El pliego necesitará acuerdo legislativo

El Poder Ejecutivo propondrá un

candidato para suceder a Bassó

El ministro de Justicia ratificó la vigencia del decreto autolimitativo dictado por Binner al inicio de su gestión. Desechó el planteo del defensor general Ganón sobre la inconveniencia de la cobertura.

Mario Cáffaro

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“La intención es que las instituciones queden funcionando correctamente y se procederá a hacer la sucesión. El fallecimiento de (Agustín) Bassó es muy reciente y hay muchos pasos por cumplir” señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Lewis a El Litoral, ante la consulta sobre los tiempos que se dará el Ejecutivo para proponer un nombre para el lugar que quedó vacante.

El deceso de quien ocupara en los últimos cinco años uno de los principales cargos en la Justicia santafesina permitirá poner en marcha el mecanismo establecido en uno de los primeros decretos (el 0018) que firmó el ex gobernador Hermes Binner cuando llegó al cargo: un mecanismo de selección para el nombramiento de ministros de la Corte Suprema de Justicia y del procurador.

El cargo a cubrir es uno de los establecidos en la Constitución santafesina que en su artículo 84 dice: “La Corte Suprema de Justicia se compone de cinco ministros como mínimo y de un Procurador General”.

Lewis ratificó la decisión del gobernador, Antonio Bonfatti, de cubrir el cargo ante el planteo del titular del Servicio General de la Defensa, Gabriel Ganón, quien pidió al Ejecutivo que se abstenga de nombrar un nuevo funcionario, ya que la tarea puede ser cubierta por él o por el titular del Ministerio Público Fiscal. “No es un planteo de Julio de Olazábal” aclaró Lewis ante la consulta. “Fue planteado en la Mesa de Diálogo; no tuvo aceptación, no se terminó de tratar. Sé que hay gente decididamente en contra de eso. Hicieron algunas objeciones y quedamos en volver a verlo en la próxima reunión, porque no estaba en el temario de la Mesa, del miércoles último. En lo personal no estoy de acuerdo con eso. El cargo de procurador está previsto en la Constitución y tenemos la idea de ocuparlo efectivamente”, ratificó el ministro.

Límites del gobernador

Lewis rescató el decreto que dictó Binner, el que nunca pudo utilizar porque no contó con esas vacantes en los cuatro años de gobierno. “Es un decreto interesante, muy parecido al 222, que dictó en su momento Néstor Kirchner y que lo estrenó con el nombramiento de Zaffaroni. Este decreto reglamenta la facultad que tiene el Poder Ejecutivo en su intervención en el nombramiento de ministros de la Corte y procurador”, postulación que luego debe ser convalidada por la Asamblea Legislativa.

El funcionario recordó que para vocales de cámaras y jueces de Primera Instancia el gobernador estableció una autolimitación a través de la creación del órgano consultivo que es el Consejo de la Magistratura. “En la gestión de Binner se le ha dado un impulso muy especial a través de un tratamiento transparente de estos procesos de selección en el que el Poder Ejecutivo no interviene, tampoco el Legislativo y sí los Colegios de Abogados y Magistrados y las universidades públicas. Se le dio una vuelta de tuerca abriendo una instancia de participación de la sociedad civil donde el postulante tiene que presentarse en el lugar donde aspire a prestar funciones a una entrevista pública donde tiene que dar cuenta de sus compromisos con la democracia y los derechos humanos”.

En cuanto al decreto para la Corte y el procurador establece un mecanismo para efectuar este nombramiento con posterior acuerdo de la Asamblea Legislativa. “Se intenta darle la máxima publicidad al procedimiento y las máximas posibilidades de participación a la sociedad, a la comunidad. ¿Cómo se hace? El gobernador postula a una persona y la hace conocer de la manera más amplia posible. Una vez terminada esa manifestación, se abre un plazo para que cualquier ciudadano, ONGs, asociaciones civiles, puedan efectuar adhesiones u objeciones en relación a esa postulación. Una vez pasado el plazo, el gobernador determina si acepta o no acepta las posturas y si fuera el caso manda el nombramiento a la Asamblea Legislativa para el acuerdo. Luego, la Legislatura también tiene un proceso de entrevista, objeciones, etc.”.

El mismo decreto 0018 establece algunas de las características que deberá tener el postulante. “Fue siempre preocupación de este gobierno que llegasen a la Magistratura personas que tuviesen algún recorrido académico, sobre todo a estos lugares, los más altos. Es para darle calidad, excelencia a la función judicial. No es requisito establecido, es criterio político de la gestión”, explicó.

También el decreto en su artículo 3 establece un criterio territorial, pide que se refleje la diversidad de género, especialidades y procedencias regionales. “Estas son situaciones poco frecuentes y se trata de buscar el mejor nombre que nos provean las circunstancias. Allí hay criterios generales”, acotó.

“Dispónese que, al momento de la consideración de cada propuesta, se tenga presente, en la medida de lo posible, la composición general de la Corte Suprema de Justicia de la provincia para posibilitar que la inclusión de nuevos miembros permita reflejar las diversidades de género, especialidad y procedencia regional”.

Decreto 0018

dictado por Binner.

La Mesa del Diálogo para la reforma penal

El ministro de Justicia afirmó que “hay una visión generalizada de que todo el proceso de reforma penal ha avanzado de manera increíble desde la implementación de la Mesa de Diálogo. Es un espacio muy fructífero de trabajo donde se ajustan todas las cuestiones para ir implementando el nuevo Código. Hay discusiones acaloradas, pero se dan en ese espacio donde participan todos los que tienen responsabilidades y todos los que hablan lo hacen con conocimiento de causa y a sabiendas de que lo que salga, él tendrá que responder. Son discusiones informadas y cuando se logran consensos, implican progresos importantísimos. La reforma ha avanzado como nunca desde que se ha naturalizado este espacio, resaltó.

Lewis también descartó un nuevo retraso por la situación financiera de la provincia. “Algunos agoreros pretenden que a partir de las dificultades financieras que tiene la provincia esto tenga impacto en la reforma. Hasta ahora, la situación financiera no ha repercutido absolutamente en nada en el proceso de transformación de la Justicia Penal. Hay un firme compromiso del gobernador, que ha ido a la Mesa a transmitir su decisión de mantener como eje central de gestión esta transformación histórica del sistema procesal penal”.

La novena reunión de la semana se realizó el miércoles último, donde se trataron temas relativos a la transición del viejo al nuevo modelo, de corte adversarial y acusatorio. En el marco de la implementación del nuevo sistema, los titulares del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de la Defensa dieron cuenta de los avances en torno a la reglamentación y estructuras de las instituciones a su cargo. La próxima reunión tendrá lugar el próximo 18 de abril en la ciudad de Rosario.