Cruzada distributiva
El misterio de las tarifas
Empecinado en el “relato” y en el reparto de culpas, el gobierno sigue ocultando o disfrazando los tarifazos en ciernes.
Ningún usuario quiere perder los beneficios. El caso de la tarjeta Sube, en Capital Federal, es un ejemplo.
Foto: DyN
Sergio Serrichio
En noviembre de 2011, cuando finalizaba el año futbolístico, en las transmisiones de Fútbol para Todos, la propaganda oficial decía, palabras más o menos: “a partir del 30 de noviembre, si el colectivo no tiene Sube, viajás gratis”. El domingo pasado, un spot televisivo de la Presidencia de la Nación, retomó el “relato” oficial. Dice: “a partir del 10 de febrero, si querés viajar en tren o en colectivo en el área metropolitana y no tenés tarjeta Sube, vas a perder los beneficios del subsidio. Y tu pasaje lo vas a pagar más caro”.
La propaganda no aclara cuánto más caro será el boleto, sino que presenta el anuncio de un aumento que oculta como un progreso compulsivo la conveniencia de contar con la tarjeta Sube.
Aclaremos, a esta altura, que el Sube es el Sistema Único de Boleto Electrónico, una tarjeta electrónica para los usuarios del transporte urbano de colectivos, tren y premetro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba), donde habita el 30 por ciento de la población del país. Fue anunciado con bombos y platillos, en un acto en Olivos, por Cristina Fernández, el 4 de febrero de 2009. La presidenta dijo entonces que el sistema estaría listo en 90 días.
Tres años y una semana después, quien no tenga Sube deberá pagar más caro, pero no se sabe cuánto. Ni por cuánto tiempo contar con la tarjeta permitirá postergar el guadañazo tarifario. Ni qué requisitos tendrán que cumplir quienes quieran preservar el subsidio.
Se trata de una nueva evidencia de la penosa gestión del Estado, por parte de un gobierno que no sabe cómo salir del atolladero y busca disfrazar un tarifazo de progreso o cruzada distributiva.
Entre 2005 y 2011, según datos de Asap, una ONG dedicada al estudio del presupuesto y las finanzas públicas, los subsidios al Transporte sumaron la friolera de 55.000 millones de pesos, sin contar los subsidios a la re-estatizada Aerolíneas Argentinas. Ese sistema permitió viajar barato a los habitantes metropolitanos, pero generó un corrupto sistema de prebendas y favoritismo en el reparto de subsidios, un gasto insostenible y un jauja regulatorio en el que los supuestos beneficiarios, los usuarios del transporte urbano de colectivos, viajaron cada vez peor, en unidades cada vez más viejas, menos frecuentes y peor mantenidas.
El gran repartidor fue hasta 2009 el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, que manejó a su antojo (como hoy lo hace su sucesor, Juan Pablo Schiavi, un ex funcionario macrista) la principal fuente de subsidios: el Sistema Integrado de Transporte Automotor de Pasajeros (Sistau) que, se calcula, asigna unos 15.000 pesos mensuales por unidad “activa” del área metropolitana. Además, el crecimiento del parque de colectivos se aceleró no sólo por lo que los empresarios invirtieran en nuevas unidades, sino en virtud de resoluciones de Jaime, que hasta 2009 siguió extendiendo la antigüedad máxima permitida a las unidades en servicio. Según la ley de Tránsito, era de hasta 10 años. Hoy llega hasta 15 años.
Uno de los conglomerados que más creció bajo este sistema fue el “Grupo Plaza” de los hermanos Cirigliano, que también actúa en transporte ferroviario y en el de colectivos de larga distancia y estableció en Qatar una cabeza de playa para importar gas licuado, necesidad que la Argentina tal vez no podrá evitar durante varios años, dada la caída de la producción interna y la rápida declinación de las reservas locales de gas.
La propia Cristina Fernández recibió a fines de 2009 a una delegación encabezada por el emir de Qatar y retribuyó la visita en enero de 2011. En el ínterin, por vía de Julio Grondona, el “don” de la AFA, la Argentina votó para que Qatar sea sede del mundial de Fútbol 2022. Luego, la empresa estatal Enarsa firmó con QatarGas un preacuerdo para la importación de 20 millones de toneladas de gas licuado, un contrato de valor cercano a los 50.000 millones de dólares. Los Cirigliano financiaron los gustos más caros del excéntrico Jaime, que incluyen yate y avión propios y varias propiedades en la Argentina y el exterior. La causa judicial por dádivas y corrupción, pese a numerosos indicios y 20.000 mails humeantes de evidencia, marcha a paso lento. Jaime sigue libre.
Pero volviendo a la cuestión tarifaria, no se trata de compadecerse de los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires. El subsidio por pasajero transportado es allí hasta once veces superior al que reciben, por caso, los usuarios del transporte urbano automotor en Santa Fe, Córdoba y Mendoza, donde también habita gran parte de la población del país, que paga el colectivo más caro y tiene menos alternativas. El subterráneo de Buenos Aires, que el año próximo cumplirá un siglo, es el único del país. Cuando se inauguró, era el único de América Latina; Brasil, que habilitó su primer servicio en 1974, tiene hoy transporte subterráneo (Metro) en seis ciudades: San Pablo, Río de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte y Brasilia.
No es casual entonces, que el subte fuera el disparador de la saga del tarifazo del transporte. El gobierno nacional, que se tomó tres años para implementar el Sube, le tiró al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, su enemigo político preferido (al lado de él, luce más “progre”) el subte por la cabeza, pero le quitó la mitad del subsidio. Macri dijo que se tomaría un tiempo para las tarifas, y horas después se despachó con un aumento del 127 por ciento. Fue sólo el inicio.
Ahora vienen los colectivos y trenes urbanos, pero con misterio, igual que, sigilosamente, llegarán los aumentos en gas y electricidad. El año pasado, el Estado nacional repartió subsidios por la friolera de 75.000 millones de pesos. Los “subsidios sociales” (como la llamada “Asignación Universal por Hijo”) fueron una parte mínima de la cuenta. El grueso fueron los subsidios a la energía y el transporte.
Ahora los fondos no alcanzan y hay que afrontar las consecuencias. En Buenos Aires, el gobierno nacional y Macri juegan a ver quién es el culpable. Mientras, todo el país espera el desenlace.
