La chapa porá: viveza criolla en el norte santafesino
Patente correntina: API admite que no puede con la evasión
El titular de la Administración Provincial de Impuestos sostiene que no hay leyes con que perseguir a quienes mienten al patentar sus vehículos fuera de Santa Fe.
Cuando hay un vacío legal los controles provinciales no bastan. En Corrientes no se hacen demasiadas preguntas para patentar los vehículos.
Foto: Archivo El Litoral
Luis Rodrigo
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“Los datos que se difundieron en el Senado son reales: realmente se pierde mucho dinero por la inscripción de vehículos en otras provincias. Es un problema muy serio, pero la realidad es que (contra lo que se ha dicho en la Cámara alta) nos estamos ocupando -y desde hace más de un año y medio- de buscar una solución, pero carecemos de herramientas legales con las que actuar”, lamenta el titular de la Administración Provincial de Impuestos, José Raffín.
El funcionario niega que la API pueda torcer -con las leyes santafesinas y nacionales vigentes- el fenómeno social que provoca que por año, tan sólo en el departamento General Obligado, se pierdan 12 millones de pesos de propietarios de vehículos que no temen mentir al patentar sus vehículos fuera de la provincia de Santa Fe.
Con la ley de su lado, los contribuyentes que evaden al declarar que sus coches, sus camiones o sus camionetas se guardan la mayor parte del tiempo en Corrientes cuentan con la comprensiva gestión de municipalidades de Corrientes. En la provincia vecina no se pide cambio de domicilio, basta con radicar el vehículo.
El senador Orfilio Marcón (UCR-General Obligado) dijo la semana pasada que en una localidad correntina (ver mapa) hay unos 6.000 habitantes y que sin embargo allí se han inscripto unos 60.000 vehículos. El ex intendente de
Avellaneda prefirió no nombrar a San Cosme, que tiene un promedio de 10 vehículos por habitante: más alto que el de cualquier ciudad del Golfo Pérsico bañada en petrodólares.
También el legislador expresó que un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación otorgaba nuevas herramientas para que la provincia pueda perseguir a los evasores.
Por el contrario, el funcionario consultado por El Litoral negó que el pronunciamiento del máximo tribunal pueda tener efectos más allá del caso puntual que enfrentaba a una empresa de transporte con el organismo recaudador de Misiones. (Ver aparte).
Valores
Raffin dijo que “el problema, como bien se ha dicho en la Cámara de Senadores, no es sólo de Santa Fe o del norte santafesino: la misma situación viven Entre Ríos y Misiones, por su proximidad con Corrientes”.
El titular de la API explicó que en la provincia del chamamé una ley provincial delegó en las municipalidades no sólo la percepción sino también el valor del impuesto a la patente automotor. Así es que cada localidad, libremente, fija el valor del impuesto.
“Las entidades que reúnen a propietarios de transportes saben perfectamente de esta realidad, y con ellos hemos hablando muchas veces: nos dicen que si nosotros bajáramos en Santa Fe el gravamen no habría evasión, pero eso es falso”, expresó Raffín.
Explicó que “si por ejemplo la patente santafesina bajara un 50%, por decir una barbaridad, lo mismo podrían hacer sin problemas económicos las municipalidades correntinas que tienen la patente en oferta: para esas localidades no hay ninguna contraprestación, explicó”.
“Este es un tema realmente complejo, soy de Reconquista, conozco perfectamente esta situación y sé que la realidad que vive el norte santafesino no es diferente de la que sufren otras provincias. Se han sucedido reuniones de direcciones de impuestos sobre este tema, pero hasta ahora no se ha dado con una solución”, dijo Raffín.
Un caso testigo en Misiones
La provincia de Misiones, afectada por la fuga de contribuyentes que patentan sus vehículos con Corrientes, optó por una política activa frente a las empresas de transporte.
La Dirección General de Rentas de Misiones, con un escribano en Ituzaingó (Corrientes), probó que una firma de camiones no guarda ninguna de sus unidades en la provincia vecina, donde están radicados los rodados (para pagar menos por la patente) .
La firma fue intimada al pago del tributo por cada una de las unidades de la flota. Pero F.J.W. Sociedad Anónima de Transporte, empresa que se dedica al transporte de líquidos y secos altamente tóxicos y corrosivos o riesgosos y al transporte de derivados del petróleo y de cargas en general, con domicilio en la provincia de Misiones, acudió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entendió que se había contrariado la legislación nacional vigente.
La cabeza del Poder Judicial del país no se expidió sobre la cuestión de fondo, y en su lugar se declaró incompetente hasta tanto se pronuncie la justicia misionera.
El fallo es interpretado en Misiones como un triunfo para más intimaciones del organismo recaudador provincial (parece darse por descontado que los tribunales misioneros darán la razón al Ejecutivo).
En el mismo sentido, durante la sesión del jueves pasado, se manifestó el senador Orfilio Marcón (UCR-General Obligado) que puso el tema en el tapete.
El legislador considera que el fallo de la Corte nacional -citado en una comunicación aprobada por unanimidad por la Cámara alta- es una herramienta para evitar la evasión. Reclama al gobierno santafesino “abandonar su actitud pacífica” ante los 12 millones que anualmente pierden las comunas y los municipios de ese departamento.
Sin embargo, una lectura atenta del fallo de 8 carillas, fechado el 16 de agosto de 2011, permite advertir que el máximo tribunal no se ha expedido sobre la evasión impositiva, apenas sobre su incompetencia en la materia (hasta que resuelva un tribunal de inferior jerarquía).
Se trata de la sentencia F175 XLV (disponible en la página oficial www.csjn.gov.ar) que firmaron los jueces Elena Highton de Nolasco, Carlos Fayt, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay.
12
millones de pesos
por año -sólo en General Obligado- pierden las arcas fiscales santafesinas a manos de la “chapa patente porá”.
90%
de la recaudación
del impuesto a la patente automotor va a las municipalidades y las comunas en la provincia de Santa Fe.
80%
de los vehículos
modelo 2010 y 2011 que encuestó la municipalidad de Villa Ocampo tienen patente correntina.
Mieles del federalismo
L.R.
La ausencia de un criterio nacional para fijar el impuesto a la patente automotor permite asimetrías de todo tipo entre los diferentes Estados provinciales. El sistema federal lo permite.
El caso más extremo es el de Corrientes. Su legislación provincial, inobjetable porque nace de su autonomía, fomenta el abaratamiento del gravamen por vía de la competencia entre municipios, y fuera de sus límites favorece que se elija la evasión.
Es lo que ocurre con el norte santafesino, con buena parte de Entre Ríos y con Misiones. Sus contribuyentes optan por fingir que sus vehículos pasan la mayor parte del tiempo en Corrientes o en Chaco, donde el impuesto es más barato, a cambio de nada.
Los autos, los camiones y las cuatro por cuatro santafesinas que tributan en localidades ubicadas fuera de la provincia no demandan ningún tipo de inversión para las intendencias que hacen la vista gorda, y los reciben con los brazos abiertos, sin hacerles demasiadas preguntas.
Un pueblo de 6.000 habitantes con 60.000 vehículos patentados puede bajar a niveles ínfimos el valor de la patente, y siempre saldrá ganando. Aunque les cobre un peso.
Otro caso similar de municipalización extrema del gravamen -a caballo del federalismo- es Neuquén. Allí -porque las distancias patagónicas son mayores- los efectos se limitan a lo que ocurre dentro de la provincia capicúa: los distritos compiten por bajar el impuesto para quitarse, unos a otros, los contribuyentes.
Hay un caso aún más notable. La prensa del interior de la provincia de Buenos Aires y de ciudad de La Plata refleja una nueva modalidad de recaudación: intendentes de pequeñas poblaciones chaqueñas -con carpetas de ofertas bajo el brazo- recorren los despachos de las empresas de transporte para ofrecerles el patentamiento a bajo costo. Huelgan los comentarios.
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