Tras un fallo adverso en primera instancia
EPE: cautelar dejó sin efecto la multa K
El gobierno santafesino logró que la Nación no pueda reclamarle las notas de débito de $ 40 millones. Pero el fallo de la Cámara Federal no se expide sobre la cuestión de fondo.
De la Redacción de El Litoral
Con votación dividida, la Sala B de la Cámara Federal de Rosario se pronunció en favor de una medida cautelar impulsada por la Empresa Provincial de la Energía contra el gobierno nacional, por la “multa” que se había impuesto a la EPE por aumentar sus tarifas.
La justicia, en segunda instancia, hizo prosperar la petición de la EPE para frenar los efectos de la resolución 216/11 de la Secretaría de Energía de la Nación que quita los subsidios al precio mayorista de la energía eléctrica a las empresas distribuidoras que -como la de Santa Fe- aplicaran aumentos con posterioridad a su dictado.
La justicia federal aún no se ha expedido sobre la cuestión de fondo, que puede resumirse con una pregunta: ¿puede el gobierno nacional subsidiar la energía eléctrica mayorista a algunos usuarios del país y no a otros según la empresa distribuidora que los provea?. Esa es la situación que viven los usuarios del servicio eléctrico en la provincia de Santa Fe y en Córdoba (ver aparte), además de otras provincias más chicas, como Río Negro, donde se permitió el aumento de tarifas en cooperativas eléctricas.
Interpretación
Ayer, el gobierno santafesino indicó que el fallo judicial invalidó la sanción impuesta por la Secretaría de Energía de la Nación a la EPE, “al entender que las tarifas del servicio no son potestad del gobierno central, como tampoco su política de inversiones”, interpreta un parte de prensa oficial.
En rigor, el fallo de la Cámara dice que se resuelve: “revocar la resolución recurrida 216/11, haciendo lugar a la medida cautelar” peticionada por la EPE, pero no habla de la cuestión en debate.
El escrito sostiene que la labor de la Cámara se limita a lo solicitado por la actora en primera instancia, es decir, el dictado o no de una medida cautelar que suspenda los efectos de la resolución, no la cuestión de fondo, según lo que han entendido los jueces Edgardo Bello y José Guillermo Toledo. En minoría, Élida Isabel Vidal votó en disidencia.
Servicio básico
La mayoría del tribunal entiende que debe actuar en el marco de “un complejo planteo jurídico, donde se encuentra en juego la prestación de un servicio público básico”, la provisión de energía eléctrica para toda la población de la provincia de Santa Fe. Más adelante dice que existe “peligro en la demora” sobre la procedencia o no de la resolución del gobierno nacional, “por lo que (mientras tanto) corresponde revocar la resolución impugnada”.
El tribunal paraliza los efectos de la medida “sin que ello signifique adelantar opinión sobre la cuestión de fondo a resolverse una vez sustanciada la acción de amparo”, dice textualmente el fallo.
La disidencia de la Dra. Vidal va más allá: entiende que antes del dictado de la cautelar es procedente que pueda expresarse sobre la cuestión la administración del Estado Nacional, ya que -como el juez de primera instancia rechazó el planteo de la EPE- aún no ha argumentado.
Cabe destacar que, en primera instancia, la EPE no había logrado que se paralizara la medida. El juzgado federal Nº1 de la ciudad de Santa Fe, a cargo del Dr. Reynaldo Rodríguez, denegó la cautelar solicitada.
La declaración de Senadores
El fallo sobre la EPE y las multas K, que se conoció ayer, tuvo como marco informativo una polémica entre diputados nacionales kirchneristas -aún los electos por Santa Fe-, y los funcionarios del gobierno santafesino.
Curiosamente, una declaración política del Senado santafesino -donde el peronismo y el kirchnerismo tienen amplias mayorías- fue parte de los argumentos jurídicos, legales y políticos que presentó el Poder Ejecutivo de Santa Fe, a través de la Empresa Provincial de la Energía.
El 24 de noviembre de 2011, durante la penúltima sesión de la composición anterior de la Cámara (cuando el PJ tenía 13 senadores) el Senado aprobó una declaración que impulsó el entonces senador por Rosario, Juan Carlos Zabalza (FPCS).
El hoy diputado nacional socialista logró la unanimidad para peticionar frente a la Nación ante lo que -por entonces- podía parecer apenas una amenaza: castigar a las empresas distribuidoras de energía que tocaran tarifas.
La Cámara de Senadores aprobó el año pasado “un texto extremadamente cuidadoso con las palabras, pero en cualquier caso implica para los senadores -sobre todo del bloque mayoritario del peronismo- asumir una posición política que condena las amenazas K de discriminar, otra vez, a Santa Fe con los subsidios nacionales”, decía la crónica de El Litoral.
Más adelante, cuando lo que era una amenaza se convirtió en realidad, el ministro de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente, Antonio Ciancio, acuño el término “multa” para referirse a las notas de débito que Cammesa (la Compañía Admministradora del Mercado Mayorista) giró a la EPE por 40 millones de pesos, correspondientes a diciembre de 2011 y enero último. Una estimación extraoficial, publicada por El Litoral -que no fue desmentida por la EPE- indicó que un 60% del producido por el aumento tarifario se perdería por las llamadas multas k. Ahora el fallo de la Sala B de la Cámara Federal de Rosario deja esos fondos en la EPE.
