Editorial

El petróleo, cada vez más negro

En su momento el gobierno presentó a su política petrolera como un operativo orientado a afirmar la soberanía nacional. Una abundante publicidad orquestada a través de consignas livianas y lugares comunes, creó internamente una sensación de que en este tema se iniciaban tiempos nuevos. Pocas semanas después, los hechos demostraron que la política petrolera del gobierno nacional sólo ha sido capaz de generar de detonar disidencias.

Luego de emitido el decreto 1277 que habilita la intervención del Estado nacional en un tema que por disposición constitucional pertenecía a las provincias, no se han registrado inversiones en dinero o tecnología, entre otras cosas porque los potenciales inversores no están dispuestos a correr riesgos con un gobierno que revalida sin solución de continuidad su condición de imprevisible.

A la ausencia de inversiones hay que sumarle la disconformidad de los gobernadores de las provincias petroleras, quienes se sienten despojados de recursos propios; las criticas de los dirigentes sindicales que estiman que la actual política petrolera es perjudicial para los trabajadores y el mal humor de Miguel Galluccio quien, según trascendidos confiables, estuvo a punto de renunciar a su flamante cargo de presidente de la compañía al enterarse de que su gestión estaría controlada por los militantes de “La Cámpora” liderados por el señor Kicillof.

Con buenos argumentos, los gobernadores consideran que las decisiones del gobierno nacional en la materia atentan contra el federalismo. Los mandatarios provinciales se sienten víctimas de una suerte de encerrona, ya que si acatan la política nacional pierden recursos que hoy son indispensables para pagar salarios y financiar obras públicas, mientras que si la rechazan corren el riesgo cierto de despertar las iras de un gobierno que no vacilará en sancionarlos con la reducción de recursos o algo semejante.

La política petrolera ha despertado los recelos de los sindicatos en las provincias de Neuquén, Río Negro y La Pampa, aunque esa disidencia se contrapone con la movilización de grupos de incondicionales liderados por la CTA oficialista. En este sector los comportamientos tampoco obedecen a pautas lineales o clásicas. Por tradición ideológica, los sindicalistas defienden la estatización de los recursos petroleros, pero tal como se presentan hoy los hechos algunos de sus dirigentes han dejado trascender que el interés genuino de los trabajadores está mas protegido mediante la negociación con empresas multinacionales que dependiendo de los humores políticos de un oficialismo cada vez más condicionado por la práctica militante de sus huestes juveniles.

Galluccio padece en carne propia aquello que más de un colega y amigo le advirtió. En el momento en que estaba convenciendo a inversores de que la política energética se desenvolvería con criterios profesionales y modernos, el gobierno le recordó, a través del lenguaje contundente del poder, que las decisiones de fondo se toman en otro lado.