Mensaje a los legisladores nacionales

Narcotráfico: el Senado local pedirá

tocar el Código Penal de la Nación

Luis Rodrigo

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El Senado santafesino preparará -para el jueves próximo- un proyecto de resolución que enviará a los legisladores nacionales por Santa Fe. Se busca provocar un debate en el Congreso que produzca cambios de fondo en el Código Procesal Penal de la Nación, para hacer más duro el trato del Estado para con los narcotraficantes.

Según lo acordado en la sesión pasada, esta semana los miembros de la Cámara alta van a aprobar un proyecto de resolución que formalmente comunicará -a los 19 diputados nacionales y los 3 senadores nacionales santafesinos- el pedido de que impulsen un proyecto de ley de reforma del corpus que regula los procesos judiciales a los que se somete a los acusados de cometer algún delito.

En el mismo sentido, el texto será remitido también al Poder Ejecutivo de la Nación. Se enviará una copia de la posición del Senado santafesino a Julio Alak, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

Y del mismo modo se procederá con el Consejo de la Magistratura de la Nación, es decir, la instancia en la que se juzga el desempeño de los jueces.

Por otra parte, los representantes de los 19 departamentos decidieron citar formalmente a la cúpula de la Policía para hablar sobre la lucha de esa fuerza contra el tráfico de drogas (y seguramente preguntar por cómo realizan su tarea con los juzgados federales).

De la tarea de redactar el proyecto de resolución y el texto de reforma pretendido por los senadores se encargará el senador justicialista por 9 de Julio, Joaquín Gramajo, que preside la comisión de Constitucionales.

Un discurso, varias medidas

En la sesión del jueves último, fue un encendido discurso del senador Lisandro Enrico (UCR-General López) el que causó que -al cabo de un debate desordenado pero rico- se tomaran las decisiones antes mencionadas.

Enrico relató como un narcotraficante fue liberado en “apenas media hora” en la localidad de Maggiolo (2.800 habitantes), luego de ser sorprendido por la policía con “una parva” de drogas en su automóvil.

El legislador radical (autor del proyecto de ley que endurece condiciones para las excarcelaciones y facilita la prisión preventiva) criticó con dureza a los jueces federales del sur santafesino y desató (tal como relató El Litoral del día 24) una catarata de expresiones de sus pares en su apoyo. Dio nombres y alias de los narcotraficantes que actúan en ese departamento que tiene como ciudad cabecera a Venado Tuerto.

Quien apoyó de inmediato sus palabras fue Gramajo, que recordó las posiciones de la Cámara al debatir el proyecto de ley de Enrico (que ahora está en la Cámara de Diputados) para cambiar parte de los postulados centrales del proceso penal: con más prisión preventiva y menos excarcelaciones a la mano de los jueces.

Endurecer las normas

El senador norteño lamentó que el Poder Ejecutivo Provincial haya anticipado su rechazo a ese proyecto de ley, que no concuerda con ciertos principios del garantismo.

“Escuché con asombro al secretario de Justicia, Juan Lewis, cuando tras haber votado la Cámara como lo hizo, él dijo que se va a vetar el proyecto que aquí aprobamos, por unanimidad. Me parece que (Lewis) no pisa la realidad de la provincia”, graficó.

Reclamó al funcionario “un poco más de respeto y esperar a que la Legislatura se expida sobre este tipo de proyectos que la Provincia y los jueces necesitan para no otorgar las excarcelaciones”, y sugirió citarlo para que de explicaciones. No quedó claro en el debate si esa expresión quedará sólo en eso o si se convocará al ministro. (Al cierre de esta edición el dato no estaba claro y se esperaba una definición política, entre los jefes de los bloques).

Gramajo dijo que el país debe “tomar el toro por las astas”, que se debe reformar el Código Procesal Penal de la Nación, al que consideró “demasiado flexible” para con el tráfico de drogas.

“A ver si desde el ámbito de la ley, con el Código Procesal Penal, se pueden agilizar los trámites y detener a los narcotraficantes”, instó.

“El narcotráfico -abundó- ataca a toda a la sociedad y avanza cada vez más sin encontrar barreras ni límites. Todos los senadores provinciales, sin excepción, han manifestado (en el recinto) que están muy alarmados”.

Posición contraria al garantismo en los procesos penales. Está a tono con la media sanción reciente, que da a los jueces más facultades para dictar la prisión preventiva y negar excarcelaciones.

Promesa

“Voy a traer datos concretos de la faltas de diligencia y de rapidez, en ordenar los allanamientos y procedimientos de parte de la Justicia federal”, prometió en la última sesión el senador radical Lisandro Enrico (General López). “Vemos que luego de que la policía encuentra una persona con drogas, pide autorizaciones que los jueces federales le deniegan y así se pierde un tiempo precioso, y se desautoriza a la policía provincial. La Justicia federal no actúa con rigurosidad ante el tema narcotráfico”, dijo el legislador.

/// EL DATO

Narcotráfico: el Senado local pedirá tocar el Código Penal de la Nación

Joaquín Gramajo

Foto: Archivo El Litoral

/// breves

La obesidad como enfermedad

Senadores dio media sanción a la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 26.396, que declara de interés la prevención y control de los trastornos alimentarios en el marco de las investigaciones realizadas en torno a las causas, los diagnósticos y tratamientos.

El proyecto de Rodrigo Borla (UCR-San Justo) procura incluir tratamientos médicos, establecer la responsabilidad del Estado sobre campañas de información, prevención y control.

Define las patologías que deben ser entendidas como trastornos alimentarios y, por lo tanto, quedarán comprendidos en las coberturas médicas de las obras sociales y empresas de medicina prepaga. Se incluye la bulimia y la anorexia, patologías con alta incidencia en los adolescentes.

En debate desde 2008

¿Deben actuar los jueces provinciales ante al menos una parte de los casos de tráfico de drogas? ¿Deben sólo los jueces federales unificar el trabajo judicial en esa materia? A preguntas como esas deben responder los senadores santafesinos para volver a enfrentar el debate sobre qué camino conviene seguir para enfrentar el narcodelito.

En comisiones está un proyecto de ley que ahora impulsa Eduardo Rosconi (PJ-Caseros), que procura quitar las llamadas “causas menores” del flagelo de las drogas a los jueces federales, para pasárselas a los jueces del Poder Judicial santafesino.

El sistema de gobierno del país, y las normas que devienen del federalismo, deja algunas competencias en manos de la Justicia de la Provincia y otras en los despachos de los jueces federales.

A nivel nacional, la llamada ley de estupefacientes (Nº 26.052) establece ese traspaso de competencias que unos senadores consideran conveniente y otros no, porque se corre el riesgo de segmentar la lucha contra un fenómeno común: el negocio de las drogas es uno, desde el jefe del cartel hasta el vendedor barrial de porros.

Ayer uno de los senadores más activos en ese debate fue Hugo Rasetto (UCR-Iriondo). Manifestó que está de acuerdo con Rosconi (contra la opinión de parte del oficialismo) y con otros senadores del justicialismo que en otras oportunidades han buscado la aprobación de la ley de adhesión a la norma nacional.

Alcides Calvo (PJ-Castellanos); Cristina Berra (PJ-San Martín); José Baucero (PJ-San Javier) y Danilo Capitani (PJ-San Jerónimo), están entre quienes buscan que se apruebe la modificación parcial de competencias.

“La adhesión de la provincia de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 26.052 que permitirá desfederalizar los delitos vinculados con la venta y distribución de estupefacientes en menor cuantía, siendo competencia de la Justicia Provincial aquellas acciones delictivas donde se comercie, entregue, suministre y facilite estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumo”, dicen los fundamentos de ese proyecto de ley cuyo debate se remonta a febrero de 2008. Desde entonces ha estado (con algunos paréntesis) en las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.