Más datos falsos en el

currículum de Reposo

Una asociación de juristas judíos negó su actuación como secretario en esa entidad. También figura como asesor letrado de la Sigen cuando todavía no era abogado.

De la redacción de El Litoral

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DyN

La senadora nacional de la UCR Laura Montero, quien junto a sus pares examina el pliego del candidato del gobierno para ocupar la Procuración General, Daniel Reposo, ironizó hoy que el postulante “no debe haber leído el Código Penal”, al confirmar una nueva “falsedad” en el currículum vitae, a la que definió como otro “dato dibujado”.

La legisladora mendocina ratificó que la Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos (IAJL, por sus siglas en inglés) negó que el actual presidente de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) se haya desempeñado como secretario en la sede local de la entidad, contra lo que colocó en el pliego. Además, denunció que la presidenta de la IAJLI, la israelí Irit Kohn, respondió en un primer contacto que “no lo registraban” en la entidad que encabeza.

En otra comunicación, detalló que “sólo había” quedado como “inscripto en el ‘98” y que había “pagado” por ese año, frente al período de 1996 a 2002 puesto en el currículum vitae por Reposo.

“Hay datos falsos, hay datos que están dibujados. Va a ser el fiscal general de la Nación: el jefe de los fiscales. ¡Cómo deben estar los fiscales que sí actúan realmente honrando sus cargos! A gente con experiencia penal, civil, que sabe del ejercicio de su profesión que, de repente, le pongan a alguien que no debe haber leído el Código Penal”, enfatizó Montero.

Sobre el contacto con la IAJL, relató: “Nosotros mandamos una nota porque tratamos de chequear toda la información que él mandó (al Congreso). Nos contestó su presidenta, la doctora (israelí) Irit Kohn, en principio, vía e-mail y no lo registraban (en la entidad)”.

“Después, mandó una segunda confirmación diciendo que sólo había sido inscripto en el ‘98, que había pagado... Pero él (por Reposo) dice haber sido secretario (de la sede local) y de 1996 a 2002”, se quejó en diálogo con radio Mitre.

La senadora nacional agregó que “hay otras cuestiones, cuando uno analiza el pliego de él, que ponen todavía mucho más en duda su actitud y su idoneidad profesional”.

En ese sentido, recordó que el presidente de la Sigen “dice haber sido asesor letrado y apoderado de la Sigen de 1988 a 1992 y él se recibió en 1991; nadie puede ser asesor letrado si no está recibido”.

Según está previsto, el pliego de Reposo -propuesto por la presidenta para reemplazar al renunciante Esteban Righi, tras el embate del vicepresidente Amado Boudou en el marco de la causa de la ex Ciccone- será tratado en audiencia pública por la Comisión de Acuerdos del Senado el 5 de junio próximo y será discutido en el recinto el 13 del mismo mes. Para su aprobación, el kirchnerismo necesita que lo avale con el voto las dos terceras partes de los presentes.

4,7

de promedio

es la nota obtenida por Reposo en su carrera de Derecho en la UBA, que le demandó 8 años. “No califica ni para fiscal de primera instancia”, dijo Gil Lavedra (UCR).

La Corte reclama por fechas de cobro

La Corte Suprema de Justicia de la provincia volvió a reclamar al Poder Ejecutivo la regularización en el plazo del pago de haberes del Poder Judicial, habida cuenta de la postergación que los mismos han sufrido de manera reiterada en los últimos meses, y a pesar de los planteos al respecto del propio tribunal.

En reunión de acuerdo, los ministros recordaron que “los importantes diferimientos en la fecha de pago” motivaron un primer pronunciamiento el 2 de enero de este año, en una comunicación al gobernador donde reclamaban “la urgente regularización de la cuestión, solicitando asimismo se informe si lo ocurrido se suscitó en razón de una mera coyuntura económica o financiera, o si, por el contrario, implicaba un cambio que habría de mantenerse en el tiempo”.

El pedido fue reiterado el 14 de febrero, y la respuesta llegó tres días después. Allí, Antonio Bonfatti aseguró que el corrimiento no era definitivo, sino que obedecía a una “coyuntura financiera peculiar” de la provincia, “todo lo cual lleva a la adopción de medidas como las ahora consideradas, y que ha afectado a todos los poderes del Estado provincial en su conjunto”.

Transcurridos más de 90 días desde entonces, la Corte consideró que las demoras en los pagos de haberes “lejos de regularizarse, se han visto agravadas progresivamente; al punto tal que conforme el último cronograma de pagos dispuesto por el Poder Ejecutivo, que no fue comunicado formalmente a este Poder Judicial, los haberes de empleados administrativos y de servicios se abonaron el día 9 de mayo; y los de Magistrados y Funcionarios, el día 14”.

“Siendo así, la oportunidad es propicia para expresar que se mantiene el ya referido malestar que se deriva de las dilaciones referidas, las cuales, por su parte, desembocan en serios inconvenientes en el cumplimiento de obligaciones contraídas. A ello, ahora, se suma la incertidumbre de seguir sin contar con una propuesta superadora de la problemática en cuestión de parte del Poder Ejecutivo”, añadieron. Por lo cual, insistieron con una nueva comunicación al gobernador, para reclamar “que se regularice de modo urgente la situación instalada”.