Con una inflación calculada en 9,2 %

El Senado sancionó el presupuesto que podrá cambiarse por decreto

Aníbal Fernández explicó que el kirchnerismo siempre usó las facultades especiales con “prudencia”. Cristina decidirá si sube el piso del mínimo no imponible de Ganancias. Hoy se debatían los proyectos sobre papel prensa y tierras a manos extranjeras.

De la Redacción de El Litoral

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DyN/Télam

El senador oficialista Aníbal Fernández celebró hoy la aprobación del Presupuesto 2012 junto al paquete de medidas económicas y defendió la pauta de inflación anual fijada en el 9,2 por ciento, al considerarla “prudente, cuidadosa y criteriosa”.

La mayoría oficialista impuso condiciones con 44 votos -sumados los aliados- sobre 26 votos en contra de la oposición. La norma amplía facultades del Poder Ejecutivo para manejar temas impositivos y aumentar los tributos en forma discrecional.

“No hay atribuciones adicionales que las que se conocen y que siempre han tenido a lo largo del tiempo tanto las gobernaciones, como las municipalidades”, se defendió Fernández. Y repitió que las facultades dadas a la Jefatura de Gabinete en este aspecto “siempre” el kirchnerismo las ha ejercido con “prudencia”.

El ex ministro de Economía y actual vicepresidente, Amado Boudou, apuntó que la norma supone “institucionalidad” en comparación con el año que finaliza, que no tuvo presupuesto aprobado. La Cámara ratificó la “emergencia económica” que en forma permanente fue ratificada durante toda la era “K” y que extiende las fronteras de potestades de la Casa Rosada.

Hoy se concretaba la última sesión del año de la Cámara alta, para tratar el proyecto que declara de interés público la comercialización de papel para diarios, la limitación a la extranjerización de tierras y los ascensos a los militares.

Números y prórrogas

La norma considera una variación del Índice de Precios al Consumidor del 9,2 por ciento, una cotización del dólar en 4,40 pesos promedio y el uso de 5.674 millones de dólares de reservas monetarias para el pago de deuda pública.

Calcula un gasto total de 1.562.365 millones de pesos; una inversión de 460.942 millones de pesos y un saldo favorable de la balanza comercial de 8.579 millones de pesos. Por otra parte, establece una pauta de crecimiento del 5 por ciento.

En cuanto a los recursos tributarios, el impuesto a las Ganancias se supone que recaudará 131.329 millones de pesos; el IVA 185.109 millones; impuestos internos 12.842 millones y el impuesto a los Bienes Personales 7.146 millones de pesos.

Fernández defendió el criterio de que el Ejecutivo maneje el mínimo no imponible de Ganancias por decreto. “Esa atribución, en todo caso, nunca es para aumentar el impuesto sino para bajarlo”, justificó.

El paquete económico de leyes aprobadas ayer incluyó la prórroga por dos años del impuesto al cheque y de la Emergencia Económica; por un año del impuesto al precio de venta de los cigarrillos y por cinco años de los derechos de exportación de hidrocarburos.

Evasión

Esta madrugada se sancionó en forma definitiva la norma que actualiza los montos para castigar el delito, agrava sanciones por “facturas truchas”, penaliza a personas jurídicas y elimina la probation para el caso de evasión fiscal, lo cual hace de cumplimiento efectivo las condenas. Ernesto Sanz (UCR) cuestionó que la probation sirva “para algunos delitos sí y otros no”. Y objetó que la reforma incluya la penalización de la evasión a nivel provincial y municipal porque puede generar discusiones a nivel judicial y planteos de inconstitucionalidad.

Delitos

El Senado aprobó la incorporación al Código Penal de cinco nuevos delitos: uso indebido de información privilegiada de empresas que cotizan en bolsa; captación fraudulenta de ahorros públicos; cohecho financiero; manipulación de valores negociables y captación de ahorros. El presidente de la comisión de Justicia, el kirchnerista Pedro Guastavino, defendió la necesidad de dar “mayor transparencia” a los mercados con una de las leyes que reclamaba el Grupo de Acción Financiera Internacional.

Antiterrorismo con polémica

La ley sobre antiterrorismo -sancionada por 39 votos favorables y 22 negativos- duplica las penas para los delitos ya establecidos en el Código Penal y para quienes “directa o indirectamente” financien el terrorismo y actividades afines. Pero además, y aquí se encuentra una de las bases de los cuestionamientos al proyecto, sostiene que serán considerados como delitos de terrorismo las actos que sean “cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población” u obligue a gobierno nacional o extranjeros “a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

El radical Ernesto Sanz fue la voz de bloque al indicar que, las reformas “no van a resolver las desviaciones del sistema financiero” y que el proyecto de antiterrorismo, “como está escrito, abre la puerta a la penalización de la protesta social, porque la aplicación está dejada a la discrecionalidad de la justicia”.

El santafesino Rubén Giustiniani agregó al respecto que “es paradójico que en la Argentina, un país que se precia de estar a la cabeza en materia de Derechos Humanos, se apruebe una ley que significa un grave retroceso en esta materia”. Opinó que esa propuesta implica un “riesgo de que se criminalice la protesta social” y que habilite una “persecución penal contra personas y organizaciones que luchan por la reivindicación de derechos”.