EDITORIAL

Mayor seguridad en el transporte público

Por distintos motivos, el 13 de agosto pasado fue un día tenso en la ciudad de Santa Fe. Entre otras cosas, porque durante cinco horas un remisero de la Cooperativa El Sol Sale Para Todos permaneció en los más alto del Puente Colgante, protagonizando un reclamo dirigido a las autoridades municipales.

La protesta se produjo por la negativa del municipio de permitir la circulación de los móviles de esta cooperativa que viene trabajando en la ciudad de manera irregular y sin las autorizaciones pertinentes.

Diez días después de aquella agitada jornada, comenzaron a plasmarse algunas medidas que reflejan cuál es la decisión política del gobierno de la ciudad frente a este conflicto.

Desde el Concejo Municipal se aprobó la incorporación de 110 nuevas licencias de taxis, de los cuales diez deberán estar preparados adecuadamente para brindar servicios a personas discapacitadas. Además, el objetivo es generar nuevas paradas en zonas alejadas del centro.

Es decir que a pesar del reclamo de los remiseros ilegales, el municipio ratificó su decisión de no incrementar en la ciudad el número de remises autorizados a circular.

La medida se basa, fundamentalmente, en el hecho de que el sistema de remises se desvirtuó con el correr del tiempo. En estos momentos, lejos de tratarse de un servicio diferencial, de mayor calidad, funciona con similares características que los taxis.

Pero no sólo en el Concejo se produjeron señales claras sobre cuál será la estrategia para afrontar el problema. El mismo día en que se autorizó el incremento de la cantidad de licencias de taxis, se realizaron reuniones entre las máximas autoridades municipales y representantes de las empresas de remises autorizadas para circular.

En estos encuentros se avanzó en la decisión de incorporar nuevos elementos visuales e, incluso, tecnológicos, para que los usuarios puedan distinguir con mayor facilidad a los remises legales de aquellos que funcionan en la ilegalidad. Entre otras cosas, se colocarán obleas reflectivas en el parabrisas de los vehículos. Incluso, se dotará a las unidades de sistemas que permitan al cliente acceder a información sobre la persona que conduce la unidad.

De esta manera, se apunta a que sean también los usuarios quienes colaboren con la depuración del sistema. Para esto es fundamental que la gente tome consciencia de que, si viaja en móviles no autorizados, carece de cobertura legal ante eventuales accidentes y de información adecuada sobre el conductor del vehículo.

Siempre es delicado tomar decisiones sobre problemáticas cuyas raíces están fuertemente vinculadas con el factor social y con la necesidad de trabajo. Pero no se debe olvidar que el fundamento del servicio son los usuarios.

De poco sirve adoptar medidas apresuradas y demagógicas. Si esto ocurriese, el equilibrio del sistema público de transporte estaría en riesgo y, lejos de generarse nuevos empleos, se pondrían en peligro los puestos de trabajo existentes.