Tras la acusación uruguaya por coimas
Argentina suspendió el dragado en
el canal binacional Martín García
La Casa Rosada quiere que los orientales “despejen sus dudas”. Los vecinos no sólo sospechan coimas argentinas para favorecer a una empresa, sino que se quejan por demoras que afectan el acceso a sus puertos.
De la redacción de El Litoral
Télam
La Cancillería argentina resolvió suspender nuevas actuaciones relativas al dragado del Canal binacional Martín García, hasta tanto el gobierno uruguayo se sienta totalmente satisfecho de haber aclarado sus dudas “sobre la regularidad de los procedimientos” del contrato para ese tramo de la hidrovía y su conexión al mar.
El Tribunal de Cuentas de la República Oriental del Uruguay observó “irregularidades” en la prórroga del contrato con la empresa Riovia (subsidiaria de la holandesa Boskalis), por lo que el ministerio de Relaciones Exteriores decidió paralizar los trabajos.
El Palacio San Martín dijo en un comunicado que “el Tribunal de Cuentas (uruguayo) contradice en su trabajo lo expresado por el canciller Luis Almagro el 12 de junio en la Honorable Cámara de Senadores del Uruguay”, respecto al proceso licitatorio para el dragado del canal.
En aquella oportunidad, Almagro afirmó: “Quiero decir que, tal como ha señalado el señor embajador Bustillo, no hay en ellas nada para denunciar ni que involucre actuación delictiva -ni siquiera en grado de tentativa- por parte de los funcionarios argentinos”.
El Canal Martín García es un emprendimiento a cargo de la Comisión Administradora del Río de la Plata, que es un organismo binacional cuyas acciones siempre se decidieron de común acuerdo, se informó desde Cancillería.
En la misma línea se señaló que “ante la situación de duda planteada por uno de los socios, basadas según los auditores uruguayos en ‘información reservada’ (amparada en normas orientales)” la Argentina dispuso la paralización para “permitir que el Uruguay disponga de toda la libertad y apoyo necesarios por parte del gobierno argentino para resolver esas dudas antes de tomar nuevas decisiones que puedan ser sospechadas, como las señaladas en el informe de auditoría”.
Cristina Fernández de Kirchner y José Mujica firmaron en junio de 2010, en la estancia Anchorena de Colonia del Sacramento, Uruguay, un acuerdo para “avanzar decididamente” para la profundización del Canal Martín García a 34 pies al 0 de marea. Los orientales se quejan por la falta de cumplimiento de ese compromiso.
El embajador itinerante uruguayo, Julio Baráibar, denunció un intento de coima de operadores argentinos al ex embajador en Buenos Aires Francisco Bustillo. Baráibar, hombre de confianza del presidente José Mujica, argumentó que el supuesto ofrecimiento de soborno fue hecho para lograr la continuidad en el dragado de la empresa Riovia.
Disputas
El canal Martín García tiene una longitud de 50,37 km y un ancho promedio de 100 m; en 2011 fue utilizado por 3.383 buques, 60% con carga cerealera y 22% por tanques. Para los uruguayos, es la vía de acceso a su litoral fluvial, pero la Argentina puede usar tanto esa vía como el canal Emilio Mitre, que se desprende del acceso al puerto de Buenos Aires y habilita el acceso al Paraná. Este último es más profundo y sólo lo maneja la Argentina; con menos calado, en el canal binacional dispara los recelos diplomáticos uruguayos por la pérdida de competitividad relativa.
/// LA CLAVE
Cuestionamiento
El ex canciller uruguayo y actual senador del Partido Nacional, Sergio Abreu, criticó al gobierno argentino por haber suspendido su participación en el dragado del canal binacional Martín García, al considerar que “aprovechó” el conflicto por el presunto intento de soborno para no afrontar los “compromisos” que asumió en el acuerdo firmado por los presidentes de ambos países. El legislador reclamó la continuidad de los trabajos mientras se gestionan “eventuales conflictos judiciales” que puedan surgir en el caso.
/// EL DATO
Moreno es eficiente en su gestión privada
El secretario de Comercio de la Nación incrementó un 92 % su patrimonio entre 2010 y 2011, según la declaración jurada que presentó en la Oficina Anticorrupción. Pasó de $512.247 a $981.073 gracias a operaciones inmobiliarias y con títulos públicos. Cuando ingresó a la gestión pública su patrimonio sumaba $33 mil, según revela hoy Clarín.
Si bien no declara casa propia y dice tener un auto del ‘97, obtiene recursos de una distribuidora ferretera que sin embargo no reconoce entre sus activos. Ganó por esa vía $245.570, en tanto que los títulos públicos le reportaron un beneficio de $387.358.
Como funcionario ganó el año pasado $309.113, un 36% más que el año anterior, e invirtió $740.405 en el fideicomiso Donato Álvarez 994.
El funcionario no cumplía inicialmente con su obligación de consignar propiedades; solía omitir una consultora registrada a su nombre y el de Marta Cascales, su pareja. Además, heredó una casa en La Boca, que tampoco declaraba.
Juan Pablo Moreno, hijo del secretario, creó en 2009 M&F Asesores; sus clientes en su mayoría son proveedores del Estado. En 2009, Cascales “olvidó” declarar 400 mil pesos entre los activos del funcionario.
Cristina y Mujica el 2 de junio de 2010, en la estancia presidencial de Anchorena (Colonia), cuando firmaron el acuerdo del dragado en el canal binacional. Ahora, los uruguayos denuncian coimas de funcionarios argentinos.
Foto: Archivo El Litoral
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