Tras la intervención de la empresa

Cablevisión a la Corte y la OEA

Diputados opositores hablaron de “peligro extremo” para la libertad de expresión.

De la redacción de El Litoral

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DyN

El director de Relaciones Externas del Grupo Clarín, Jorge Rendo, consideró “un verdadero exabrupto judicial” la intervención de Cablevisión, tras reunirse con diputados de la oposición quienes denunciarán al juez Walter Bento ante el Consejo de la Magistratura y exhortarán a la Corte Suprema a que “garantice” el Estado de Derecho. Asimismo, los opositores le enviarán a la relatoría de libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) un informe sobre la situación de “peligro extremo” por el que “atraviesa la libertad de expresión”.

El directivo del Grupo Clarín se reunió con Patricia Bullrich (Unión por Todos), Ricardo Gil Lavedra (UCR), Juan Pedro Tunessi (UCR), Ricardo Buryaile (UCR), Oscar Aguad (UCR), Federico Pinedo (PRO), Eduardo Amadeo (Frente Peronista) y Carlos Favario (Demócrata Progresista) para informarles sobre la intervención de Cablevisión dispuesta por la Justicia mendocina.

Al lamentar que del encuentro no hayan participado diputados del Frente para la Victoria, Rendo advirtió que “seguramente estarán más preocupados en seguir votando medidas contra la libertad de prensa, como fue la votación de la ley del papel para diarios de la semana pasada”.

En declaraciones a DyN, en tanto, la diputada Bullrich puntualizó que “en la reunión se planteó la situación de persecución contra los medios y cómo el gobierno viene avanzando con los ataques contra el Grupo Clarín ahora más profundamente después de esta nueva intervención de Cablevisión”.

El caso

La resolución adoptada por el juez federal Walter Bento respondió a un amparo presentado por los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, responsables del cable Supercanal, al aludir “conductas anticompetitivas” de la empresa.

En una declaración firmada por los legisladores mencionados, indicaron que “la elección de un juez subrogante manifiestamente incompetente, que decidió el caso enmascarándolo bajo la forma de una medida cautelar, contrariando la doctrina de la Corte de que las cautelares no deben anticipar la solución de fondo y sin darle a la interesada el más mínimo derecho de defensa, constituye un supuesto flagrante de manipulación de justicia”. “Es tan burda la maniobra, que hace presumir fundadamente que el juez Bento, juez federal subrogante, haya incurrido en prevaricato judicial”, se señala.

La Nación

El juez de Ejecuciones Fiscales Tributarias Carlos Folco decretó la inhibición general de bienes del diario “La Nación” por un reclamo de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) que se encontraba congelado por una decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Según publicó el diario en su edición de hoy, la Afip ocultó decirle al magistrado que existe un fallo del máximo tribunal que autorizaba a ése y otros diarios a continuar amparados por un régimen especial creado en la crisis de 2001, mientras se debatía judicialmente el tema de fondo: la vigencia del régimen de competitividad, que permitía computar las cargas patronales como pago a cuenta del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

/// EL DATO

Recusación

La empresa Cablevisión informó hoy que recusó por prejuzgamiento al juez de Mendoza, Walter Bento, y que formuló una denuncia penal por “abuso de autoridad” hacia quienes participaron del procedimiento de intervención, entre ellos, al abogado del Grupo Vila-Manzano, Eduardo Vila y “a varios agentes de inteligencia privados”.

En un comunicado, la empresa señaló que en su defensa está llevando adelante diversas acciones “para proteger sus derechos y los de sus clientes y para defender su servicio y sus fuentes de trabajo”.

“A esta altura ya no quedan dudas de que la maniobra impulsada por el Grupo Vila-Manzano en un juzgado incompetente de la provincia de Mendoza resultó idéntica -en su finalidad y oportunidad- a la estrategia que viene desplegando el Gobierno a través de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) para intentar caducar las licencias de Cablevisión”, señaló la empresa de cable. La empresa volvió a insistir que esta vez el gobierno “utilizó un grupo mediático afín, que se vio beneficiado este año con un incremento de 700% en publicidad oficial (más de $ 50 millones) y que resultó claramente funcional a ese objetivo”.