España

Anuncian muy duro ajuste fiscal

De la Redacción de El Litoral

[email protected]

EFE

El Gobierno conservador español de Mariano Rajoy arrancó su estrategia contra la crisis y el déficit con la aprobación de un duro paquete de medidas de ajuste, que incluye un primer recorte presupuestario de casi 9.000 millones de euros y la subida del impuesto sobre la renta.

Un mes después de que el Partido Popular ganara las elecciones y menos de dos semanas después de asumir el mando del país, el nuevo ejecutivo señaló que las medidas adoptadas hoy son “el inicio del inicio de unos ajustes estructurales imprescindibles para reducir el déficit y dinamizar la economía española”.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, reveló que el déficit público en 2011 será en torno al 8 por ciento del PIB, “mucho más elevado de lo que había comunicado el anterior Gobierno” socialista, que calculaba acabar el año en un 6 por ciento.

La “mano derecha” de Rajoy dejó entender que el anterior ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero no les había informado correctamente, para subrayar después que “el desfase presupuestario está ahí, con independencia de su origen”, pero que “hay un gobierno dispuesto a tomar decisiones”.

Entre estas, algunas que ya se habían filtrado, como la congelación un año más de los sueldos de los empleados públicos -que en 2010 lo vieron recortado en un 5 por ciento de media- o la del salario mínimo interprofesional, que actualmente es en España de 641 euros al mes, uno de los más bajos de la UE.

También se ampliará la jornada laboral en la administración pública a 37,5 horas semanales, y se congelará la plantilla de todas las administraciones, salvo de los servicios básicos.

El Ministerio de Fomento será el más afectado por el recorte, seguido por los de Industria, Economía y Asuntos Exteriores.

Pero la “nueva situación” creada por el déficit del 8 por ciento del PIB -“extraordinaria y no deseada”, según Sáenz de Santamaríaobligará al Gobierno a adoptar también “medidas extraordinarias” y no previstas anteriormente.

Así, el ejecutivo del Partido Popular, que era reacio a aumentar los impuestos, aprobó aumentar durante dos años en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) las rentas de trabajo y de capital, además de la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles y la supresión de bonificaciones al gasóleo profesional.