EDITORIAL

Poderes en conflicto

El conflicto de poderes desatado en Río Negro, que incluyó el anuncio del flamante gobernador sobre la intención de poner en marcha el proceso de destitución del presidente -y único integrante- del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, no es solamente el emergente de la crisis desatada por el presunto asesinato de Carlos Soria y el abordaje político, policial y tribunalicio del caso, sino la derivación de una puja de antigua data.

A todas luces, las sucesivas aseveraciones del juez Sodero Nievas en las que aludió tanto a circunstancias propias de la causa -a pesar de que no tiene intervención formal en ella- como a aspectos de la vida privada de los protagonistas, resultaron imprudentes y fuera de lugar. No obstante debe otorgársele razón, si no en el procedimiento utilizado, en los fundamentos invocados para ello: había fuertes motivos para suponer que el gobierno de la provincia había puesto en marcha una operación de encubrimiento, para presentar al aparente homicidio como un “accidente doméstico”, y probablemente condicionar la investigación de modo que no se opusiera a ese resultado preestablecido.

La reacción del sucesor de Soria, al amenazar con iniciar juicio político al magistrado, tampoco reconoce como única motivación los exabruptos invocados, y tiene como directo antecedente el propósito del extinto gobernador de reemplazar a todo el elenco del Tribunal, conformado en las gestiones previas de otro signo partidario.

Soria -ex jefe de Inteligencia de la gestión de Eduardo Duhalde- ya había formulado duras declaraciones contra los jueces y dejado en claro, antes de asumir, que debían abandonar su puesto. Uno de ellos se adelantó y pidió su jubilación por anticipado, otro consiguió jubilarse después -aunque el gobernador se negaba a aceptarlo e insistía con el juicio político- y solamente quedó Sodero Nievas -de extracción justicialista-, en posición de resistencia. El caso fue planteado en su momento por la Junta Federal de Cortes, encabezada por el santafesino Rafael Gutiérrez, que denunció ante la Corte nacional los repetidos “agravios” contra el Superior Tribunal rionegrino y la intención de conformar uno nuevo, con integrantes adictos.

Es decir que el escabroso episodio que trepó al primer plano en los medios nacionales se inscribe en un contexto de puja de poderes, enfrentamientos personales y confrontación de intereses que lo precede y lo supera, y que revela un reconocible entramado, en el cual las instituciones republicanas quedan sometidas a un tironeo que las desmerece y apunta a someterlas.

Una muestra más de una constante que se repite de manera sistemática en muchas provincias argentinas, y que halla su marco en vicios locales y situaciones de larga data, pero también en una concepción política que, con distintas modalidades y bajo el amparo de supuestas pretensiones de renovación, replica esquemas que remiten a lo más pernicioso de la historia del país.