Julio De Vido recorta subsidios a empresas eléctricas de Buenos Aires

No afecta a la EPE el ajuste “K”

Un recurso de amparo impide -por ahora- que la medida nacional provoque un aumento en las facturas santafesinas

De la redacción de El Litoral

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Desde Caracas, mediante un comunicado de prensa, el ministro de Infraestructura Julio De Vido recordó que rige una disposición nacional para las provincias que autoricen aumentos a las empresas que distribuyen en sus jurisdicciones la energía eléctrica: se reduce el subsidio nacional en la misma proporción que se sube la tarifa.

La amonestación del gobierno nacional, merced a un recurso de amparo, no impactará en la EPE, aunque la Empresa Provincial de la Energía aumentó el 13% en diciembre de 2011 y 8% en marzo último.

El anuncio del funcionario nacional (formulado ayer por la tarde) tiene un destinatario directo y otros indirectos. Hace 48 horas la administración del gobernador Daniel Scioli autorizó a las empresas eléctricas subir 28% sus tarifas. Se trata de Edea, Eden, Edes y Edelap que actúan en el territorio bonaerense.

De modo indirecto, la advertencia del ministro también vale para otra provincia: Salta, cuyo gobernador, el kirchnerista Juan Manuel Urtubey no ha hecho más que hacer cumplir una resolución del ente regulador del servicio -y una audiencia pública con los consumidores- que reconoció la necesidad de subir las boletas de la luz un 14,5%.

Por otra parte, en términos políticos e informativos, existe otro destinatario indirecto de las declaraciones del ministro De Vido: el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. Esta mañana, los porteños desayunaron con imágenes del Obelisco (y otros espacios públicos) en penumbras, por falta de pago.

No impacta en Santa Fe

Para la EPE -que a principios de año pasó por una fuerte pulseada con la Secretaría de Energía de la Nación- hoy el rebote del anuncio del ministro K constituye una “no-noticia”, según bromeó esta mañana un vocero de la compañía estatal santafesina, en diálogo con El Litoral.

Es que será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que finalmente defina si puede o no el gobierno nacional discriminar a una Provincia por aplicar sus propias políticas públicas en materia de tarifas.

Santa Fe sostiene que hay una arbitrariedad que excede las facultades del Poder Ejecutivo Nacional al establecer que el subsidio nacional a la energía eléctrica se aplique sólo a algunas provincias, y a otras no. O lo que es lo mismo, beneficie a unos ciudadanos, en perjuicio de otros.

La fuente consultada recordó que a fines de febrero, en segunda instancia, la EPE logró un recurso de amparo que -si bien no se expide sobre el fondo de la cuestión, logra que la Nación se abstenga de multarla con unos 40 millones de pesos.

Está pendiente la cuestión de fondo

La cautelar que dejó sin efecto en Santa Fe la “multa K”, fue producto de una votación dividida, de la Sala B de la Cámara Federal de Rosario. En primera instancia, el juez federal Nº1 de Santa Fe, Reynaldo Rodríguez, denegó el pedido de la provincia.

El tribunal de apelación se pronunció en favor del amparo impulsado por la EPE para frenar los efectos de la resolución 216/11 de la Secretaría de Energía de la Nación, que quita los subsidios al precio mayorista de la energía eléctrica a las empresas distribuidoras que -como la de Santa Fe- aplican aumentos con posterioridad a su dictado.

La Justicia federal aún no se ha expedido sobre la cuestión de fondo, que puede resumirse con una pregunta: ¿puede el gobierno nacional subsidiar la energía eléctrica mayorista a algunos usuarios del país y no a otros, según la empresa distribuidora que los provea?

Fue la EPE la primera en enfrentar la orden del gobierno nacional de no tocar tarifas. Le siguió Córdoba y luego Río Negro. Ahora, la provincia de Buenos Aires y Salta se suman a la lista de las que desoyeron a De Vido.

Los jueces Edgardo Bello y José Guillermo Toledo hicieron lugar a la cautelar en el marco de “un complejo planteo jurídico, donde se encuentra en juego la prestación de un servicio público básico”. En disidencia, la doctora Vidal entendió que antes del dictado de la cautelar es procedente que pueda expresarse sobre la cuestión el Estado Nacional, ya que -como el juez de primera instancia rechazó el planteo de la EPE- aún no ha argumentado.