Editorial
Federalismo sólo en la letra
La forma federal de Estado que consagra el Art. 1º de la Constitución Nacional, está en su cota más baja desde que se iniciara la Organización Nacional con la aprobación de la Carta Magna de 1853.
Desde 2003 y en forma progresiva, la situación de emergencia nacional aprobada por el Congreso y renovada año tras año, ha permitido al gobierno central concentrar poder fiscal y político a escala nunca vista. La sanción de sucesivos tributos de excepción que son capturados en su totalidad o en la mayor proporción por el Estado nacional, sumado a la transferencia a las provincias -desde los 90- de servicios esenciales históricamente prestados por la Nación (por ejemplo, educativos y de salud), produce graves desequilibrios en el funcionamiento del sistema federal.
Basta, en estos días, observar las penurias financieras que soportan las provincias, ahogadas por el doble efecto de la caída de ingresos propios -tomados a valores constantes- y la disminución relativa de las transferencias automáticas y discrecionales por parte del gobierno central.
Las consecuencias están a la vista: la mayoría de las provincias enfrentan dificultades de distinto grado para atender en tiempo y forma sus compromisos salariales y contractuales. Y lo que es más grave, el principal impacto lo soportan las provincias que mayor cantidad de recursos transfieren al gobierno nacional. Así, la más afectada, es la provincia de Buenos Aires que recibe de regreso tan sólo 1 peso por cada 8 pesos de recaudación nacional que se originan en su territorio.
El problema radica en que la referida provincia aporta cerca del 40 por ciento de la recaudación total de la Nación, pero recibe por coparticipación automática un porcentaje inferior al resto de las otras provincias. En su momento, este desequilibrio era compensado en parte por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense, del que una porción se destinaba a la provincia de Santa Fe para atender necesidades de las ciudades capital y de Rosario. Pero ocurre que esas partidas, que en origen eran significativas, han quedado “clavadas” en sus valores históricos y, por lo tanto, han sido severamente erosionadas por la progresión inflacionaria.
Privadas de tributos que van a las arcas de la Nación y de compensaciones orientadas a la mitigación de los problemas sociales propios de los grandes aglomerados urbanos, las principales provincias sufren la desaceleración de la economía general que afecta tanto a la recaudación propia como a la que proviene de la Nación por vía coparticipable.
A este cuadro objetivo hay que añadir el torniquete financiero que emplea el gobierno central respecto de provincias como las de Buenos Aires y Córdoba, cuyos gobernadores han manifestado aspiraciones presidenciales. Y otro tanto le ocurre a Santa Fe, aunque en este caso por tener una administración “opositora”. Lo cierto es que, por una razón u otra, las provincias experimentan una agobiante dependencia del poder central.
