editorial
Escalada oficial contra la prensa
La compleja y amenazante situación que atraviesan los medios en el país, encajonados entre maniobras de cooptación y presiones de diverso tipo, mereció sucesivos pronunciamientos de organizaciones locales e internacionales. Pero el compendio y sistematización de episodios registrados durante 2011 que consta en la presentación realizada por la UCR ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) permite establecer hasta qué punto se acrecentó el año pasado el alcance de la intervención estatal en la materia.
La enumeración de acciones desarrolladas con el objetivo de constreñir a la prensa crítica y aumentar el volumen de la masa de medios propios o adheridos que registra el documento es más que elocuente: acción directa a través de grupos cercanos al oficialismo o inacción de agentes estatales; mecanismos de censura indirecta con amenazas de sanciones administrativas o penales; utilización discrecional y abusiva de la pauta publicitaria; uso de todos los medios de difusión estatales como propaladores de propaganda del gobierno.
A esto añaden el aprovechamiento del ciclo “Fútbol para todos” para difundir exclusivamente propaganda oficial; creación y manejo arbitrario de señales digitales que se destinan a personas de derecho público no estatal y a empresas privadas afines al gobierno; intervención en el mercado del papel por medio de la sanción de la ley que declara su fabricación y distribución de interés público; sospechosas y controvertidas decisiones judiciales contra la empresa de cable del multimedios más enfrentado al gobierno (Clarín) e inhibición de bienes a otro diario crítico (La Nación) por una supuesta deuda fiscal, desconociendo una medida cautelar de la Corte.
Con todo, la enumeración precedente todavía deja afuera acciones de otro tipo, como los bloqueos a la planta de Clarín y la prohibición de vender ese diario en el Mercado Central -con el correlato de la clausura de los puestos que no acataron la orden-, u otras más recientes, como la suspensión de los servicios de Cablevisión en el Senado nacional, y en despachos de la cámara alta bonaerense.
Pero aún hay más, dado que las denuncias judiciales del secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, contra varias consultoras que difundían índices de inflación superiores a los del Indec, operaron como acciones de censura indirecta, ya que las empresas dejaron de hacerlo y, desde entonces, la faena quedó a cargo exclusivamente de legisladores de la oposición.
El énfasis oficialista en su política hacia los medios aumentó al ritmo de la concentración de poder político -alentada por la contundencia del último resultado electoral y el valor totalizador que le asignó el kirchnerismo- y en un contexto de complicaciones advertidas y previstas en el escenario económico. En este contexto, hay razones para temer que la escalada continúe en aumento, y sólo resta indagar -e interpelar- cuánto desgaste podrá tolerar la democracia argentina.
