Santa Rita II, 60 días después: viaje al
corazón profundo del barrio usurpado
Postal. Los chicos juegan en la tierra, la ropa cuelga al sol, los almacenes están abiertos, los perros andan por las calles, la basura se acumula en las esquinas. Todo al ritmo pegadizo de la cumbia. Santa Rita ya tiene rutina de barrio.
Fotos: Mauricio Garín
La provincia sigue esperando la resolución judicial para desalojar el plan y todavía no pudo recuperar las viviendas. Mientras tanto, en el barrio se consolidan nuevos lazos vecinales y nadie está dispuesto a devolver lo que ocupó.
Lía Masjoan
Santa Rita ya no es el mismo barrio que hace dos meses, cuando 180 familias santafesinas entraron por la fuerza y ocuparon viviendas del Estado provincial a medio terminar. Mientras el gobierno mira el conflicto de reojo como si no le perteneciera y espera pasivamente que lo resuelva la Justicia, en el barrio se amalgamaron relaciones y nuevos hábitos; y lo que al principio parecía ajeno, ya empieza a sentirse como propio.
Hoy, los chicos pueblan las calles antes invadidas de yuyos; las ventanas están abiertas de par en par, y coloridas telas flamean entre los marcos como puertas. Los cercos precarios -de madera o alambre- dividen el terreno entre vecinos; hay agua y luz -algunos hasta instalaron spots lumínicos- y la ropa húmeda le pone más color a la barriada que estuvo teñida por el gris del cemento durante los casi 5 años que la construcción estuvo paralizada.
La cumbia pone ritmo a esta nueva vecindad (suena a full “Olvídala”, de Los Palmeras), que ya no se mira con la desconfianza de los primeros días. De a poco fue desapareciendo la tensión y hoy, tras 60 días de convivencia, comenzaron a tejerse lazos vecinales. Incluso con algunos de los viejos habitantes del barrio que se animan a cruzar hacia el complejo para abastecerse de pan o verduras en los nuevos almacenes, improvisados pero con buen surtido.
“Nosotros compramos esta casa, le pagamos $ 2.500 a un miembro de la CCC hace dos semanas”, cuenta Liliana de Nisola. Sin tomar dimensión de que lo que está diciendo -así, como al pasar-, es en realidad una grave denuncia. No sabe ni el nombre de quien se la vendió pero, según cuenta, el hombre no puede volver al barrio porque los del movimiento quedaron muy ofuscados con esta actitud. Esta madre de 7 hijos se mudó con su marido Rubén, verdulero y jardinero, porque se vendía la casa que alquilaban a $ 600 en el barrio Entrada Norte (Teniente Loza al 6000) y no conseguían otra. “Nos enteramos de casualidad que ésta se vendía y teníamos esa plata ahorrada. Estoy anotada en la Dirección de Vivienda porque puedo pagar una cuota pero nunca me llaman”, dice Liliana, quien ya instaló una pequeña verdulería en la cocina para sumar algo más de dinero a los $ 1.700 pesos que cobra de pensión por ser madre de 7 hijos.
La escuela, lejos
Llevar a los chicos a la escuela implica un gran esfuerzo. A todos les quedan lejos las que iban y la matrícula ya está completa en las que están más cerca del complejo. Cada mañana, a las 6.30, Claudia Montenegro (34 años) camina 30 cuadras hasta la escuela Marcos Sastre de barrio Los Troncos para llevar a su nena de 10 años. No va sola, la acompaña su hija mayor de 14 y su bebé de 6 meses, prendido a la teta. El mismo recorrido -que sólo suspenden cuando llueve- hacen al mediodía para ir a buscarla. “El primer mes pagué un remís para que la llevara pero me salía $ 500 y yo cobro $ 1.000 como cuidadora de abuelos, se me iba la mitad del sueldo”, cuenta Claudia, que vivía “de agregada” en un ranchito hasta que “el dueño me lo pidió y no tuve dónde meterme”.
Los 7 hijos de Liliana de Nisola van a la escuela José Gálvez, sobre Blas Parera al 10000, y también caminan un largo trayecto para llegar. “No puedo llevarlos en la moto de a grupos porque siempre hay inspectores”, dice Rubén. Con la intención de quedarse “para siempre” en este nuevo hogar “porque lo compramos”, esta semana averiguaron si había lugar en la escuela Maximio Victoria, que está a pocas cuadras, pero ya tiene su matrícula rebasada de alumnos.
Resistir es la consigna
Hay una frase que se repite a lo largo y ancho del plan: “Estamos atrincherados adentro. No nos vamos ni ahí”, dice Néstor Sosa, de 25 años y padre de dos nenas. El joven vivía en un rancho en Altos de Nogueras, a unas 10 cuadras de este lugar, que fue ocupado por otra familia apenas él trasladó aquí a los suyos. Ahora tiene un baño con sanitarios y azulejos y una casa con tres ambientes, techada, con piso de cemento y más cálida: “Esto es un palacio al lado del ranchito que teníamos”, dice, dispuesto a resistir. No todos tuvieron la misma suerte; las casas que están al fondo no tienen techo ni aberturas. Al lado, un amigo de su infancia en barrio Chaqueño, que ocupa la casa de enfrente, repite las instrucciones que consensuaron en el barrio por si acaso llega la temida hora del desalojo: “Todos saben lo que tienen que hacer si viene la policía a sacarnos: meterse adentro de las casas y no salir”.
Por el momento, esto no está en los planes del gobierno, que continúa firme en su postura de recuperar las casas en forma pacífica. Pero hasta ahora hizo poco para conseguirlo, y a dos meses de la usurpación sigue esperando que la Justicia resuelva.
/// ubicación
Vendida. El matrimonio Nisola tiene siete hijos. Por $ 600 alquilaba una casa en Teniente Loza al 6000 pero se vendió y no consiguieron otra. Hace dos semanas “compraron” una casa en Santa Rita II. Le pagaron $ 2.500 a un miembro de la CCC.
Un largo camino. Cada mañana, Claudia Montenegro carga a su bebé de 6 meses y camina 30 cuadras hasta la escuela Marcos Sastre de barrio Los Troncos para llevar a su nena de 10 años. Al mediodía vuelven a buscarla.
En manos de la Justicia
Desde que Alicia Pino, la directora de Vivienda, tuvo que dar de baja al acuerdo que rubricó con la CCC al día siguiente de la usurpación, Gustavo Leone, el director de Hábitat, quedó al frente del conflicto. En diálogo con El Litoral, recalcó que el objetivo sigue siendo “recuperar las casas en forma pacífica y voluntaria”. Pero aclaró que “se hace difícil avanzar por fuera del proceso que se planteó en la Justicia, porque al estar judicializado no hay mucho margen de acción”. Por eso, “lo que hay que hacer es seguir la instancia judicial”.
La Justicia dictó dos resoluciones, una civil y otra penal. Ésta última fue apelada por la CCC, que pretende que quede firme el acuerdo que firmaron con Pino, en el cual el Estado se comprometió a entregarles terrenos o materiales de construcción.
Así las cosas, “es la Cámara de Apelación la que debe resolver cómo seguimos con el conflicto: si da lugar a la apelación y en este caso resolver cómo seguimos, o si deja firme la resolución de la jueza (Sandra Valenti) que ordenó el desalojo pacífico del plan, estableciendo un protocolo de actuación”, finalizó el funcionario.
Lo que pasó en seis años
2006.
Comenzó a edificarse un plan de 180 viviendas en Chaco al 5000, jurisdicción del barrio Santa Rita II, correspondientes al Plan Federal I. Fue encarado, de manera conjunta, entre la Presidencia de la Nación y el Gobierno de Santa Fe.
2007.
La obra se paralizó y quedó a medio terminar. El motivo: “La falta de fondos para obras de infraestructura”.
2010.
El 19 de abril, se conoció la noticia de que se estaban desmantelando techos de al menos 10 viviendas. Por entonces, la obra continuaba paralizada y en notable estado de abandono, con malezas de más de 2 metros de altura.
El 20 de abril, la directora provincial de Vivienda y Urbanismo, Alicia Pino, anunció que intimarían a la empresa constructora a que reponga lo robado por no custodiar el lugar. También dijo que las 180 viviendas se terminarían con fondos de la provincia y que, posiblemente, iban a estar terminadas a fines de 2010 o principios de 2011.
2012.
El 21 de marzo, la Dirección de Vivienda anticipó la presentación en la Legislatura de un documento con los detalles para terminar la obra, luego de un pedido de informes que elevaron los diputados provinciales Héctor Acuña y Federico Reutemann (PJ).
El 3 de abril, a las dos de la tarde, un grupo de la CCC usurpó 90 viviendas. Como no se dispuso custodia policial, por la noche, otras 90 familias ocuparon el resto de las casas. Al otro día, los usurpadores firmaron un acuerdo con la directora de Vivienda, Alicia Pino, quien se comprometió a darles un terreno y materiales para la autoconstrucción a cambio de que desalojen. Pero como a la tarde tomaron otro barrio en Las Delicias, el gobierno dio marcha atrás y judicializó el conflicto.
La inacción agrava el conflicto
Lía Masjoan
A esta altura, hasta resulta paradójico que el barrio tomado lleve el nombre de Santa Rita, la santa de los imposibles. Y es que para muchos vecinos de Santa Fe es literalmente imposible conseguir una vivienda. Según estimaciones oficiales son 15.000 las familias que necesitan mejorar su situación habitacional y no encuentran cómo. Y éste es el verdadero desafío.
A pesar de esta realidad, el gobierno provincial dejó cerradas durante 5 años 180 casas casi terminadas y no las adjudicó. Una verdadera provocación ante tanta carencia. Es cierto que las primeras casas fueron usurpadas por un movimiento organizado, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), que suele utilizar esta misma metodología en distintas ciudades del país. Pero a las horas, se sumaron otros vecinos que no tienen dónde vivir, que estaban hacinados en un pequeño rancho o “de prestado” en la casa de algún familiar y cuyas carencias son reales.
La Dirección de Vivienda se niega a difundir los datos del censo que realizó en Santa Rita y que pondría blanco sobre negro las verdaderas necesidades de los usurpadores. En ese relevamiento, podría estar la llave para encontrar una salida pacífica al conflicto; si es que está acompañado de las respuestas habitacionales (terrenos, materiales o casas) para las familias que verdaderamente están en situación de calle, que es lo que ordenó la resolución judicial, luego apelada por la CCC, basada en jurisprudencia internacional.
Hasta ahora, sólo se fueron siete familias. Y fue por gestiones en territorio del municipio santafesino. No por acción de la provincia, propietaria del plan de viviendas.
Pasaron dos meses y las respuestas no llegan. Se sabe que los tiempos de la Justicia son siempre más lentos. Distinta sería hoy la situación si el gobierno hubiese dispuesto medidas para recuperar las casas en las primeras horas del conflicto y no hubiese adoptado una actitud pasiva. Ahora, la toma se naturaliza, los vecinos afirman la posesión de lo que obtuvieron por la fuerza y Santa Rita comienza a consolidarse como un barrio más de la ciudad.
/// análisis
