Largo conflicto

Galán: “Que se cumpla la orden judicial”

Productora Alimentaria S.A. sigue tomada por un grupo de trabajadores que incumplen una orden de la Justicia provincial. “No puede ser que te roben a mano armada, todos miren y nadie se anime a involucrarse”, sostuvo su presidente.

De la redacción de El Litoral

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Martín Galán, presidente de Productora Alimentaria S.A., que comercializa, entre otras, la marca Naranpol, explicó en diálogo con El Litoral, que “lo que queremos es que nos devuelvan la planta para poder fraccionar y, a través de eso, preparar un plan de negocio para poder sacar la empresa a flote. Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla una orden judicial, porque mientras nosotros no tenemos acceso a la planta, diariamente salen de ella camiones (con carga) porque fraccionan de manera ilegal, ya que los insumos son nuestros”.

También señaló que “el gobierno provincial no se puede quedar mirando esta situación” y “los industriales también tienen que actuar, porque hoy es nuestra empresa, pero mañana será otra. No puede ser que te roben a mano armada y todo miren y nadie se anime a involucrarse”, sentenció.

—¿Cómo arrancó este largo conflicto?

—Primero quiero aclarar que se le llama conflicto a la presentación de un concurso de acreedores. Las primeras tomas de las plantas arrancan en una discusión salarial, no porque no se pagaran los sueldos. El juez que sale sorteado para el concurso da por caído los convenios colectivos de trabajo, razonable porque estaban totalmente desfasados de la realidad de la empresa -no la realidad que se merece el trabajador, que no tiene techo, sino lo que la empresa puede soportar como sueldos-. Eso fue boicoteado en forma diaria hasta en el propio juzgado y la empresa tomó la determinación de llevar los sueldos a montos de 4.000 a 4.500 pesos promedio. Pedimos que no se tomara la empresa porque si la empresa estaba en concurso era porque estaba con dificultades económicas y financieras, y que estabamos viviendo con un financiamiento dado por los proveedores. Pero esto no alcanzó, porque la gente que quería trabajar no pudo trabajar.

—¿Según ustedes, qué intereses están en juego detrás de todo esto?

—Estamos siendo víctimas de un grupo de intereses de Rosario, que no quiere tener una empresa en Santa Fe. Hoy, el sindicato de Santa Fe está comandado desde Rosario, y éste, por multinacionales. El gremio de Rosario encuentra una línea política de apoyo a la que le interesa nuestra logística, porque PA había encontrado en el mercado una participación muy importante a nivel nacional y si bien no tenemos camiones propios (tercerizábamos) no se dejaba, en el momento de apogeo de producción, de mover casi 500 y hasta 700 camiones mensuales. De ese modo, la logística pasó a ser clave de nuestro negocio, sólo para abastecer a todos los depósitos que teníamos.

—¿Por qué la toma de las plantas?

—No hay que olvidar que a la empresa se la toma en funcionamiento. No podemos soslayar que tenemos compromisos de pago y adeudamos salarios de un montón de trabajadores. Pero también es verdad que no nos han dado la oportunidad de poder abonarlos, porque han parado las plantas que producían los productos, que se comercializaban y que traían el dinero que se destinaba, entre otras cosas, a pagar los sueldos. Cuando se tomó la planta, el 25 de octubre pasado, nadie avisó que se la iba tomar. Entonces preguntan qué pasa con los sueldos. Es como cualquier comercio, que va destinando el dinero para las diferentes etapas, también para abonar los sueldos.

—¿Todos los trabajadores actúan de la misma manera?

—Se confunde a los trabajadores con 30 delincuentes que están tomando ilegítimamente una planta. Los mismos que mientras decían que estaban ejerciendo el derecho de huelga estaban armando una cooperativa. Es la cooperativa Trabajadores Naranpol Ltda., a la que la Afip le dio Cuit bajo el concepto de “Empresa Recuperada” cuando se trata de una empresa que está en el inicio de los pasos de un proceso concursal.

—¿Con un objetivo muy claro?

—Queda a las claras que hay gente que se quiere quedar con la empresa, que está aprovechando la inacción del gobierno provincial, que creo que no tiene mala voluntad en esto, sino sólo la inacción por no enfrentar una realidad y no ponerle un freno a algún compañero político aunque no sea de su bandera pero sí de su roce diario. Es como que no se quiere enfrentar la realidad de que hay delincuentes en una planta y que hay que sacarlos y eso tiene un costo, el mismo costo que cuando uno llama al comando y dice tengo ladrones en casa y el comando ingresa a salvar vidas y no sabe qué va a pasar en ese momento en el interior de su casa. Lógicamente que no estamos buscando que se agreda a nadie, pero la decisión judicial debe ser cumplida.

—¿En qué punto está el conflicto?

—Hay un juez de feria (Gustavo Ríos), que se interesó, leyó, y luego fundamentó el desalojo. Lo único que estamos pidiendo es que se cumpla una orden judicial. Ello genera una discusión entre un juez con el ministerio (de Seguridad) sobre si la orden debe ser pacífica -ojalá lo sea- o cuál será la metodología. Mientras tanto, diariamente, salen camiones de la empresa, fraccionan de forma ilegal, con nuestros insumos. Lo denunciamos ante la Assal (Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria) y no los dejaron entrar. Mientras tanto, siguen fraccionando.

—¿Cómo creen que están las instalaciones?

—Sabemos que fraccionaron mercadería, modificaron máquinas. Pero no sabemos cuál es el estado de los equipos y si están, porque no tenemos acceso a nuestra planta.

—¿La empresa sigue siendo viable?

—Lo es, en tanto y en cuanto haya un plan de negocio que pueda unir a las partes. Productora Alimentaria necesita de los trabajadores y del sindicato, del apoyo de los proveedores y de la convicción de que tenemos la marca, la fuerza y el mercado como para poder revertir esta situación.

—¿Qué deberían hacer para volver al mercado?

—Sin duda que la empresa no puede arrancar con una visión nacional como tenía hasta antes del conflicto. Hay que regionalizarla, ver cuántos puestos de trabajo son los necesarios. Pero hay que tener en cuenta que han saqueado la empresa. En depósito había entre 4 y 6 millones de pesos en mercadería que salieron a la venta y se la repartieron entre dos delegados. Dígame con qué capital vamos a arrancar y le diré hasta dónde podemos llegar.

—¿Qué rol jugaron el gobierno y sus pares industriales?

—El gobierno provincial no se puede quedar mirando esta situación. Los industriales también tienen que actuar, porque hoy es nuestra empresa, pero mañana será otra. No puede ser que te roben a mano armada y todos miren y nadie se anime a involucrarse. Haciendo memoria y escuchando a gente mayor, esto es como la historia de (Saúl) Ubaldini cuando cayó a Santa Fe y cerró la Schneider. O cómo una indecisión política terminó con la Fiat. No podemos permitir que a una empresa en funcionamiento se le haya impedido trabajar, se le haga generar deuda y creer que se la puede llevar a la quiebra y armar una cooperativa y que venga un grupo político a activarla para usufructuar un negocio. No es sólo a Productora Alimentaria a quien se tiene que salvar sino a la industria en general. Que te roben a mano armada y todos miren y que nadie se anime a meterse en el conflicto porque es demasiado grande o alguno piense que es una cuestión entre privados, es algo que nadie espera enfrentar. Esto, hace tiempo que dejó de ser un problema laboral para convertirse en una asociación ilícita, un robo de una empresa en marcha.

—¿Queda algo de optimismo?

—La familia siempre lo ha tenido. Debemos agradecer a todos los proveedores como también a una gran cantidad de empleados el apoyo que recibimos a diario. Están esperando que se abran las puertas para poder entrar y que no ocurra lo que ya sucedió, y es que estos delincuentes amenazan. El objetivo es sacar la empresa a flote. Esto termina con un compromiso mayor de la firma si es que nos dan la planta. Que nos den la planta significa enfrentar toda una situación de cómo remontar un negocio que va a llevar mucho más compromiso que dejar las cosas así y decir quiénes son los ladrones. Es discutir lo que es nuestro por el compromiso ético, de tener la dignidad de no dejarnos robar; y moral, porque sabemos que debemos dinero tanto a proveedores como a empleados. La parte difícil es que nos den la planta. Está comprobado que nos la están robando. Es nuestra y creemos en ella y en su futuro.

Facturación

—¿Fueron alertados de la creación de la cooperativa?

—Mientras formaban la cooperativa nos reunimos en el Ministerio de la Producción y nadie nos dijo nada de esto. Por otro lado, el propio gobierno provincial acepta la cooperativa. Tuvimos que dar de baja los puntos de facturación de las sucursales tomadas porque estaban facturando a nombre nuestro. Lo denunciamos ante la Afip. Lo levantaron de nuevo y están saliendo con facturas propias al mercado sin pagar impuestos. Es un claro robo de mercadería y de capital, que son necesarias para enfrentar el concurso, que no sólo es de la empresa sino también de los acreedores.

“Conocemos el negocio”

—¿Cómo se siente la familia Galán con todo lo que sucede?

—La realidad es que se nos ha demonizado como empresarios. Es fácil decir que hay tres jóvenes empresarios que no tienen noción de cómo manejar el negocio, lo que no es cierto, porque nosotros hace más de seis años que somos directores de nuestro negocio, lo conocemos a la perfección. Después del concurso tomamos decisiones para poder sacar la empresa a flote, creando nuevas marcas, haciendo alianzas comerciales con diferentes empresas, como Isenbeck, aprovechando nuestro esquema de distribución, o Rinde 2 (línea de jugos en polvo), trayendo marcas y creando propias para poder cubrir segmentos de un consumidor que era disperso, que no sólo consumía gaseosas sino aguas saborizadas, gaseosas de otras características. Pero la realidad es que ahora no se nos está dejando trabajar.