En la Cámara Federal de Rosario
Revirtieron fallo por el crimen de Silvia Suppo
Otros dos jóvenes -Rodolfo Cóceres y Rodrigo Sosa- se encuentran detenidos acusados como los autores materiales del homicidio de Suppo, el 29 de marzo de 2010 en Rafaela. Foto: Archivo El Litoral
La Alzada revocó el sobreseimiento para Miguel Á. Mendoza y Emiliano M. Rodríguez, acusados como partícipes necesarios, y en su lugar dictó la falta de mérito. A su vez, recomendó al juez ahondar en la investigación.
De la Redacción de El Litoral
La Cámara Federal de Apelaciones de Rosario en pleno, revocó el sobreseimiento dictado por el juez Federal Nº 1 de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, para dos de los imputados en la causa Suppo, en este caso como partícipes del homicidio de la militante política.
La resolución dictada el viernes pasado lleva las firmas de cinco de los seis camaristas rosarinos -José Toledo, Liliana Arribillaga, Elida Vidal, Carlos Carrillo y Edgardo Bello-, quienes sostuvieron que “no puede descartarse por el momento que la muerte de Silvia Suppo se haya producido con el propósito de obstaculizar las causas en que se investiga la comisión de delitos de lesa humanidad”.
El crimen que comenzó a investigarse en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Rafaela, de Alejandro Mognaschi, quien procesó a los presuntos autores materiales del crimen, luego se trasladó a la órbita federal, ante las dudas sembradas por los familiares de la víctima que pidieron se investigue a los instigadores de una muerte por encargo y con fines políticos.
Partícipes
Miguel Á. Mendoza y Emiliano M. Rodríguez se encuentran detenidos, acusados de haber tomado parte en la preparación del hecho. Ambos fueron señalados por un testigo de identidad reservada como los encargados de contratar a los sicarios el primero y hacer de campana el segundo.
No obstante el juez Rodríguez dictó el sobreseimiento los primeros días de enero, que mereció la apelación de la querella y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el 13 del mismo mes.
En el recurso de apelación interpuesto por Lucila Puyol y Guillermo Munné, apoderados de los querellantes Marina y Andrés Destefani (hijos de Silvia), éstos sostienen que “no se han realizado las medidas pertinentes que permitan alcanzar el grado de certeza que se exige para dictar el sobreseimiento de los imputados”.
Y reiteraron que “por el contrario la investigación refiere al testimonio brindado bajo identidad reservada, cuando lo que ha ordenado la Corte Suprema de Justicia de la Nación es que se investigue si el homicidio de Silvia Suppo pudo haber sido encargado para obstaculizar las causas sobre crímenes de lesa humanidad”.
Testigo y militante
Ocurre que Silvia Suppo, de 51 años, no era una simple comerciante del centro de Rafaela, sino que en su calidad de ex integrante de la JP y presa política durante la última dictadura militar, era una de las testigos postuladas para la segunda parte de la causa Brusa y había declarado en el caso Hattemer.
El recurso de la querella contó con la adhesión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a través de su apoderada, María Virginia Blando Figueroa.
El Defensor Público Oficial, Osvaldo Gandolfo por Mendoza y Rodríguez expresó que “la resolución se ajusta a derecho” y que tal como estableció el juez Rodríguez, “no existen pruebas con relación a estos imputados que ameriten continuar con la instrucción”.
No obstante ello la Cámara en pleno decidió revocar la decisión de primera instancia y realizar algunas sugerencias al magistrado para cuando retome la instrucción.
Video perdido
La desaparición de un video de las cámaras de seguridad de la terminal de colectivos en el que se almacenaban imágenes del horario posterior al crimen le valieron las críticas para la Policía del departamento Castellanos.
“De los testimonios analizados no queda claro qué habría sucedido en realidad” dijo el tribunal respecto del material fílmico. Y agrego: Esto “demuestra también que en este punto la investigación no se halla agotada”.
Por eso recomendaron al magistrado de primera instancia “la posibilidad de reevaluar la petición formulada por la querella”, y “dar intervención al Programa Verdad y Justicia del Ministerio de Derechos Humanos de la Nación y a la Policía de Seguridad Aeroportuaria”, para “verificar la posibilidad de que la muerte de Silvia Suppo haya tenido por fin obstaculizar las causas en que se investiga la comisión de crímenes de lesa humanidad”.
Causa a juicio.
La Cámara Federal de Rosario le pidió al juez Reinaldo Rodríguez que agote la instrucción y eleve la causa a juicio en lo que respecta a los imputados Sosa y Cóceres. Ante la “situación procesal consolidada” se pretende que “los mismos puedan ser juzgados en un plazo razonable”, máxime si se tiene en cuenta que el 22 de mayo se dispuso “la prórroga de la prisión preventiva”.
/// EL DATO
El remisero.
“Otra medida de prueba que se sugiere al magistrado sería tratar de identificar al remisero que, según el relato de los presuntos autores materiales, el día del homicidio en el momento en que escapaban los trasladó hasta la entrada del barrio Cáritas donde los dejó cerca de un campo”, dice el apartado 9º, en los considerandos de la Cámara Federal. El pedido tiene por fin “recibirle declaración testimonial y evaluar la posibilidad de que ese viaje lo hayan compartido con alguna otra persona que pudiera estar involucrada en los hechos o por lo menos pudiera tener conocimiento de ellos”.
/// la clave
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