EDITORIAL

Falta de recursos y papel legislativo

La Legislatura santafesina demora la definición de la propuesta del Poder Ejecutivo para modificar el sistema tributario y por estas horas es incierto el destino que tendrá la iniciativa orientada a equilibrar las cuentas del Estado provincial y en caso de aprobarse servirá apenas para el cuarto y último trimestre del año.

El mensaje del Poder Ejecutivo lleva más de cien días en la Legislatura, cuyas cámaras -desde diciembre último- están en manos del Partido Justicialista que tiene cómodas mayorías. En tanto, en ese mismo lapso han logrado avances legislativos varios proyectos de ley que tendrán su impacto en el Presupuesto sin tener en cuenta recursos específicos. Se podrían mencionar, entre otros, los proyectos para otorgar pensiones a Madres de Plaza de Mayo o a ex presos políticos durante la pasada dictadura militar, así como programas a crear en distintos ministerios para determinadas problemáticas que afectan a la provincia; pedidos de innumerables obras públicas -especialmente rutas-; de aumentos de partidas para programas sociales y de personal para los rubros seguridad y educación.

En todos los casos pueden ser iniciativas loables pero sin duda implican más erogaciones para un Estado que no puede hacer frente a compromisos asumidos oportunamente. Y uno de los ejemplos más notorios es la lentificación de la obra pública utilizada como variable de ajuste presupuestaria con los consiguientes perjuicios para contratistas, trabajadores de la construcción y pobladores de distintas zonas geográficas afectados por la morosidad.

Por otra parte, el gobierno santafesino se encuentra ante un Estado nacional que transfiere los estrictos recursos coparticipables y demora no solo el pago de compromisos previsionales, de vivienda e incluso para la atención de presos federales en cárceles de la provincia, sino que también difiere la aprobación final de créditos internacionales otorgados al Estado santafesino, que históricamente se ha caracterizado por su efectivo cumplimiento. Ejemplos de estas demoras son los casos del Prosap para la cuenca cañera u obras de cloacas para grandes centros urbanos de la provincia. A esto deben añadirse iniciativas legislativas para quitarle fondos al Estado provincial y a los municipios de Santa Fe y Rosario con el propósito de distribuirlos entre el resto de las localidades como es la propuesta de nueva distribución del fondo soja.

El control de poderes y el permanente diálogo interpoderes constituyen sanos principios republicanos. No se le piden a la Legislatura tratamientos exprés, como ocurre en el Congreso nacional; pero ya parece el tiempo indicado para adoptar una definición respecto de cuántos recursos más contará el poder administrador para cumplir con sus obligaciones.

Mientras tanto, seguir sumándole erogaciones al Estado y tener una actividad parlamentaria dispendiosa no parecen actitudes responsables ante la sociedad que espera señales claras de su dirigencia.