Pronunciamiento de la Mesa de Entidades Productivas
Empresarios piden ser convocados para discutir el aumento de impuestos
Los representantes de los distintos sectores del comercio y la industria rechazaron el proyecto del gobierno provincial. Consideran que no respeta los principios de “equidad y justicia tributaria”.
Los representantes de las entidades productivas, esta mañana, en la Bolsa de Comercio. Foto: Guillermo Di Salvatore
Gabriel Rossini
Los representantes de las entidades que conforman la Mesa de Entidades Productivas de la ciudad de Santa Fe pidieron ser convocados por los diputados y senadores para discutir el proyecto de aumento de impuestos enviado por el gobierno provincial a la Legislatura.
Al mismo tiempo, emitieron un documento que considera que “no es conveniente aumentar la carga impositiva sobre el sector productivo provincial, sin un análisis previo de sus efectos con los sectores que representan a dichas actividades”.
La Mesa de Entidades Productivas está integrada por la Unión Industrial, Bolsa de Comercio, el Centro Comercial, la Asociación Dirigente de Empresas, la Sociedad Rural, la Cámara de Comercio Exterior y la Cámara de la Construcción y concluyeron que el proyecto de la administración Bonfatti “no respeta los principios de equidad y justicia tributaria tal como está presentado”.
“Para nosotros más que una reforma impositiva es un aumento de impuestos destinado a cerrar el déficit que hoy tiene la provincia”, dijo Melchor Amor Arranz, vicepresidente primero de la Bolsa de Comercio, quien rechazó que las entidades estén en pie de guerra ni nada que se le parezca contra nadie.
“Cuando lo único que se plantea es una serie puntual de modificación de alícuotas, se trata de aumento de impuestos. Una reforma tributaria tiene una visualización total del campo contributivo de toda la producción, con sus matices, y determina cuál es la capacidad de cada sector, para asignar a cada uno la alícuota con la que puede participar”, definió el titular de la UISF Norberto Velasco.
Diálogo
“Esto es una convocatoria a que el gobierno dialogue y los legisladores nos consulten. Lo que estamos emitiendo son puntos de vista comunes sobre un problema que nos ocupa. Quiero que quede claro que no es un acto de objeción o cuestionamiento al gobierno provincial. Tenemos perfecta conciencia de que hay un problema común a casi la totalidad de las provincias argentinas, que están en difícil situación”, expresó Tomás Vallejo del Centro Comercial.
Este sector cuestiona la reforma en dos aspectos: el aumento de la alícuota de 3 a 3,5 % -con la posibilidad de incrementarla un 20 %- más la categorización de los contribuyentes; y la reducción de la deducción del Drei del 20 y al 5 por ciento, “lo que la torna irrelevante”. “Todo esto podría tener un efecto contractivo”, expresó.
“Lo que nos preocupa es que el déficit se viene acumulando de manera constante desde 2008 . El problema está en que los gastos vienen superando los ingresos. Si con esta reforma se terminara con el problema, haríamos un sacrificio y lo aceptaríamos. Pero la verdad es que vemos que esto es pan para hoy y hambre para mañana”, dijo Arranz.
Y lanzó una advertencia: “Este tipo de incrementos, por su magnitud, a veces tienen el efecto contrario y es muy posible que terminen recaudando menos de lo estimado. Ahora, suponiendo que se recaude todo lo estimado, si no se hace una planificación consensuada y justa, dentro de muy poco tiempo estamos otra vez en la misma situación”.
Adrián Dip, titular de delegación local de la Cámara Argentina de la Construcción, destacó la importancia del sector en el movimiento económico y estimó que con gravar con ingresos brutos a la actividad lo que se logrará es que los inversores gasten el dinero en otras provincias. “Esto va a generar una recesión en la actividad, con las consecuencias que esto tiene. Es sabido la cantidad de mano de obra que emplea la construcción, sobre todo de mano de obra no calificada, que es muy difícil de ubicar en otro sector”.
Proyecto alternativo
Como alternativa al proyecto de aumento de impuestos elaborado por el gobierno provincial, la Mesa de Entidades sugiere uno alternativo con las siguientes medidas:
-Autorizar la emisión de bonos por un importe tal que permita de modo previsible la atención de las obligaciones ya comprometidas, estipulándose plazos amplios para el pago de los mismos (Mendoza emitió un Bono por U$S 1.300 M a devolver con afectación de parte de la coparticipación).
-Dentro de ese marco, y simultáneamente, establecer en base a dichos bonos un plan de desendeudamiento, estableciendo previo a su emisión el destino para el que serán utilizados los recursos que se obtengan de las mismas.
-El Tribunal de Cuentas tendrá a su cargo el control de la obtención de los recursos financieros y la aplicación de los mismos.
-El gobierno provincial deberá aplicar recursos para atender crecientes necesidades colectivas, ejecutando el gasto público con eficacia y eficiencia.
El documento de las entidades
Bajo el título “Consideraciones al proyecto de reforma del sistema tributario provincial”, las siete entidades que integran la Mesa Productiva emitieron un documento que, entre otras cosas, plantea la “fuerte dependencia” de los recursos tributarios con los que cuenta la provincia para afrontar su gasto público, que en 2011 estuvieron integrados en un 64% con tributos nacionales y 36% por provinciales.
Para la mesa de entidades, “actualmente la actividad económica se encuentra en un período de marcada desaceleración, con probabilidades de transitar una nueva fase recesiva” lo que genera “dificultades financieras en el sector público tanto a nivel nacional como provincial y municipal”.
Consideran que, “medidas como las propuestas -el aumento de impuestos- incidirán en la disminución real de los niveles de recaudación, por el efecto contractivo que puede implicar dicha política económica en este contexto, por lo que consideramos necesario encontrar soluciones basadas en el diálogo y la búsqueda de consensos para lo cual, expresamos nuestra disposición permanente”.
Califican al impuesto a los Ingresos Brutos de“distorsivo y de carácter regresivo, que afecta a los sectores de menores ingresos de la economía”, además de desalentar los “procesos productivos por su alto impacto en los resultados de las empresas, lo que determinó que en los países más desarrollados haya desaparecido hace años. Sobre el Impuesto Inmobiliario Rural -dicen- “se introduce una modificación gradual de la valuación fiscal de las parcelas rurales, desde el valor actual hasta su valor de mercado. Este proceso se ejecutará entre 2012 y 2018 e implicaría incrementar, en promedio, hasta 40 veces la valuación de tierras de alta productividad, y hasta 23 veces tierras del centro-norte provincial... Las modificaciones a las valuaciones fiscales tendrán su correspondencia en las liquidaciones del Impuesto a los Bienes Personales, posiblemente también en Ganancia Mínima Presunta, que son impuestos nacionales y no se coparticipan”.
Respecto a la alícuota de ingresos brutos para la construcción de obras privadas ejecutadas por empresas cuyos ingresos resulten superiores a $ 1.500.000, “de aplicarse la alícuota básica del 3,5% o según facturación 3,8% o 4,2%, en momentos en que se está contrayendo la actividad, causará perjuicios de impredecibles consecuencias, no solamente en forma directa sino también colaterales, como la reducción de mano de obra, compra de materiales, etc”.
“Los cambios propuestos, en contradicción con lo expresado en los fundamentos del proyecto, ponen en una posición desventajosa a las empresas santafesinas para competir con las de otras provincias con menor alícuota”.
Bolsa de Comercio de Santa Fe
Documento sobre el proyecto de reforma tributaria provincial
El Litoral es miembro de:
En Asociación con:
