La expropiación de YPF
El impacto de las trabas
de España en Santa Fe
La industria de biodiésel del polo sojero del Gran Rosario será la más afectada por las medidas que tomó España. Este país importó en 2011 el 53 por ciento de las exportaciones del biocombustible. El gobierno argentino evalúa ampliar de un 7 a un 10 por ciento el corte de combustible vegetal en el gasoil. Pero esta medida no compensará la caída de este mercado.
Germán de los Santos
Al calor del anuncio de la expropiación de Repsol-YPF, que hizo la presidenta Cristina Fernández el 16 de abril pasado, España respondió dos días más tarde con la imposición de trabas a la importación de biodiésel argentino. Esta medida reclamada por los fabricantes ibéricos de combustible vegetal desde hace más de un año puede provocar “un daño severo” en la economía ligada al sector agroindustrial en la provincia de Santa Fe, que tras la merma en la cosecha de soja que en esta campaña alcanzará los 42,5 millones de toneladas y será unos 6,7 millones de toneladas menor que la anterior tendrá casi un 40 por ciento de la capacidad ociosa.
La medida que firmó Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, que pondrá cupos de importación al biodiésel en resguardo de la industria local, tiene un fuerte impacto en el país, porque España es el principal comprador del biodiésel que se produce en la Argentina, cuyo núcleo está enclavado en el Gran Rosario, donde desde hace una década se conformó un polo de fabricas de biodiésel a la par de las terminales aceiteras. Desde 2007 las inversiones en el sector de biocombustibles superaron los 900 millones de pesos. Muchas empresas del sector se habían volcado a la producción de biodiésel porque les convenía a nivel impositivo, ya que las retenciones son diferentes. El biodiésel aporta una retención cercana al 20 por ciento, mientras que el aceite paga 32 y la soja en poroto un 35 por ciento.
Un fuerte golpe
De acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en base a datos de la Cámara Argentina de Energías Renovables (Cader), se estima que la capacidad instalada de la industria de biodiésel alcanzará este año las 3.084.000 toneladas. El crecimiento del sector fue enorme y vertiginoso: en 2006 la capacidad de producción no superaba las 130 mil toneladas.
“Es innegable que si España deja de comprar biodiésel a la Argentina esto va a representar un fuerte golpe para la industria”, evaluó Rogelio Pontón, director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario. España es el principal comprador del biocombustible en base a soja, y en 2011 adquirió 886.000 toneladas, que representaron el 53 por ciento de las exportaciones totales argentinas de este producto.
Al caerse este mercado, una de las alternativas que se manejan, según advirtió Pontón, es ampliar el corte de biodiésel en el gasoil para consumo interno, que como establece la ley 26.093 actualmente es de un 7 por ciento. La Cámara Argentina de Biocombustibles, que agrupa a los principales jugadores del sector, completó una serie de ensayos con un 3 por ciento más de biodiésel en el gasoil. El biocombustible B10 fue probado en una camioneta cero kilómetro y se comprobó que un mayor porcentaje de este producto en base a soja no alteró el normal desempeño del motor ni del lubricante. Los que se oponían a ampliar el corte de biodiésel en el gasoil eran las propias petroleras, que debían proveerse de este insumo, pero tras la expropiación de Repsol el mapa del sector hidrocarburífero cambió de forma notable. Y el Estado será uno de los árbitros principales.
Según los cálculos de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, la decisión de subir de 7 a un 10 por ciento el corte obligatorio en el gasoil incrementaría el consumo en el mercado interno en 300 mil toneladas, que representa un 30 por ciento de lo que compró España el año pasado.
Una decisión que se madura hace tiempo
La Asociación de Productores de Energías Renovables (Appa) de España presiona al gobierno ibérico desde principios del año pasado para que cierre la importación de biodiésel de Argentina y de Indonesia. El argumento de los dueños de las fábricas de biocombustible, que atraviesan una crisis terminal, es que en ese país no pueden competir contra el combustible verde argentino y asiático (que es de palma). Es que de acuerdo a datos oficiales el 89 por ciento del biodiésel que importa España provienen de estos dos países.
En 2011 la producción de biodiésel en España bajó por primera vez en la historia. No fue una baja estacional sino un derrumbe: cayó un 50 por ciento la fabricación de este combustible vegetal, y las plantas sólo utilizan el 14 por ciento de la capacidad instalada.
El argumento que usan los fabricantes ibéricos es que corren en desventaja y que no pueden competir con las multinacionales argentinas, que no sólo producen biodiésel sino también aceite, harina y pellets. Según señala el diario El País en febrero de 2011, la Appa argumenta que la exportación de biodiésel paga en Argentina una retención menor al 20 por ciento, mientras que la venta de poroto abona un 35 por ciento, y el aceite un 32 por ciento. “La avalancha de biodiésel de Argentina tiene su origen en el sistema de tasas diferenciales a la exportación que aplican ambos países”, advirtieron en su momento desde Appa. Los españoles dicen que estas diferencias en los tributos generan una “ventaja competitiva artificial” a la Argentina, que dimensionan en más de 100 euros por tonelada de biodiésel.
Con Indonesia sucede algo parecido, según esta visión, ya que el gravamen sobre la exportación de aceite de palma es del 25 por ciento, mientras que el biodiésel producido con dicho aceite sólo tiene una imposición del 10 por ciento.
En medio de los problemas económicos que enfrenta España, más allá de los que padece el sector, la Appa elaboró un proyecto para que el gobierno establezca una orden de asignación de biodiésel. El gobierno de Rajoy lo que hizo fue redactar la denominada “orden de asignación de biocombustibles”, con las que se establecen cupos de producción a las fábricas españolas, que atraviesan una fuerte crisis que llevó a que más de 30 plantas cerraran en los últimos dos años. Esta norma, a pedido de la Appa, estaba redactada desde hace más de un año, pero según señalan desde esta entidad en los medios españoles nunca se había promulgado ni publicado en el Boletín Oficial por las “presiones efectivas” del gobierno argentino sobre el ministro de Industria de la anterior administración, Miguel Sebastián. Rajoy decidió sacarla del cajón y ponerla en práctica como reprimenda a la expropiación de Repsol-YPF.
