Futuro incierto y complicado

Se profundiza el conflicto por

la obra pública en la provincia

Se profundiza el conflicto por  la obra pública en la provincia

El nuevo Hospital Iturraspe, virtualmente paralizado, es una de las obras emblemáticas que encara el gobierno de la provincia en esta ciudad. Foto: Amancio Alem

Las empresas dicen que no podrán pagar los aguinaldos. La Uocra debatirá el lunes los pasos a seguir y advierten que podrían tomar medidas de fuerza. Las autoridades de la Cámara de la Construcción reclaman ser recibidas por el gobernador para negociar el pago de los certificados adeudados.

 

De la redacción de El Litoral

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Nuevo capítulo en la conflictiva relación que vienen manteniendo el gobierno, las empresas contratistas del Estado y la Uocra. Ayer, las autoridades de la Cámara de Construcción delegación Santa Fe se reunieron con dirigentes del gremio para transmitirle la mala noticia de que la mayoría de las empresas asociadas a la institución y que dependen de la obra pública, no podrían pagar los aguinaldos en tiempo y forma, es decir, la próxima semana. Como reacción inmediata, el sindicato notificó al Ministerio de Trabajo la situación planteada, y anunció que el lunes en reunión de delegados, analizarán los pasos a seguir.

“Nos reunimos ayer con los representantes gremiales para manifestarles nuestra preocupación, dado que la mayoría de empresas socias de la Cámara que trabajan en obras públicas, probablemente no van a poder pagar los aguinaldos debido a los incumplimientos de la provincia con el pago de los certificados de obra”, dijo a El Litoral el presidente de la Cámara, Adrián Dip. “La propuesta -señaló el empresario- es que el sueldo anual complementario en vez de pagarlo la semana próxima, se cancele hacia fines de julio”.

Respuesta gremial

Desde la Uocra, Emanuel Araya confesó a El Litoral su sorpresa por la situación planteada desde la Cámara. “Jamás esperábamos una cosa así”, dijo el dirigente. Según comentó, además de notificar que no podrían pagar los aguinaldos, los empresarios aseguraron que tampoco podrán pagar los aumentos acordados a nivel nacional por el gremio, y que rondan el 24 por ciento.

“Nosotros sabemos que los empleadores son los empresarios, pero el principal responsable de esto es el gobierno, que no paga como corresponde. Ellos (los funcionarios) se tienen que hacer responsables”, insistió.

Sobre la propuesta de la Cámara -pagar los aguinaldos a fines de julio-, Araya aclaró que rechazarán rotundamente el planteo. “Eso no lo vamos a aceptar”, adelantó. Y advirtió que si no hay un cambio de actitud sobre todo del gobierno para cancelar sus deudas, la situación que se avizora es de conflicto.

“El próximo lunes a las 10 nos reuniremos los delegados sindicales y evaluaremos las medidas a tomar, pero seguro que marcharemos hacia un plan de lucha y medidas de fuerza, porque también sabemos que la situación de muchas empresas es casi terminal”, explicó.

Insostenible

Por su parte, Dip volvió a decir que no aceptarán la propuesta del gobierno de cancelar sus deudas con cheques de pago diferido.

“Hicimos una contraoferta a las autoridades, pero ellos no aceptan. Les estamos diciendo que hay un artículo dentro de la ley de Obra Pública que permite pagar daños y perjuicios ocasionados por la administración a los contratistas. Pero el gobierno no acepta. Lo que queremos es que se nos reconozcan intereses reales (por la mora), y no como lo estipula la ley de Obras Públicas, que es obsoleta”, comentó.

Sobre el futuro, insistió en que será “complicado”, a menos que surja otra actitud desde el Poder Ejecutivo. “El lunes próximo -advirtió-, iremos a la Casa de Gobierno sin audiencia para que nos atienda el gobernador. Queremos definir esto desde el punto de vista político, porque evidentemente, desde el punto de vista técnico, no nos vamos a poner de acuerdo”. A su criterio, los próximos capítulos de esta historia tendrán componentes más gravosos: “Avizoramos despidos, y hasta la quiebra de algunas de las empresas. La situación es insostenible; ésa es la realidad”, concluyó.


Reunión con Dycasa

Finalmente ayer, el ministro de Obras Públicas, Julio Schneider, recibió a los representantes de la empresa Dycasa, que tiene a su cargo la construcción del Cemafé y la conversión de la Ruta 19 en autovía. También participaron de la conversación los secretarios de Obras Públicas, Norberto Tarragó, y de Finanzas, Gonzalo Saglione, y el director provincial de Vialidad, Juan José Bertero.

Tras el encuentro, Schneider aseguró que “la voluntad del gobierno es continuar con las obras en marcha y, especialmente, con las de carácter emblemático para la provincia”. El funcionario aseguró que le comunicaron a la empresa un plan de pago para garantizar la continuidad de los trabajos.

El director de Dycasa, Roberto Flores, sostuvo que “estamos buscando un punto de encuentro para poder continuar con las obras y acompañar las dificultades financieras por las que atraviesa la provincia”. Los directivos de la empresa, además, realizaron observaciones técnicas para avanzar con la obra.

Durante las próximas semanas, el gobierno y la empresa Dycasa mantendrán nuevas reuniones con el objeto de arribar a una solución definitiva.

5.000

obreros

son los que dependen de la obra pública en Santa Fe, según la Uocra, y que estarían afectados por las demoras en el pago de aguinaldos.