Causa Naranpol
Excusación y denuncias por amenazas del juez Sodero
El titular del juzgado que atiende el concurso preventivo de Productora Alimentaria SA se excusó este lunes, día en que además radicó una denuncia penal por amenazas telefónicas.
De la Redacción de El Litoral
El juez Civil y Comercial Nº 10, Eduardo Sodero, se excusó de seguir atendiendo en la causa por el concurso preventivo de Productora Alimentaria SA, aduciendo “violencia moral” y otras causales vinculadas con la existencia de amenazas que el lunes 19 de diciembre pusieron en riesgo su integridad.
En una entrevista mantenida en la Oficina de Prensa de la Corte, el juez Sodero se mostró preocupado por el destino de las más de 400 familias afectadas por el conflicto, pero a raíz de los últimos acontecimientos consideró oportuno su apartamiento de la causa Naranpol.
Desde el juzgado “hicimos una apuesta al diálogo y la racionalidad”, incluso “le hemos dado a los trabajadores y los abogados que los representan el acceso pleno al expediente, y nunca les fue denegada una entrevista con el juez”. “Hemos agotado todas las instancias para conseguir fondos” para destinar a los trabajadores, sin embargo alude a razones que exceden el ámbito de su juzgado, que se lo impidieron.
La causa pasó al subrogante legal, que en este caso es el juez Civil y Comercial Nº 11, Gustavo Ríos, quien habría rechazado la excusación esta semana. De ser esto así, el expediente será puesto a consideración de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, que será el ámbito en el que se definirá la competencia.
Viaje al exterior
Por otra parte, el magistrado informó que “es falso que le haya dado permiso para salir del país a uno de los directivos de la empresa” y ese mismo lunes se lo informó a los interlocutores de los trabajadores, al momento en que los anoticiaba de su excusación.
El pedido para salir del país para vacacionar en República Dominicana, fue presentado el miércoles 14 de diciembre y generó un brote virulento de parte de los trabajadores, que hace meses no cobran su sueldo y que consideraron el plan una provocación. No obstante, el viernes 16 de diciembre dicho pedido fue denegado por la Justicia.
En ese marco, ocurrieron incidentes dentro del poder judicial, que fueron considerados “graves” y merecieron el repudio de los colegios de Magistrados y de Abogados, por atentar contra el servicio de justicia en particular, por las presiones contra el juez Sodero; y en general por el efecto que ello genera en el resto de los funcionarios y profesionales.
El lunes 19 de diciembre, a media mañana, unas 30 personas identificadas con remeras de la empresa ganaron las escalinatas del edificio público y trasladaron la manifestación hasta las puertas del despacho del juez Eduardo Sodero, que temió por su integridad y la del personal a su cargo.
Denuncia amenazas
También a raíz de ese episodio Sodero se vio obligado a tomar licencia por enfermedad durante tres días, y se reincorporó a la actividad este viernes.
A partir de entonces la Corte provincial ordenó extremar las medidas de seguridad en el edificio de Tribunales, por lo que los accesos laterales y posteriores fueron clausurados hasta fin de año y sólo es posible ingresar por una puerta vigilada por una decena de agentes de seguridad.
Ese mismo lunes 19 el magistrado presentó una denuncia penal por “amenazas calificadas” en la Unidad de Información y Atención de Víctimas y Denunciantes, a cargo de la fiscal Graciela Parma. Fue por una amenaza telefónica recibida el jueves pasado, mediante mensaje de texto y como consecuencia del pedido para salir del país de la empresaria María Galán.
Además, el juez Eduardo Sodero tenía previsto presentar ayer una segunda denuncia penal por “amenazas calificadas, calumnias e intimidación”, por lo acontecido el lunes 19 en la puerta de su juzgado.
Ordenan el desalojo
Antes de apartarse de la causa, el juez Civil y Comercial Nº 10, Eduardo Sodero, ordenó el lunes 19 de diciembre la “desocupación de la planta individualizada como Unidad Productiva Santa Fe” (Naranpol) y posterior “cierre del establecimiento”, a raíz de dos denuncias presentadas por la patronal ante la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria y del Instituto Nacional de Vitivinicultura, sobre la imposibilidad de realizar los controles de rutina, entre otras causas.
Con el aviso de los dueños de la firma de que en la línea de producción 6 se estaba elaborando Amargo Serrano Naranpol “sin ningún tipo de control de calidad”, la Assal visitó la planta el 13 de diciembre, pero “el personal de la empresa presente en el interior nos niega la entrada al establecimiento”, dijeron los inspectores del Ministerio de Salud.
También consta en la denuncia que existen dos tanques con 20.000 litros cada uno que contienen mezcla de alcohol, vino y extractos vegetales y más de 5.600 bandejas por 8 unidades de 1 litro de Vin-Up, todo intervenido por la Assal y el INV “por no ser apto por el consumo por contaminación con BTX por alcohol defectuoso”, argumentan.
Además, “existen en la planta 30.268 litros alcohol etílico, 18.280 kg de gas carbónico, 7.991 m3 de nitrógeno, 8 tubos de 50 kg de amoníaco, 8.400 lts de gasoil y 15 tubos de 45 kg de gas licuado”.
También el subdelegado de Santa Fe del INV reclamó no poder ingresar a realizar controles periódicos y así evitar la adulteración de los productos existentes.
Para el juez Sodero, “existen riesgos ciertos, serios y actuales para la salud y la seguridad pública”, como lo serían “eventuales incendios, escapes de gas o el consumo de sustancias tóxicas”. Ante dicha situación y la falta de controles de las autoridades con poder de policía, es que el juez ordenó la desocupación de la planta.
Por último, dejó expreso su interés en posibilitar la venta de la mercadería que sí fuera confeccionada bajo las normas de seguridad y que está valuada en $ 1.500.000, pero corren los plazos para su vencimiento.
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