EDITORIAL

Afrentas a la población

La decisión de la provincia de Córdoba de acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para reclamar por la deuda del gobierno central en materia previsional, configura una nueva instancia en la escalada institucional provocada por el manejo político de los fondos públicos, que alcanza no sólo a los que están sujetos a libre disponibilidad del Ejecutivo, sino también a los que se hallan afectados por obligaciones formalmente asumidas y legalmente exigibles.

En este caso, se trata de uno de los convenios de armonización de los regímenes jubilatorios suscriptos por la Nación, cuyos pagos previstos fueron suspendidos en 2010 y acumulan a la fecha una suma superior a los 1.000 millones de pesos. Es una situación equiparable a la que atraviesa Santa Fe, que dejó de recibir en 2007 los montos estipulados a cambio de no haber transferido su Caja de Jubilaciones, lo que generó una acreencia de 1.300 millones de pesos, que el gobierno provincial decidió no judicializar por el momento.

En rigor, nuestra provincia tiene a fallo de la Corte una demanda anterior, por un concepto estrechamente conexo: el de la detracción de un 15 % de coparticipación para financiar el sistema previsional, el mismo que actualmente cuenta con superávit para financiar otros emprendimientos y políticas del gobierno nacional, que rige a través de un convenio cuya renovación no fue suscripta por Santa Fe, y que ni siquiera tiene como correlato el cumplimiento de la obligación nacional de enjugar el déficit de la Caja local.

El pronunciamiento de la Corte se está haciendo esperar y, además de un previsible dictamen del procurador en contra del reclamo santafesino, mereció un inadmisible comentario del juez Eugenio Zaffaroni en el sentido de que el tema debe ser resuelto por la vía política. Más allá de la improcedencia de este desentendimiento de la función propia del Tribunal -precisamente en el momento en que se espera que cumpla con su función constitucional de preservar la legalidad y el esquema federal frente al arbitrio del poder central-, lo cierto es que las soluciones de ese tenor no parecen viables en el actual contexto, excepto para aquellos que se sometan disciplinadamente al verticalismo kirchnerista, y su ofensivo mecanismo de premios y castigos.

En este cuadro también resulta insostenible que el presupuesto nacional prevea menos de 50 millones de pesos para la Caja santafesina, cuando el cálculo oficial indica que este año se sumarán 400 millones a la deuda ya acumulada. Este es un dato elocuente de la situación descripta y particularmente preocupante en un momento de estrechez económica, que parece haber escapado por completo a los representantes de Santa Fe en el Congreso alineados con el gobierno nacional; que prefieren dedicar su atención y esfuerzos a cuestionar la manera en que la provincia administra e intenta procurarse recursos, en lugar de bregar para que reciba en tiempo y forma los que por derecho -y en beneficio de su pueblo- le corresponden.