EDITORIAL

El Indec y una inusual demora

Desde la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en 2006, con el desplazamiento de técnicos reconocidos y la modificación de los criterios de medición, creció la desconfianza hacia los índices oficiales elaborados para reflejar la evolución de los precios al consumidor y, con ella, los del incremento del costo de vida, la canasta básica y la inflación.

En este contexto, los relevamientos producidos por organismos provinciales que continuaron trabajando de la manera tradicional, y haciendo valer el conocimiento y la experiencia de sus profesionales, ganaron predicamento como parámetros de referencia, e incluso son los que se utilizaron como base para negociar contratos o salarios de acuerdo a la economía “real”.

No se trató de una cuestión de matices: los guarismos difundidos desde algunas provincias, al igual que en el caso de consultoras privadas, duplicaban y hasta triplicaban los difundidos por el Indec. Por caso, en el promedio anual de 2011, el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec) de Santa Fe, exhibió una inflación superior al 20 %, contra los 9 puntos pretendidos por el gobierno nacional.

Empeñado en sostener el “modelo” sobre la base de indicadores que ratifiquen sus bondades y reduzcan al mínimo sus problemas -e independientemente de la realidad-, el gobierno nacional apuntó primero a las consultoras que revelasen números discrepantes, amenazándolas con multas. Como consecuencia, las empresas dejaron de dar a conocer directamente sus mediciones y pasaron a hacerlo a través de legisladores de la oposición política, en lo que pasó a ser conocido como “la inflación del Congreso”.

El siguiente paso fue la desactivación de las mediciones en las provincias. En el transcurso del corriente año dejaron de publicar el registro de la evolución de los precios al consumidor Chubut, Mendoza, Entre Ríos y Río Negro, y la provincia de Buenos Aires comenzó a desarticular los equipos de técnicos abocados a esa tarea.

Por esta razón, la inusual demora del Ipec santafesino en dar a conocer los índices correspondientes a marzo abril generó todo tipo de versiones. A la inquietud suscitada en círculos empresarios por la posibilidad de que esta información vital y confiable se discontinúe, y en los trabajadores del sector, se añadieron especulaciones sobre acuerdos expresos o implícitos con el gobierno nacional, producto de la conjugación de dificultades económicas de la provincia y presiones ejercidas desde el poder central.

Lamentablemente, no hubo ninguna explicación de parte del gobierno provincial, más que alguna vaga referencia a que se trataba de simples retrasos -tampoco justificados- y a que supuestamente en cuestión de días los datos serán difundidos. Pero a ningún medio periodístico le fue posible obtener una respuesta directa y concreta de las autoridades responsables. Algo indispensable a los efectos de preservar la confianza de la ciudadanía, máxime en cuestiones tan delicadas y abiertas a suspicacias.