Una norma para permitir “la represión de la protesta social”

Riestra: “Es peligrosa” la ley contra el terrorismo

El diputado nacional por Santa Fe criticó la sanción de la norma que penaliza las protestas. Afirmó que hoy numerosas organizaciones sociales y militantes populares sufren el armado de causas judiciales en su contra.

De la redacción de El Litoral

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Antonio Riestra, diputado nacional del bloque Unidad Popular, dijo que la ley contra el terrorismo sancionada por el Senado es una “peligrosa reforma que posibilita la legitimación de la persecución penal del reclamo público y colectivo, de la que hoy en día ya son víctima numerosas organizaciones sociales y militantes populares”.

“El ejercicio de derechos constitucionales debe quedar fuera de discusión; y antes que restringir, la democracia debe garantizar la promoción activa de la libre expresión del pueblo”, sostuvo el legislador.

Riestra afirmó que la ley sancionada “incorpora al Código Penal (artículo 41 quinquies) la duplicación de las penas aplicables a delitos que hubieren sido cometidos con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo”.

“Esto significa definir tipos penales abiertos, en forma tal, que según la interpretación de los magistrados permitiría legitimar la represión de la protesta social o cualquier otra manifestación”, advirtió.

Grave riesgo

“Por otro lado, se profundiza la línea persecutoria con el agregado de un nuevo artículo al Código Penal (306), que implica un grave riesgo para las organizaciones sociales y sus benefactores, ya que podrían ser consideradas como autores del delito de financiamiento al terrorismo, los que reciban, recolecten o entreguen dinero para solventar actividades de colectivos cuyas protestas sean consideradas acciones terroristas”, señaló el diputado nacional por Santa Fe.

Riestra también cuestionó al oficialismo por la incorporación de un segundo párrafo, luego de que se conocieran las objeciones al proyecto presentadas por los organismos de derechos humanos. “La excepción para la aplicación del agravamiento de penas ‘cuando el o los hechos de que se traten tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier otro derecho constitucional’, resulta claramente criticable por dos razones: no sólo no se percibe la oportunidad de mencionar la vigencia de derechos contenidos en la Carta Magna y en tratados internacionales cuya jerarquía excede la que ostenta un código de nuestra legislación, sino que además da lugar a una extravagante y perniciosa clarificación de lo que bajo ningún punto de vista ni en ningún foro debería cuestionarse”.

De la impunidad

El oficialismo ha defendido esta reforma “en base a un supuesto requerimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi); la realidad es que dicho organismo intergubernamental, luego de la 3ª Evaluación Mutua, ha colocado a la Argentina en la lista de países observados por deficientes, más en lo que hace al cumplimiento efectivo de los estándares (su instrumentación y aplicación concreta para la prevención y represión de delitos del crimen organizado) que a la demanda de la elaboración de normativa conexa”.

En pocas palabras, “las leyes están” pero “la impunidad también”, dijo Riestra para recordar que “siguen sin resolverse los atentados a la Amia y a la Embajada de Israel, y en la actualidad existen sólo dos condenas recientes por Lavado de Dinero. Esta es la situación que el gobierno sigue prorrogando y hasta parece alentar. Mientras sanciona textos asistemáticos y contradictorios con nuestra legislación y la Constitución Nacional, detenta un simulacro de pertenencia al equipo de las naciones líderes”.

Derechos inalienables

“Vemos que no hay una clara decisión de enfrentar al crimen organizado en sus modalidades concretas (lavado de dinero, juego clandestino, trata de personas), mientras se analizan y observan los conflictos sociales desde la perspectiva de la legislación penal”, lamentó.

Riestra reivindicó que “los manifestantes, las organizaciones sociales y partidos políticos, buscan con su lucha y su protesta que las autoridades gubernamentales adopten determinadas decisiones, modifiquen situaciones existentes. No debemos permitir que esas acciones, universalmente reconocidas como derecho inalienable del ser humano, sean pasibles de interpretación en términos de terrorismo. Mucho menos que sea utilizada como chivo expiatorio para justificar la negligencia y actual abulia de los organismos estatales en control de delitos ya claramente tipificados”, explicó el diputado Riestra.