editorial
Un barrio usurpado
El 21 de marzo pasado, El Litoral publicaba una información bajo el siguiente título: “El plan de 180 viviendas en Santa Rita II está paralizado hace cinco años”. Ese mismo día, diputados provinciales del PJ denunciaban públicamente que el barrio en cuestión se encontraba en virtual estado de abandono. Presentaron un pedido de informes al Ejecutivo provincial que, incluso, recibió el apoyo de los legisladores oficialistas.
Apenas un par de semanas después, familias movilizadas por la Corriente Clasista y Combativa (CCC) ocuparon por la fuerza gran parte de las 180 viviendas. Pronto llegaron nuevas familias de manera espontánea, para usurpar las pocas casas que aún no habían sido tomadas.
La construcción de este barrio se inició durante 2006, en el marco del Plan Federal I. El plazo de construcción era de 12 meses, pero en 2007 la obra se paralizó y quedó a medio terminar por falta de fondos para completar trabajos de infraestructura.
El 19 de abril de 2010, se supo que los techos de al menos diez viviendas habían sido desmantelados por desconocidos. El proyecto continuaba paralizado y en virtual estado de abandono. Las malezas cubrían gran parte del futuro barrio y desde la Dirección de Viviendas se aseguró que intimarían a la empresa constructora para que repusiera lo robado por no custodiar adecuadamente el lugar. También se dijo que las 180 viviendas iban a ser terminadas con fondos de la provincia, a más tardar a principios de 2011. Nada de esto ocurrió.
Desde que asumió el actual gobierno, estableció como uno de sus pilares de gestión la necesidad de facilitar el acceso a la vivienda a miles familias en la provincia -se calcula que sólo en la ciudad Capital alrededor de 15.000 familias intentan acceder a un techo propio.
Se sabe que el problema no es nuevo y que la provincia de Santa Fe se encuentra excluida de la inversión del gobierno nacional en materia habitacional. Basta con recorrer otras provincias alineadas políticamente con la administración central, para notar de qué manera Santa Fe resulta discriminada en este sentido.
No resultaría aventurado sospechar que detrás de la movilización de la CCC opere algún sector político interesado en enrarecer el clima. También es verdad que la usurpación de viviendas por la fuerza resulta inadmisible. No sólo porque representa un delito, sino porque además es una verdadera afrenta para miles de personas que, paciente e infructuosamente, aguardan durante años la posibilidad de acceder a una casa.
Sin embargo, parece por lo menos insensato que en este contexto, un barrio como éste permanezca tantos años a medio terminar. No sólo porque se trata de una necesidad impostergable, sino porque el paso del tiempo incrementa las posibilidades de que las casas sean usurpadas, como finalmente sucedió.
El gobierno asegura que se llegó a un principio de acuerdo con los usurpadores y que el problema tiene principio de solución. Sin embargo, da la sensación de que esto recién comienza y que, encontrar una salida, representará un camino difícil y desgastante para todos los actores involucrados en la problemática.
