EDITORIAL

La ley del todo vale

La Corriente Clasista y Combativa ha dado muestras palpables de lo simple que resulta adueñarse por la fuerza de la propiedad pública en Santa Fe. Desde hace 57 días, mantiene usurpada la mayoría de las viviendas en construcción del barrio Santa Rita II.

Pero eso no es todo. Durante 21 días, este sector se adueñó también de la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Los empleados de la cartera resolvieron por momentos abandonar sus puestos de trabajo ante la imposibilidad de efectuar sus tareas con las garantías indispensables. Incluso, la ministra del área, Mónica Bifarello, optó por “mudarse” de oficina y gestionar su área desde otro punto de la ciudad.

Distintos factores confluyeron para que la CCC resolviera adoptar estas medidas y probara lo llamativamente fácil que resulta usurpar un barrio en construcción, apoderarse de un ministerio e, incluso, expulsar de sus oficinas a una ministra del gobierno provincial.

El primero de estos factores radica en un problema histórico y estructural. Es verdad que desde hace décadas no existe una verdadera política habitacional para los sectores más postergados. También es cierto que Santa Fe viene siendo relegada por la Nación en la entrega de recursos destinados a la construcción de nuevos barrios. Una recorrida por cualquier provincia “amiga” del poder central resulta suficiente como para comprobar esta evidente desigualdad.

En este contexto, resultó un verdadero desacierto político haber permitido que un barrio como Santa Rita II permaneciera inconcluso durante cuatro años.

De todos modos, existieron otras condiciones puntuales que alentaron a la CCC.

En la práctica, el gobierno provincial debió adoptar algunas medidas para no llegar a los extremos actuales. Un eficiente trabajo social en las zonas más postergadas de la ciudad, hubiese permitido advertir a tiempo a las autoridades acerca de la posibilidad de usurpación de barrios. De hecho, Santa Rita II no fue el único caso, pues al día siguiente se produjo la toma de Las Delicias y el gobierno tampoco pudo adelantarse a los hechos. Se supone que la decisión de usurpar 180 viviendas no se toma de un día para el otro y que desde hacía tiempo la CCC venía aguardando el escenario propicio para concretar la toma.

Aún más difícil de entender resulta el hecho de que un puñado de vecinos movilizados por esta agrupación se haya apropiado de la sede de un ministerio. ¿Era tan difícil adoptar las medidas se seguridad necesarias como para evitar esta nueva usurpación del espacio público?

No se trató de una mera toma simbólica. El ministerio estuvo paralizado durante varias jornadas y la máxima funcionaria del área se vio obligada a abandonar la sede oficial.

Es probable que la estrategia gubernamental apunte a que el paso del tiempo termine desgastando a los grupos que reclaman y resulta comprensible que se intente por todos los medios evitar la confrontación directa.

Sin embargo, dicha decisión política no debería avalar estas claras violaciones a las leyes que, en definitiva, dejan instalada la idea de que todo vale como método de reclamo.