hacer un cronograma de traspaso de las Secretarías Penales, y antes del 28 de febrero deberá requerir a todos los médicos forenses y peritos oficiales que opten por permanecer en el sistema de Conclusión de Causas o pasar al nuevo sistema penal.

A los efectos de la “opción”, el Ministerio Público de la Acusación y la Defensa deberán comunicar a la Corte y a la Asociación Tribunales los reglamentos y estructuras funcionales dentro de los cinco días en que fueren dictados. El plazo de noventa días para optar corre a partir de que dichos reglamentos y estructuras funcionales sean comunicados a la Asociación Tribunales.