EDITORIAL

Niveles récord de presión tributaria

Hugo Moyano enarboló el reclamo por la suba del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias para convocar a una huelga general y a una manifestación en Plaza de Mayo. Pero 24 horas antes, la presidente Cristina Fernández salió al cruce del sindicalista y aseguró que apenas el 19% de los asalariados registrados en la Argentina tributan este impuesto.

 

Si se tiene en cuenta que, de la masa total de trabajadores del país, el 65% se encuentra registrado y el 35% restante está “en negro”, se deduce entonces que apenas doce de cada cien asalariados se ven afectados por el Impuesto a las Ganancias.

Desde esta perspectiva, la presidente dice la verdad cuando señala que se trata de un tributo que alcanza a un segmento minoritario de la población. Sin embargo, Cristina Fernández brinda una visión absolutamente parcial de una realidad que es mucho más compleja.

En este sentido, habrá que recordar que el mínimo no imponible de Ganancias no se actualizó durante los últimos años al mismo ritmo de una inflación que se mantiene en niveles elevados desde 2006. Por ese motivo, el concepto original de este tributo se fue desvirtuando con el paso del tiempo pues, originalmente, apuntaba a empleados que recibían sueldos considerados altos, mientras que un asalariado casado y con dos hijos lo hace a partir de los 7.998 pesos. En ninguno de estos casos puede considerarse que se trate de sueldos exorbitantes, sino que representan ingresos que apenas alcanzan para mantener a una familia tipo.

Existen otros elementos que Cristina Fernández no tuvo en cuenta al hablar del Impuesto a las Ganancias. Según datos oficiales y de acuerdo con estudios privados, los argentinos soportan en estos momentos la más pesada carga tributaria de la historia del país.

Desde mediados de los noventa, los controles para evitar la evasión se hicieron más efectivos. Sin embargo, gran parte de la economía se sigue moviendo dentro de la informalidad, lo que provoca un crecimiento inevitable de la presión tributaria sobre los sectores que trabajan dentro del marco de la ley y cumplen con todos sus aportes al fisco.

Además, desde la crisis de 2000 aparecieron impuestos que en su momento fueron presentados como “extraordinarios”, pero la realidad los convirtió en habituales.

Un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) que acaba de publicar el diario La Nación, estima que por cada empleado que cobra 6.045 pesos de bolsillo, el Estado embolsa cerca de 3.000 pesos entre aportes del asalariado y del empleador.

Pero, además, ese empleado deberá pagar luego el IVA por cada producto que consume, Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario, tasas municipales y Patente, si tiene un vehículo motorizado.

Según el Iaraf, si se suman todos estos aportes, se llega a la conclusión de que el Estado se lleva el 46% de los ingresos de un asalariado registrado.