De “punteros” y responsabilidades políticas

Ocupaciones: repudio de los

ediles y duro debate político

De la redacción de El Litoral

[email protected]

El tema de la semana derivó en un intenso debate ayer en el Concejo local. La toma del plan de viviendas en Santa Rita II y Las Delicias disparó la discusión -de fondo- sobre el problema habitacional en Santa Fe y el acceso a la vivienda como derecho social. Pero, la controversia residió en las responsabilidades políticas: desde el oficialismo se defendieron las políticas de vivienda social, aunque se admitieron retrasos; desde la oposición se endilgaron responsabilidades al Estado provincial, y se reprobaron recientes declaraciones de funcionarios municipales, que aludían a las eventuales operaciones de “punteros políticos vinculados con el peronismo” en la usurpación.

La única coincidencia fue el repudio a la metodología: al final del debate, el Cuerpo en su conjunto manifestó su “profunda preocupación” por la ocupación ilegítima de las viviendas sociales encabezada por la Corriente Clasista Combativa (CCC), y rechazó enfáticamente “la usurpación como forma de acceso a la vivienda”, Asimismo, reivindicó “el diálogo en el marco del Estado de derecho como medio de solución de intereses de todos los vecinos”, según una declaración aprobada por el Cuerpo.

En lo medular del contrapunto legislativo, la cuestión pasó por las responsabilidades políticas de la ocupación, en lo que se hizo (y en lo que no) en materia habitacional. Vanesa Oddi (FPCyS) enumeró los esfuerzos y aportes de partidas en materia de vivienda social que viene realizando el gobierno provincial. Aunque admitió que “detrás de las viviendas ocupadas con esta metodología, hay ciudadanos que han cumplido con los requisitos y que están esperando sus hogares, y esto el Estado no lo debe desconocer”.

“Reconocemos el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos, los problemas y necesidades de la gente que no tiene dónde vivir; pero el Estado no puede ser indiferente ante el avance de metodologías de estas características, como la usurpación. De ninguna manera resolveremos así el problemas de fondo. Desde el Estado, existe una responsabilidad y se va a necesitar un diálogo sincero. Lejos estamos de estigmatizar a las organizaciones sociales, pero debemos llevar adelante diálogo y acuerdos con la CCC”, subrayó la socialista.

Tanto Marcelo Ferreira (100 % santafesino) como Ignacio Martínez Kerz y Roberto Campanella (PJ) hablaron del “estado de abandono” en que se encontraba el plan de casas en Santa Rita II, y de la “ausencia” de los Estados municipal y provincial en políticas habitacionales. “Un Estado ausente ante la urgencia y la demanda social de obtener una vivienda hace que se enfrenten vecinos contra vecinos, y que no se garanticen derechos básicos”, coincidieron.

Declaracionespolémicas

Campanella fustigó contra las declaraciones realizadas por el secretario General (Carlos Pereira) y la secretaria de Gobierno (Adriana Molina), quienes dieron a entender días atrás que la usurpación era impulsada por “punteros políticos vinculados con el peronismo”. “Decir eso fue simplificar la tragedia, no contribuir al diálogo. Estos dichos no ayudaron a la pacificación, fueron inoportunos, sumaron más desorden, y fueron injuriantes para un sector institucionalizado de la política que es el peronismo”, bramó el edil.

“La verdad que nos hincha (sic) un poco esto de que cada vez que hay protesta social echen culpas a militantes peronistas. El municipio y la provincia deben hacerse responsables, y dejar de tirar la pelota para otro lado. Jode bastante que siempre nos estén responsabilizando de las cosas que pasan, tienen que gobernar y dejar de echar culpas a los demás”, dijo con fastidio Sebastián Pignata (Producción y Trabajo).

En la sesión de ayer pasó de todo. Hasta se habló de una suerte de “Proyecto X vernáculo” (aludiendo al plan de inteligencia de Gendarmería Nacional sobre dirigentes de agrupaciones sociales, que tuvo espacio semanas atrás en los diarios porteños). Ediles de la oposición afirmaron que personal de la Guardia de Seguridad Urbana -que depende del municipio- estuvo tomando fotos y números de patentes de militantes eventualmente vinculados con la ocupación, en una suerte de estrategia de inteligencia “con el propósito de criminalizar la protesta social”, según definieron.

Robos y arrebatos

Patricia de Moreira, una vecina de barrio Los Ángeles, se contactó con El Litoral bajo un estado de nervios. Vive a pocas cuadras del plan usurpado en Santa Rita II y esta mañana fue víctima de un asalto. “Quiero irme del barrio. Desde que llegó esta gente nuestra tranquilidad se truncó. Estamos expuestos a cualquier cosa porque la policía solo circulacerca de Chaco al 5000 pero no por los barrios lindantes”, contó. Sobre lo ocurrido dijo que unos jóvenes la interceptaron en la calle y, bajo amenaza, le quitaron la cartera. Además, advirtió no ser la única víctima. “A mi vecina le pasó lo mismo hace unos días. Desde que se usurpó el plan hay asaltos y arrebatos permanentemente”.

Hasta el momento que se comunicó con El Litoral, la mujer no había realizado la denuncia pero pensaba hacerla. “No creo que denunciando el hecho pueda recuperar algo de lo que me robaron, pero por lo menos va a quedar registrado para que las autoridades tomen cartas en el asunto”, dijo.

Por último, El Litoral pudo saber que hasta el momento la jueza que interviene en la causa no pidió ninguna reunión, ni envió ningún oficio al gobierno provincial, luego de que éste presentara el informe que le fue solicitado.