Los autores son de cinco diferentes partidos políticos

Santa Fe tiene una ley de ética pública nacida en Nueva Zelanda

Diputados aprobó el texto del Senado en una sesión donde se sancionaron siete leyes. Fue aprobada la reforma a la ley de ministerios que crea las Secretarías de Energía y de Hábitat.

Mario Cáffaro

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En una sesión típica de la etapa final de los cuerpos legislativos, la Cámara de Diputados sancionó siete leyes y dio media sanción a otras tantas en la tarde del jueves, mientras que hoy dejó sancionada la ley de presupuesto general para el 2012. Los proyectos aprobados son fruto de acuerdos políticos, casi todos por la unanimidad de los presentes con la única excepción de la reforma a la ley de ministerios donde el justicialismo logró colocar un atribución más a la futura Secretaría de Energía (ver recuadro).

Entre las leyes sancionadas, se destaca la nueva ley provincial de ética pública, surgida de un proyecto presentado por diputados provinciales y municipales de distintos partidos políticos, todos ellos nucleados en los programas de la Fundación RAP (Red de Acción Política).

El proyecto fue ingresado por el senador Ricardo Spinozzi (PJ-General López) más los diputados Pablo Javkin (ARI-CC) y Mónica Peralta (GEN) y la concejal de Rosario, Clara García (PS), como producto de la experiencia adquirida tras un viaje donde se interiorizaron del funcionamiento institucional del Estado en Nueva Zelanda. En la Cámara de Diputados, existía un proyecto del radical Hugo Marcucci, también considerado en el debate de la norma. El radical es otro integrante de los programas de la fundación RAP que preside el empresario Alan Clutterbuck. Dicha fundación se define como “plural y apartidaria que tiene como misión hacer un aporte hacia la formación y el fortalecimiento de la dirigencia política en Argentina a partir de un auténtico espíritu republicano, una vocación de fortalecer el marco institucional y un conjunto de valores, principios y conductas compartidas”.

En el recinto fue Peralta la encargada de explicar que la norma no tiene nada que ver con la ley nacional en la materia, es una iniciativa nueva que fue discutida con organismos de control de la provincia como el Tribunal de Cuentas, la Sindicatura, especialistas y docentes universitarios pero que recoge mucho de la experiencia realizada por el grupo en Nueva Zelanda.

“Santa Fe se pone al frente en la temática. Es una reforma muy importante en el camino hacia una mayor transparencia”, agregó la legisladora que termina su mandato el 10 de diciembre. Valoró que el texto haya surgido de dirigentes de diferentes partidos políticos y lo sumó a la ley de boleta única como elementos que colaboran a la transparencia.

Algunos detalles

La ley “establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado de la Provincia de Santa Fe. Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado provincial o al servicio del Estado provincial o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”.

Más adelante, determina que los sujetos comprendidos en esta ley se encuentran obligados a cumplir con una serie de deberes y pautas de comportamiento ético basados en honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana.

La norma que se aprobó también expresa que “es incompatible con el ejercicio de la función pública: dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, o, de cualquier otra forma, prestar servicios a quien gestione o tenga una concesión o sea proveedor del Estado, o realice actividades reguladas por éste, siempre que el cargo público desempeñado tenga competencia funcional directa, respecto de la contratación, obtención, gestión o control de tales concesiones, beneficios o actividades; así como ser proveedor por sí o por terceros de todo organismo del Estado en donde desempeñe sus funciones”.

Determina que “los funcionarios públicos no podrán recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones. En el caso de que los obsequios sean de cortesía o de costumbre diplomática la autoridad de aplicación reglamentará su registración y en qué casos y cómo deberán ser incorporados al patrimonio del Estado, para ser destinados a fines de salud, acción social y educación o al patrimonio histórico-cultural si correspondiere”.

La ley crea la Comisión Provincial de Ética Pública que funcionará como órgano independiente de los poderes estatales y actuará con autonomía funcional. Dicha Comisión estará integrada por 5 miembros elegidos y designados por concurso de oposición y antecedentes por el Poder Ejecutivo con acuerdo de la Asamblea Legislativa.

“La publicidad de los actos, programas, obras, servicios y campañas de los órganos públicos deberá tener carácter educativo, informativo o de orientación social, no pudiendo constar en ella, nombres, símbolos o imágenes que supongan promoción personal de las autoridades o funcionarios públicos” dice el texto en otro de los puntos destacados.

Mónica Peralta, de GEN, fue quien explicó el sentido de la norma en el recinto. Foto: Daniel Dapari/Cámara de Diputados

Energía y Hábitat

Diputados votó el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo siete días atrás y que prevé una reforma a la ley de ministerios para crear las secretarías de Estado de Hábitat y de Energía, propuestos en la campaña electoral por el gobernador electo, Antonio Bonfatti.

El socialista Raúl Lamberto agradeció el apoyo del justicialismo a tratar en forma expedita el proyecto y explicó que en el caso de Energía tendrá a su cargo la planificación y formulación de políticas en la materia, así como avanzar en el estudio de sistemas alternativos, mientras que en la de Hábitat de apunta a superar el concepto de la actual Dirección de Viviendas y que apunta especialmente a construir unidades asistenciales.

El justicialista Mario Lacava celebró que se pone en mayor rango a la Energía y recordó que hubo varios proyectos a nivel legislativo pero sugirió agregar un nuevo inciso a las funciones previstas para facultar, entre otras cosas, a convocar a audiencias públicas para debatir temas como tarifa. El socialista Lamberto se negó aclarándole que la EPE seguirá con dependencia del ministerio de Agua, Servicios Públicos y Medio Ambiente. La situación fue zanjada por el también justicialista Norberto Nicotra quien sugirió un añadido que señala que la repartición “generará mecanismos de participación ciudadana” y la corrección fue aceptada por el oficialismo.

Raúl Lamberto

Foto: Guillermo Di Salvatore