PREVIA A LA DISCUSIÓN LEGISLATIVA

Reforma tributaria: fuertes críticas

desde sectores empresariales

En un seminario organizado por la Fundación Libertad, representantes de la construcción y comercio lanzaron fuertes cuestionamientos a los cambios impositivos planteados por el gobierno. Beccari dijo que las modificaciones “obedecen a un intento de armonización con otras regiones del país”.

Germán de los Santos

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La Fundación Libertad fue sede de uno de los primeros round en la discusión de la reforma tributaria por fuera del ámbito natural como es la Legislatura, donde el proyecto ingresó el 18 de abril pasado. En el quinto piso del edificio donde desde sus ventanas se aprecia la magnificencia de los humedales, representantes de sectores económicos afectados por el proyecto de modificación tributaria, como el comercio, agro y construcción plantearon sus dudas y reproches, que atajaron en la sala el secretario de Ingresos Públicos, Sergio Beccari, y el director de Catastro, Horacio Palavecino.

El disparador de la consigna fue la reforma tributaria que el Ejecutivo del Frente Progresista envió a la Legislatura con el argumento de buscar una “mayor justicia tributaria” e incrementar la recaudación en unos mil millones de pesos, según admitió el ministro de Economía, Ángel Sciara, a El Litoral. A trazo grueso la iniciativa propone incrementos segmentados en el Impuesto Inmobiliario, tanto Urbano como Rural, elimina la exención del pago de Ingresos Brutos a la construcción de viviendas no de obra pública pero mantiene bajo esta excepción a la industria. También se modifican algunas alícuotas para sectores como el financiero y telecomunicaciones y como contrapartida se libera del pago al transporte público de pasajeros.

En el primer tramo del seminario se abordó el tema desde el aspecto técnico, con la exposición de la docente de la Universidad Nacional de Rosario, Germana Figueroa Casas, y la asesora de empresas agropecuarias Amalia Selva. Las dos contadoras hicieron un repaso detallado del proyecto de ley y se dedicaron a discernir sobre los alcances de la normativa que se tratará en la Legislatura. Las especialistas coincidieron en plantear sus dudas sobre cómo será el efecto cascada fundamentalmente en impuestos nacionales como Bienes Personales y Ganancia Mínima Presunta, y provinciales como Sellos del incremento de las valuaciones fiscales de los inmuebles rurales. Figueroa Casas admitió que el valor fiscal de las propiedades rurales “está muy bajo” con respecto al mercado y abrió un interrogante: “La valuación fiscal de los inmuebles es la base de cálculo de otros tributos que recauda la Afip como bienes personales y ganancias: ¿Esto no sería un efecto no deseado de la reforma? Porque en realidad se beneficia a la nación con el incremento de las valuaciones fiscales”. Otro de los interrogantes que surgieron es cómo va a impactar el incremento en los arrendamientos y en el costo de la explotación agropecuaria.

Enojo empresario

El análisis de las dos contadoras estuvo alejado de cargas subjetivas, y deambuló por un universo técnico. El clima cambió cuando se abrió el debate a partir del panel en el que participaron Enrique Escurridor, de la Cámara de Agencia de Viajes y Turismo, y Mario Ulanovsky, de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV). Las críticas al proyecto impulsado por la gestión de Antonio Bonfatti fueron planas y directas.

Escurridor cuestionó que los cambios en el mapa tributario provincial van a provocar “un impacto muy duro en el sector comercial. Durante los últimos diez años nos dijeron que los impuestos como Ingresos Brutos y Sellos iban a desaparecer con el pacto fiscal federal. Nos mintieron. Se suponía que estos gravámenes perjudicaban a la industria y al comercio”. La crítica principal de Escurridor se centró en los incrementos escalonados en el pago de Ingresos Brutos. El proyecto oficial prevé una recategorización de este tributo para grandes contribuyentes de acuerdo con el monto anual de ventas. El incremento de la alícuota general básica, hoy del 3,5 por ciento, se elevará al 3,8 por ciento para los contribuyentes cuya facturación sea entre 30 y 40 millones de pesos anuales y un 4,2 por ciento para quienes facturen más de 40 millones de pesos. El empresario calculó que “el cambio de nivel de categoría de una empresa que factura unos 100 millones de pesos equivale al costo de sumar 10 empleados a la planta de personal. Ingresos brutos es un impuesto ciego, que no le interesa si a uno le va bien o mal. No se mira la evolución del negocio y es totalmente distorsivo porque no premia a nadie, sino que castiga”, resumió el titular de la Cámara de Agencias de Viajes y Turismo, y agregó: “Con esta medida el gobierno inhibe al empresario que está dispuesto a crecer y va a fomentar la evasión tributaria”.

Ulanovsky brindó una mirada aún más crítica que su compañero de panel. Opinó que los argumentos que ha dado el gobierno para explicar la eliminación de la exención en el pago de Ingresos Brutos a los constructores de viviendas “son totalmente superficiales”. El proyecto que está en el Senado prevé que las empresas constructoras de viviendas que tengan una facturación mayor a 1,5 millones de pesos (las que facturen menos estarán exentas, que son alrededor de 7 mil pymes) abonarán un 2,5 por ciento en concepto de Ingresos Brutos. Según el gobierno provincial, alrededor de 300 firmas están en esta categoría.

Ulanovsky planteó que gran parte de las constructoras también comercializan las viviendas que edifican. Por lo tanto, según su visión, estas firmas terminarán tributando entre Sellos e Ingresos Brutos un 5,4 por ciento. “Los privados construimos más que el Estado sin créditos ni ayuda de ningún tipo, con permanentes cambios de normas, sin escuelas de oficios y a partir de ahora sin el único beneficio que teníamos, que era la exención de Ingresos Brutos”, consideró el empresario.

Aclaró que “si bien usualmente se dice que el sector está exento del tributo, eso no es así ya que paga

Pares apoya

El diputado nacional Antonio Riestra y la diputada provincial Verónica Benas, ambos del partido Pares, coincidieron con el gobernador Antonio Bonfatti cuando dijo que “distintos impuestos construyen distintas democracias” y advirtieron sobre el camino de confrontación que están proponiendo algunos sectores del justicialismo. “Los mismos dirigentes que en los noventa se plegaban a la ola menemista ahora aparecen como lobbistas de los sectores más concentrados de la economía provincial que se resisten a la reforma tributaria que impulsa el Frente Progresista”, señaló Riestra.

“Lo más perverso es que dicen hablar en nombre de los santafesinos, cuando lo que están buscando en realidad, es mantener un sistema tributario que exime de pagar impuestos a los sectores del capital y pone toda la carga en los impuestos al consumo”, acotó.

Para Benas, la reforma debe servir para reafirmar los derechos a los santafesinos planteados por el gobernador en su discurso ante la Asamblea Legislativa. “Lo que se está poniendo en discusión es la autonomía del Estado santafesino para llevar adelante un proceso de redistribución de la riqueza y de inclusión social”, remató.

Impuesto verde

El gobierno provincial prepara, según adelantó Sergio Beccari, “un impuesto verde para la industria”. Tras el fallido intento del oficialismo de incluir dentro de la reforma tributaria la eliminación de las exenciones en el pago de Ingresos Brutos a la industria, el gobierno avanza en un plan que apunta a crear un tributo que afectará a este sector pero que lo gravará de acuerdo al costo ambiental o al impacto de la contaminación que genere en el modo de producción. Beccari dijo que para trabajar en el modelo de este impuesto, que es inédito en el país, se tomó como base la experiencia de Andalucía. “La Secretaría de Medio Ambiente trabaja en la definición de los montos y las categorías de este tributo. Creemos que en 90 días se va a tratar en la Legislatura”, sintetizó el secretario de Ingresos Públicos.

/// EL DATO

Sellos dos veces: con el boleto de compraventa y en el momento de escriturar. Si a ese doble tributo le agregamos Ingresos Brutos, resulta que pagaremos a la provincia alrededor de un 5,4 por ciento, lo cual es una enormidad. Y si a eso se le suma que existe un efecto cascada donde cada eslabón de la cadena paga, la sumatoria de impuestos y sellados puede alcanzar el 9 por ciento, lo cual es una barbaridad”, agregó. “La construcción ya aporta, la reforma será una carga abrumadora que hará encarecer la vivienda y que probablemente afecte a la baja los ingresos fiscales a la larga”, sintetizó el empresario.

Beccari, secretario de Ingresos Públicos, advirtió que el intento de reforma tributaria “tiene una connotación importante en un momento clave para la provincia”, y que si bien Ingresos Brutos es un impuesto discutible por su regresividad, los cambios obedecen a un intento de armonización con otras regiones del país y buscan mayor equidad y simplificación. Con respecto a la construcción, que es el que más controversias genera, dijo que se gravará la construcción de inmuebles que hoy no paga nada en base a la capacidad contributiva de cada firma.

El funcionario explicó que “se busca cierto equilibrio ya que no pagarán la obra pública, ni las empresas santafesinas que facturen menos de 1,5 millón de pesos por año”. De acuerdo a Beccari, entre las razones que llevaron al Ejecutivo a proponer gravar esa actividad figura el hecho de que el 2,5% “no afecta a las ventas”, que son en todos los casos “por fuertes sumas”.

En el caso del rural, la posta fue tomada por el director de Catastro. Palavecino resaltó que la actual valuación data de 1974 y que se actualizó en el ‘96 pero con un coeficiente uniforme. “Esto no respeta la realidad, por eso nuestra propuesta pasa por actualizar las valuaciones fiscales en función de los valores de mercado”. También defendió los adicionales que tendrán que desembolsar los Grandes Propietarios Rurales (GPR), o sea quienes acumulen más de cinco UEA.

Para el Centro Comercial, se quita competitividad

“Para el sector comercial, incrementar la carga impositiva implica una disminución en la rentabilidad ya sea por mayores costos o por menores ventas al trasladar dichos incrementos” advirtió el Centro Comercial de Santa Fe al fijar la postura ante el tema a debate legislativo.

Hace notar la entidad que “los recursos públicos (la recaudación impositiva, entre ellos) se han ido incrementando año a año más que el índice inflacionario y ello es una clara muestra de la predisposición del sector a apoyar el desarrollo y crecimiento de la provincia”. Luego advierte que “los cambios propuestos ponen en una posición desventajosa a las empresas santafesinas para competir con las de otras provincias con menor alícuota y ello se traslada a una inexorable pérdida de competitividad, fundamentalmente, del sector pyme”.

Precisa que “uno de los aspectos que generan preocupación en el marco del proyecto presentado por el Poder Ejecutivo es la decisión de elevar al 3,5% la alícuota básica del impuesto a los Ingresos Brutos. Es por ello que solicitamos se mantenga la alícuota del 3% utilizada actualmente. La iniciativa gubernamental tiene por objeto avalar por ley, una medida que fuera implementada a través del Decreto 200/12 y que tuviera dictamen negativo de parte del Tribunal de Cuentas”.

Otro aspecto por el cual el sector solicita rever el proyecto, “es el relacionado al aumento de las alícuotas de acuerdo a la facturación dado que el parámetro de ventas no significa capacidad contributiva y ello impacta negativamente en un importante número de empresas pymes cuyos márgenes de rentabilidad no permite un incremento del 20% en las alícuotas que actualmente abonan”.

El Centro Comercial pone a debate también la intención de imitar la deducción del Derecho de Registro e Inspección (Drei) al 5%. “En los fundamentos se reconoce que antiguamente la deducción era del 20% y las sucesivas restricciones y aumentos de alícuota han generado un proceso continuo de incrementos de la carga fiscal de los contribuyentes sin dar soluciones financieras directas a los municipios y comunas, objetivo que se plantea en los considerandos del proyecto”.

Señala que “el impuesto sobre los Ingresos Brutos es un típico impuesto al consumo, por lo que no caben dudas de que será trasladado al adquirente en cada uno de los eslabones de la cadena comercial, lo que en definitiva impactará sobre el poder adquisitivo del consumidor”.

Tras reconocer que el gobierno provincial requiere del apoyo de la sociedad que se basa en la generación de recursos el sector pide “un análisis profundo de las consecuencias que conlleva cada una de las medidas propuestas y se permita el debate con los sectores que asumirán los compromisos contributivos sin por ello, dejar de comprender la necesidad de encontrar soluciones de fondo a la actual situación”.