Prometen dejar sin efecto los telegramas

La movilización fue masiva, ruidosa, y con representantes de delegaciones de la Uocra de toda la provincia. Foto: Flavio Raina

 

Los gremialistas fueron recibidos por el ministro de Obras Públicas, Julio Schneider. Se llevaron la promesa de que los 150 obreros del Cemafe volverán a su trabajo. Pero advirtieron que la situación del sector sigue siendo grave.

De la redacción de El Litoral

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Con una ruidosa y masiva movilización, el gremio de la construcción protestó esta mañana frente a la Casa de Gobierno para repudiar los despidos que se vienen dando en el ámbito de diferentes obras públicas iniciadas en el territorio. El detonante del conflicto fue la llegada de 150 telegramas de despidos ayer a obreros que trabajan en el Cemafe (Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias), una de las obras emblemáticas de la gestión socialista en esta capital. La empresa adujo la falta de pago de los certificados de obra de parte del gobierno.

Esta mañana, la Uocra (Unión Obreros de la Construcción) arrancó con una concentración en avenida 27 de Febrero y Mendoza -donde se erige la obra-, y se desplazaron por la peatonal San Martín hasta llegar a la Plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. Allí, mientras afuera se hacían detonar innumerables bombas de estruendo y se agitaban los cascos amarillos, en el interior de la sede gubernamental, el ministro de Obras Públicas, Julio Schneider, aceptaba recibir a los dirigentes sindicales.

La reunión

El encuentro se extendió por más de una hora. Al término de la conversación, el representante sindical Manuel Araya, contaba a los medios de prensa las conclusiones del cónclave.

“La reunión no fue ni positiva ni negativa. Esto es algo que ya nos supera a todos. Lo que se ha logrado es que los 150 despidos se tiren para atrás pero no sabemos hasta cuándo. El ministro se comprometió a juntarse con nosotros y con la Cámara de la Construcción en los próximos quince días, pero no le vemos buen paño a esto. Lo que avizoramos es que la situación se va a poner fea, muy fea”, afirmó.

Pese a que el gobierno aseguró que los telegramas enviados fueron sólo veinte, el gremio ratificó que los despidos fueron 150, y aclararon que más allá de la palabra del ministro, no lograron comunicarse con la empresa para confirmar que todo volvía a foja cero.

“Estamos llamando a la empresa para ver si eso es cierto, pero nadie nos contesta -advirtió-. El ministro asegura que esos telegramas ya no tienen efecto y que los obreros ya podían ir a trabajar, pero esta es una problemática de todas las empresas, es decir, que esto va para largo y se va a complicar. Lo vemos día a día; estamos advirtiendo esto hace mucho tiempo”, aseguró.

Según estimaron desde el sindicato, en lo que va del año, se produjeron en Santa Fe más de 600 despidos en el sector.

“Este gobierno no entiende la problemática. Hoy nos iremos porque podemos solucionar la situación de 150 trabajadores, pero estamos seguros de que las empresas van a empezar a tomar este tipo de medidas cada vez más seguido”, planteó..

En Rosario

Por su parte, la empresa Caputo SA, contratista de Ciudad Rivera, ubicada en Puerto Norte, Rosario, suspendió hoy a la mañana a 260 trabajadores que se desempeñan en la obra en la que se construyen siete edificios en la costa del Paraná.

La firma que fue contratada por el comitente Ingeconser para llevar adelante la obra por un valor de 5.492.000 pesos alega problemas de pago, según señaló a El Litoral, Sixto Irrazábal, delegado de la Uocra. El sindicalista dijo que en el Ministerio de Trabajo la desarrolladora Ingeconser comunicó que se va a hacer cargo de la quincena adeudada a los operarios por parte de Caputo.

No es la primera vez que estalla un conflicto en Puerto Norte de esta naturaleza. En enero pasado la firma IGM desapareció del mapa y dejó sin trabajo en Rosario a más de 350 operarios de obras importantes de la ciudad como Forum Puerto Norte, Maui y Torreón del Río. La empresa no sólo se esfumó de Rosario, sino también de Timbúes, donde trabajaba para la planta de Dreyfus, y del barrio porteño de Caballito, donde participaba de la construcción de una torre en Mendes de Andes 655. Esta joven empresa de Olavarría, provincia de Buenos Aires, también trabajaba para otras firmas como Loma Negra, Dycasa y Pescarmona, entre otros.

Irrazábal se mostró preocupado por la “paralización” de las obras públicas en Rosario. “En el hospital regional de la zona sur sólo hay 25 obreros, que hacen de serenos. En la escuela que se está construyendo en el predio hay sólo tres trabajadores”, afirmó el sindicalista, quien explicó que la misma situación se repite en otras obras, como la cárcel de Pérez.

Cautela y advertencias

Desde la delegación Rosario de la Cámara de la Construcción, su vicepresidente Franco Gagliardo se mostró cauto frente a la propuesta del gobierno de pagar a los contratistas con cheques de pago diferido. “No podemos salir a rechazarlo desde la Cámara porque hay empresas que lo necesitan y entonces estaríamos manifestándonos en contra de sus intereses. Pero igual creemos que van a tener un perjuicio económico. Hay muchas que necesitan de capital para pagar los gastos corrientes y por eso estamos liberando a que cada empresa haga lo que pueda. Igual creemos que debería haber algún tipo de reconocimiento de los intereses y sería muy importante que se reconozca el total de la deuda por determinaciones de precios que hoy no se están considerando”, afirmó Gagliardo.

El constructor introdujo otro ítem al debate: qué va a pasar con la obra que actualmente está en ejecución. Es que el anuncio oficial es la cancelación de deuda contraída desde noviembre de 2011 hasta marzo de este año, en tanto que nada se sabe aun de lo que sucederá con los trabajos que, a cuentagotas, se están llevando adelante desde abril. “Con los pagos de certificados de abril en adelante todavía no hay definiciones, las empresas no saben cuándo van a cobrar lo que han invertido en junio. Esa sensación de incertidumbre provoca que se genere la paralización casi total de la obra pública”, manifestó.

13

millones

de pesos es la deuda que, según la Uocra, mantiene el gobierno provincial con la firma Dycasa.